Acuse de recibo
No descubro el agua tibia si recuerdo que uno de los problemas que han de estar permanentemente bajo el foco de las preocupaciones y ocupaciones nacionales es la vivienda. El volumen de cartas que nos llega sobre el tema así lo confirma. Hoy aprieto las líneas para que quepan dos casos.
El primero lo remite Ana Elizabeth Torres Cueto (Trocadero, No. 263 altos, entre Águila y Amistad, Centro Habana), cuya familia tiene encima, desde hace 20 años un peligro mortal. «El edificio que colinda con mi vivienda por el lado derecho (Trocadero No. 265) está declarado como inhabitable e irreparable con derrumbes grado A y B, según los dictámenes técnicos desde el año 1998. El gran problema es que este (…) tiene tres pisos de puntal alto, y mi casa corresponde a una planta, también de puntal alto a la que se le hizo un medio punto, (…) es una construcción del año 1890, y el techo es de vigas de madera y losas, por lo que no soporta el embate de la caída de un edificio desde esa altura y con esa velocidad».
Desde que Ana se mudó para esa casa, en 1999, ya su abuela estaba realizando trámites para tratar de resolver la situación, de los cuales la familia guarda evidencias documentales. «Desde entonces ha habido innumerables desprendimientos de este edificio sobre mi casa, causando daños y en una ocasión hasta murió el perro de mi abuela. En ninguno de esos momentos recibimos ayuda siquiera para recoger los escombros, a pesar de haber ido a todas las instancias correspondientes», evoca la estudiante de Microbiología.
El 1ro. de agosto de 2017 hubo uno de los muchos desprendimientos. «Esta vez fue parte del balcón del 3er. nivel, que desprendió también en la caída el balcón del 2do. nivel. (…) En las oficinas de Secons nos dijeron que vendrían a apuntalar, pero que en ese momento no había madera. Luego de otra larga espera, cuando regresamos a preguntar, un viernes, precisamente, nos dijeron que el lunes harían el apuntalamiento, porque ya había entrado la madera, por lo que ese lunes nos mantuvimos todo el día a la espera de algo que tampoco sucedió. El martes volvimos para preguntar qué había sucedido y sencillamente nos respondieron que ya se había acabado la madera»(¡!).
El golpetazo más reciente fue en la noche del 20 de mayo de 2018, rememora la capitalina, bajo una lluvia torrencial. Ese día los pedazos del inmueble vecino cayeron sobre el cuarto de Ana, que en ese momento, afortunadamente, estaba vacío. A partir de ahí, una vez más, los afectados se han dirigido a múltiples entidades y autoridades, incluyendo al Gobierno municipal. Y lo más cercano a una acción de respuesta que han obtenido es la visita de dos compañeros que enviaron las instancias de demolición el pasado 8 de junio, y que para colmo llegaron sin los instrumentos necesarios.
En estas dos décadas, el inmueble derruido «ha sido ocupado ilegalmente por personas que ya han sido reubicadas, en disímiles ocasiones ha sido utilizado con fines inapropiados y además han quitado losas, ladrillos, ventanas, etc., debilitando aún más la estructura», describe la angustiada joven.
¿Qué más hay que esperar en un caso como este, con peligro para la vida de una familia? Esperemos respuestas y, sobre todo, soluciones.
El segundo caso lo remite desde el poblado de Manaca Iznaga, s/n, Trinidad, Sancti Spiritus, Lázaro Solís Boggiano, técnico de agricultura urbana en la zona del central Feneta.
«Al paso del huracán Irma por la Isla, se presentó una comisión de la Vivienda municipal, visitó mi casa y tomaron los datos», refiere el espirituano. Hasta el momento de escribirnos —la carta, fechada en julio arribó a Juventud Rebelde el 14 de agosto pasado— no había recibido material alguno para emprender la reparación. Y el inmueble presenta una situación crítica, con paredes en mal estado y techo apuntalado.
Según expone Lázaro, el asunto es de conocimiento del Presidente del Consejo Popular, quien lo ha visitado en varias oportunidades.
¿Qué pueden esclarecer sobre la demanda de este yayabero las instituciones y organismos locales implicados?
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