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¿Pagar de nuevo?

«¿Tendré que pagar nuevamente mi vivienda por un mal trabajo y por tanto burocratismo?», cuestiona Jorge Alexey López Estrada, residente en el edificio 2, apto. 12, en el batey del antiguo complejo agroindustrial Antonio Finalet del municipio villaclareño de Sagua la Grande.

 Relata que su padre Jorge Luis López Viera, obrero de ese otrora central azucarero, falleció en 2003, con 54 años. Y en vida, en los años 70 del pasado siglo, su papá participó en la construcción de cuatro edificios de viviendas para trabajadores del CAI. Y al concluirse se le entregó el mismo apartamento donde hoy viven su mamá, él y su hermano.

Se le hizo a Jorge Luis un contrato, el cual refería que  debía pagar por nómina la cantidad de 66, 67 pesos mensuales, y en febrero de 1998 concluiría. Ya cumplido este tiempo terminaban los descuentos.

Tras la muerte del padre, en agosto de 2003 Jorge Alexey y su mamá fueron a la Dirección Municipal de la Vivienda a legalizar la propiedad. Y allí les indicaron que había que entregar un certifico con los descuentos mensuales del pago del apartamento en el centro laboral de Jorge Luis.

Cuando fueron a ese último, el local donde se almacenaban las nóminas era un completo desastre: «Regadas por el piso, afirma, entongadas sin ninguna ética, maltratadas y destruidas por roedores, por lo que resultaba imposible recuperar la totalidad de las nóminas».

Y les informaron que para poder comenzar los trámites… ¡debían pagar en efectivo la supuesta deuda en el Banco por las nóminas faltantes! «No aceptamos, añade, no entendíamos si ya mi padre antes de morir había pagado la vivienda, por qué debíamos pagar de nuevo por un mal trabajo de organización de documentos tan importantes que justifican la trayectoria laboral de un trabajador».

Con el tiempo desapareció el CAI Antonio Finalé. Y esa vivienda y la gran mayoría del batey pasaron a Azcuba, que acometió un proceso de legalización y revisión de documentos de estas.

«Para sorpresa nuestra, afirma, no aparece documento alguno en los registros de Vivienda municipal. Mi madre ya una vez había entregado dicho contrato a pedido de una de las funcionarias, y tampoco apareció. Para suerte nuestra, aún conservábamos el documento de los pagos por mes hechos por mi padre y firmado por el entonces jurídico, acuñado por la antigua empresa».

En ese nuevo proceso comenzado por Azcuba decidieron pagar lo adeudado según las nóminas perdidas, para acabar de legalizar la vivienda y obtener de una vez la propiedad. Ya saldada la deuda, Azcuba empezó el proceso y envió los documentos a Vivienda municipal a fines de 2016 o inicios de 2017. Y el caso se atendió por una compañera llamada Noemí. Posteriormente, han ido en varias ocasiones y les informan que ella se encuentra enferma, y solo se presenta allí en algunos momentos y días de la semana para recoger los trabajos y realizarlos desde su hogar.

«Ya han pasado 22 años desde la culminación del pago de mi vivienda, según contrato, y 17 del fallecimiento de mi padre. Y aún no hemos obtenido la propiedad de lo que tanto esfuerzo y trabajo le costó. ¿Cómo es posible que no aparezca documento alguno archivado, si tengo 43 años y vivo desde que nací allí? ¿Por qué tanta demora en la entrega de la propiedad si ya se pagó la supuesta deuda?», concluye Jorge Alexey.

Por una firma

Moisés Ladrón de Guevara Rodríguez (bloque 67, apto. 3, comunidad militar 18 de Septiembre, Holguín) cuenta que en su barrio hace más de tres meses hay un salidero de aguas albañales que se ha convertido en un peligro para los vecinos.

El problema, precisa, es que la Unidad de Construcciones Militares de Holguín ejecutó una inversión de sustituir la tubería de residuales por una plástica de mayor dimensión. Y una vez concluida la obra, comenzaron los salideros de aguas albañales.

Y el coordinador de la zona les explicó que no se ha podido hacer nada al respecto, porque hay que esperar que se firme un documento de traspaso con otra entidad, para poder acometer la inversión de acoplar o unir la tubería del salidero con la principal.

«¿Cómo es posible que por una causa burocrática de esperar la firma de un documento para ese traspaso, se esté dañando nuestro entorno y con peligro de que nos enfermemos? Al lugar no se ha presentado más nadie para definir esta situación», termina Moisés.

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