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Diez años sin legalización de su casa

Una historia de indolencia e irresponsabilidad extremas por parte de la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) de Playa ha sufrido Celia Guerra Rivero, residente en Calle 9na. B,  entre 284 y 7ma., Santa Fe, en ese municipio capitalino.

Como antecedente, cuenta Celia que ella es jubilada del Instituto de Investigaciones Agroforestales del Ministerio de la Agricultura (INAF), y sigue allí contratada. Y como tal, hace más de diez años le fue asignada por el INAF esa  vivienda, concluida el 25 de enero de 2013, pues en el 2005 el huracán Charlie destruyó el local donde ella vivía junto a su hija.

 Desde entonces, Celia ha realizado innumerables trámites con la DMV  para la legalización de la casa, por el extravío allí de su expediente en dos ocasiones, y de documentos originales, como el Dictamen Técnico de Descripción, Tasación y Medidas y Linderos, emitido el 28 de agosto de 2019 por Planificación Física.

 Por ello, añade, fue emitida la Providencia de Archivo Definitivo No. 126/2020, el 13 de agosto de 2020, firmada por el entonces director municipal de la Vivienda, Alfredo Ricardo Cisneros Tamayo, la cual declaraba que «los documentos aportados al proceso no resultan suficientes para obtener un pronunciamiento por parte de esta administración… no siendo posible la continuidad del proceso».

 Refiere Celia que a través de la Subdirección Jurídica de la Vivienda de Playa continuó los trámites. Y presumiblemente ya su expediente estaba completo y los trámites marchaban bien. Pero de nuevo desapareció. Y en julio de 2022 tuvo que entregar de nuevo su expediente, completo, una vez emitido nuevamente por Planificación Física el Dictamen Técnico de Descripción, Tasación y Medidas y Linderos.

 Entonces, los documentos fueron aprobados por el Director de la Vivienda y transferidos al Fondo Habitacional de Playa. Fue citada en septiembre de 2022 para precisar algunos aspectos de la documentación y le informaron que  ahora esa documentación pasaba a la provincia, que es la que emite el acuerdo de aprobación y posteriormente lo entrega a Playa para que emita la resolución correspondiente a la legalización de su vivienda.

 «En noviembre y diciembre, afirma, cada vez que llamé al Fondo Habitacional me informaron que había que esperar, porque en la provincia no tenían toner para imprimir los acuerdos. Me brindé a apoyar pagando la impresión, pero eso no fue  posible. Concluyó 2022 y el primer mes de 2023, y de nuevo en el Fondo Habitacional me dicen que aún tengo que seguir esperando, que no depende de ellos, sino de la provincia.

 «Han pasado diez años, dice, y mi situación sigue ilegal y no es de mi responsabilidad. Desde 2013 residimos en esta  dirección y estamos en la libreta de abastecimiento de la anterior dirección donde residíamos, en la cual hay numerosas personas, con todos los inconvenientes que esto conlleva. Y se agrava, porque hay artículos que son por núcleo.

 «Tenemos una niña en la casa que cuando nos mudamos tenía menos de un año y ya va a cumplir 11. El 20 de noviembre de 2022 envié una comunicación con mi caso a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Ministros, y le asignaron a mi caso el número 142692 para darle seguimiento. Y al no recibir ninguna respuesta volví a comunicarme. Me informaron que mi caso había sido transferido al Poder Popular de La Habana.

«De la Oficina de Atención a la Población del Poder Popular de La Habana, el 22 de diciembre me informaron que lo habían recibido y me dieron el número de caso 12558, para que le diera seguimiento, pero de todas formas mi familia y yo, con 77 años, que tengo problemas de salud y problemas para garantizar los recursos que hoy se consiguen por la libreta de abastecimiento con la que no cuento, seguimos en la misma situación.

 «Y dejo muy claro que, a pesar de toda esta increíble historia de malos procedimientos e indolencia que hemos sufrido… no culpo, como hacen otras personas, a la Revolución, a la que siempre he estado y estoy integrada. Solo sé que tiene que haber mayor exigencia con las personas y directivos que atienden a la población y a sus necesidades para evitar descontento», concluye.

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