Acuse de recibo
LA veterana Flora Esther Rodríguez Pérez, se siente «totalmente maltratada» tras un año y medio de trámites para legalizar su casa. Y no es para menos, a juzgar por el accidentado recorrido que narra.
Todo inició cuando la villaclareña, vecina de Prolongación de Colón No. 268, entre 7ma. y 11na., reparto Domínguez, Santa Clara, decidió hacer su testamento y mostró a un abogado la resolución que ella pensaba la amparaba como propietaria del inmueble en el que vive hace ya 42 años.
Dicho hogar —cuenta Flora Esther— lo construyó en un solar del Estado y la familia pagó alquiler hasta el año 1982, «en que un funcionario de Vivienda (…) me entregó la resolución No. 2893 de 1982, donde se plantea que ya no tengo que pagar más alquiler al Estado y que soy propietaria legal de mi casa».
A partir del interés de la anciana por redactar su testamento, la jurídica de la Dirección Provincial de Planificación Física le explica que ese documento no constituye propiedad, y que tenía que iniciar sus trámites para adquirir el documento.
Comienza entonces para la anciana una verdadera odisea. A los nueve meses de gestiones, la Dirección Municipal de Vivienda (DMV) «me hace entrega de la resolución de la nueva propiedad. Al yo leerla me doy cuenta que hay un error numérico en el dato de superficie total (…), que a simple vista se ve que fue mecanográfico, pues el terreno total de mi propiedad es de 610 metros cuadrados y en la resolución nueva ponen 189 (…).
«El funcionario me plantea que esa resolución debo llevarla a Planificación Física, que son los encargados de revisarla y darme la definitiva; doy ese paso y al mes me dan la resolución definitiva, con el mismo error numérico. Al preguntarle a la funcionaria (…) me dice que esa es la superficie definitiva que me aprobaron y que no es ningún error, y que debo pagar al banco 2 400 pesos por el DPS (no aclara la sigla) del terreno del Estado».
Inconforme, pero disciplinada, la villaclareña cumple con el pago en el tiempo establecido de tres días y se dirige al Registro de la Propiedad a inscribir finalmente su casa. Allí, como si fuera una comedia de enredos, la empleada que la atiende manifiesta que hay un error numérico, y por tal razón no podía inscribir la vivienda. Y le orienta reclamar a la DMV.
Allá va la afectada, reclama y en la DMV le dan un comprobante con el número 794, y le comunican que antes de los próximos 60 días hábiles tendría una respuesta. Pasó ese tiempo y nada. Ella insistía, preguntaba, le manifestaban que «tenían mucho atraso en el trabajo por falta de inspectores y que como mi caso había muchos más.
«Al transcurrir siete meses —relata la doliente— planteo mi queja a la jurídica de Vivienda Provincial y esta compañera logra que aparezca mi expediente y me manda a entrevistar con el abogado de Vivienda Municipal. Este señor me dice que mi caso no es de su competencia a esa instancia y que tengo que comenzar todo por Planificación Física de nuevo, que es la única que puede solucionar el problema, con lo que estoy en total desacuerdo, pues el dictamen técnico que me hizo el arquitecto de la comunidad está correcto, con los linderos bien claros, donde aparecen puestos los 610 metros totales de superficie (…), por lo que solicito a esa instancia me ayude a que mi caso sea revisado y que los responsables respondan por tantas irregularidades».
Flora Esther tiene 87 años de vida. Es ama de casa y viuda. ¿Hasta cuándo la pelotearán indolentemente para legitimar lo que es suyo?
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