Acuse de recibo
Siempre pensé que eran sagrados en puntualidad y garantía los ingresos de un ciudadano bien ganados con su esfuerzo: sea el salario o la pensión de jubilado. Pero los reportes que llegan de algunos sitios desafían toda lógica.
Juan Pompa (calle Abigail González 67, reparto San Juan, El Cristo, Bayamo) denuncia que en esa ciudad, capital de la provincia de Granma, el correo situado frente a la Plaza de la Revolución frecuentemente presenta dificultades para pagarles a los jubilados que cobran su pensión allí.
El motivo que aducen es falta de efectivo, pues solo operan con 3 000 pesos. Y cuando se pasan de esa cifra, agrega Pompa, les dicen a los beneficiarios que no les pueden pagar porque se agotaron los 3 000 pesos, que es el importe autorizado a extraer.
Pompa no puede comprender —ni este redactor ni cubano alguno— y justificar que una cuantía de dinero ya planificada y convenida por los gastos de la Seguridad Social, la cual seguramente es enviada a ese correo, no alcance.
No es la primera vez que ello sucede. No quisiera adelantarme en elucubraciones, pero en ocasiones anteriores —a raíz de denuncias similares reveladas aquí sobre dificultades con el pago a jubilados en ciertas unidades de correos— ello respondía a problemas organizativos internos de esos centros, que cubrían unos servicios con el dinero de otros, y después debían esperar a reponerlos. Una irresponsable e insensible práctica, que viola reglas y procedimientos.
Sea lo que fuere, Pompa considera que es «falta de ética y maltrato a nuestros pensionados».
Omar Ángel Cruz (Calle 47 No. 5510, Cienfuegos) es un joven profesor de Matemáticas que se rebela contra ciertas irregularidades en las fechas de pago en el sector de Educación en esa sureña ciudad.
Precisa Omar que, de acuerdo con los convenios colectivos de trabajo, los trabajadores tienen el derecho, y las administraciones el deber de fijar una fecha fija de pago de los salarios. Y lo acordado fue entre el 18 y 20 de cada mes. Pero se incumple frecuentemente algo tan sagrado. Ellos han elevado sus quejas a la Dirección Provincial de Educación, el Sindicato a ese nivel y al Gobierno territorial, con la promesa de que se va a resolver, «sin que hasta hoy, 25 de septiembre de 2010, sea realidad».
Denuncia el profesor que la Dirección Municipal de Educación se tomó la atribución de decidir que el pago no podía ser en la fecha indicada en el convenio, sin reunirse con los trabajadores. Y dispuso que sería el 25.
Pero, incluso, se ha pagado con posterioridad a esta última fecha. Sin embargo, el cierre se hace entre el 6 y el 8 de cada mes. «¿Qué hacen los funcionarios del área económica en casi 20 días para accionar?», pregunta él.
Agrega que muchas veces se ha pagado en sábados no laborables, cuando no hay nadie en los centros. Y se exige que el administrador o director saque el dinero, y se lo lleve para su casa; o en otras ocasiones se quede el fin de semana en la caja fuerte del municipio, bajo la custodia de los CVP, que no tienen armas.
Refiere Omar que ante tantas violaciones, el subdirector administrativo de Educación —el lector no precisa a qué nivel— trata de justificar diciendo que no se puede comunicar a los trabajadores la fecha del pago.
Y concluye: «El retraso en el cobro de los salarios debe verse como una seria infracción, y no como un simple desliz, por falta de personal en Contabilidad o de Recursos Humanos. ¿Cómo es posible que Cienfuegos, municipio cabecera, tenga estas dificultades conocidas abiertamente por todos, cuando otros municipios de la misma provincia han resuelto sus dificultades, y pagan entre el 18 y el 22 de cada mes?
«Como trabajador estoy en el derecho de exigir el cumplimiento de tal prerrogativa, y amparado por la Constitución de la República escribo como revolucionario para velar porque se reconozcan los convenios colectivos de trabajo, y demandar una respuesta contundente».
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