Acuse de recibo
El pasado 28 de marzo, el lector Ramón Medina denunciaba aquí desde Santa Lucía, en el municipio holguinero de Rafael Freyre, la contaminación ambiental ocasionada a los habitantes de ese poblado por la planta de asfalto Marini.
Señalaba el remitente que dicha planta estaba expulsando gran cantidad de polvo a la atmósfera, haciendo el aire irrespirable y enrareciéndolo todo.
Al respecto, responde María S. Sánchez Arévalo, directora general de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería 17 (INGECO) que al quejoso, a quien le asiste toda la razón, se le explicó lo que a continuación informa:
La planta fue adquirida en el año 2000 al grupo Fayat de Italia, por medio de la comercializadora MATCO S.A. Para su ubicación, se valoraron en aquel momento las perspectivas del turismo en la zona. Y se consideró que la cercanía al poblado de Santa Lucía no constituía un problema desde el punto de vista ambiental, teniendo en cuenta que las características de la productora la avalan como ecológica.
Apunta también que la planta no contó con asistencia técnica de posventa, ni módulo de piezas de repuesto. Y que su ubicación en un ambiente muy agresivo, por su cercanía a la costa, provocó un rápido deterioro de elementos y partes de la misma.
También influye el hecho de que la planta estuvo paralizada durante varios años, dada la disminución de los planes productivos. Y ello acentuó el deterioro de su sistema electrónico.
Esta situación, añade, ha generado fallas en todos los sistemas de trabajo de la fábrica. Particularmente, el sistema de extracción que incide directamente en las emisiones de residuos a la atmósfera, ha estado afectado por las roturas de electroválvulas y filtros de manga, los cuales deben ser cambiados periódicamente. Y esto resulta imposible, por su ausencia en el mercado nacional y la no aprobación de inversiones para su ejecución.
«No obstante, afirma, se ha contactado en varias oportunidades con el gerente comercial para América Latina de la firma suministradora. Y este ha manifestado su intención de enviar dos especialistas: uno en software y otro en electromecánica; solicitando para ello en el último año un financiamiento ascendente a 15 690 euros, el que nunca fue aprobado».
Añade que INGECO solicitó aprobación de inversiones durante los últimos años, y solo en 2010 se autorizaron 15 000 CUC por la Dirección de Viales del Ministerio de la Construcción, para la compra de piezas y agregados a través de la ECOI-5, «lo que, a pesar de las gestiones, nunca se concretó».
Agradezco las explicaciones, pero, al final, el mensaje deja ciertas inquietudes en cuanto a la capacidad de previsión: En el 2000 se pensó que la planta no constituía un impacto ambiental para los pobladores de Santa Lucía, pero la vida dice otra cosa, sobre todo porque se ubicó en un ambiente muy agresivo, cercano al mar, que ha deteriorado rápidamente elementos y partes de la misma. La fábrica tampoco contó con asistencia técnica de posventa ni módulo de piezas de repuesto. ¿Lo sabían quienes la negociaron?
Ante la falta de respuesta del socio exterior, y la solicitud de aprobación interna de inversiones durante varios años, al fin se autorizan 15 000 CUC para la compra de piezas y agregados, pero no se concretan. ¿Por qué?
¿La solución será seguir produciendo allí asfalto, a contrapelo de los impactos medioambientales, y en particular sobre los pobladores cercanos? ¿No se podrá paralizar la planta hasta que erradique sus daños a la comunidad y el entorno? ¿Qué piensan Higiene y Epidemiología, el CITMA y el Gobierno local? ¿Qué han hecho ante asunto tan delicado?
