Acuse de recibo
Antonio Carreras Bacallao, un hombre de 83 años residente en el edificio sito en calle G No.301, entre 13 y 15, en el Vedado, ansía legalizar su vivienda.
Antonio reside en ese inmueble, administrado por Edificios Altos de la Vivienda municipal (DMV), desde la construcción del mismo en 1959. Y por haber sido el encargado del edificio por más de 50 años, siempre ha residido en el apartamento del garaje, un medio básico de la DMV.
«Desde que me jubilé —señala— he tratado de legalizar este local, puesto que ha sido la política que ha seguido el Estado desde hace varios años. Pero en la Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza me han planteado que por ser de Edificios Altos, su aprobación es en la Dirección Provincial, y que aún no hay respuesta».
Refiere el anciano que al igual que él se encuentran varios encargados que tienen su misma situación, y que durante toda una vida se han dedicado las 24 horas del día a preservar esos edificios. Solo aspiran, ya jubilados, a adquirir el estatus legal de la casa donde han vivido tantos años.
En un país que registra serios problemas habitacionales, se dan también casos como el de Diana Atanasia Díaz, una mujer que ruega a la Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza de la Revolución le permita permanecer con su familia en el inmueble que ocupa, luego de haber laborado tantos años para esa entidad, y haber enfermado, sin posibilidades ya de jubilarse.
Diana, quien aún vive en Calle G No. 459, apto. 9, entre 19 y 21, en el Vedado capitalino, cuenta que reside hace 20 años en ese apartamento, medio básico de la DMV, por haber trabajado muchos años como encargada del citado edificio multifamiliar.
La señora aceptó ese puesto de trabajo cuando sus hijos eran pequeños, y residían hacinados en un cuarto de una ciudadela de madera en pésimas condiciones constructivas. Ese sitio del cual ella vino ya hace 15 años desapareció en un incendio accidental. No tiene adónde volver.
Y todos estos 20 años, el apartamento de G, aunque medio básico, fue su hogar. En él invirtió sus recursos.
Hace ya un tiempo, la Dirección Municipal de la Vivienda le viene exigiendo a Diana la entrega de la vivienda. Y ante la fuerza legal del propósito —pues ya ella no funge como encargada del inmueble—, la señora solo pide que, al menos, le otorguen un local estatal vacío que ella y su familia puedan adaptar, pues conoce de varios de ellos cercanos, que están en desuso.
Lo otro sería, en una ciudad con tan deficitaria situación habitacional, donde ni siquiera hay capacidades de albergamiento, como lanzar a la calle a una familia que ya no tiene adónde retornar. ¿No es posible, ya que Vivienda no puede desvincular medios básicos como lo han hecho muchas otras entidades estatales, que al menos, excepcionalmente, la compense con un local?
Yosleysi Labrada me escribe desde calle Martí, consultorio No. 48, Cascorro, en el municipio camagüeyano de Guáimaro, para manifestar su eterna gratitud al personal médico y demás trabajadores del Hospital Manuel Armando Cardoso, de ese territorio.
En ese centro asistencial, Yosleysi fue intervenida por segunda vez. Y reconoce la excelencia y profesionalidad, la amabilidad de sus trabajadores, la limpieza del mismo. Un crisol.
«Le debo todo mi agradecimiento a ese gran cirujano ginecobstetra que es el doctor Orestes Emilio Pérez, y a su alumno ayudante Celestino González, brillante promesa; a los demás compañeros del salón: anestesistas, instrumentistas, enfermeras… Al personal del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM), a las seños de la sala, las muchachas de la limpieza. A todos los que se entregan a diario con tanta devoción en ese pequeño hospital, que ellos se encargan de hacerlo grande».
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