Acuse de recibo
Eduardo Arias Polo, quien reside en el Edificio 6-A, apto. 36, reparto Bahía, municipio de Habana del Este, cuenta que es impedido físico y vive solo; por lo que muchos trámites y gestiones se le dificultan más que a otras personas.
Y plantea en cuestión que en el reparto Bahía existía una Oficina del Registro de Consumidores que facilitaba la atención a quienes viven en ese reparto. Pero en determinado momento ese local fue clausurado por problemas constructivos, y quedó pendiente de reparación.
Entonces, la llamada Oficoda se trasladó temporalmente a la localidad de Camilo Cienfuegos, bastante alejada de Bahía, y que para llegar allí se pasa mucho trabajo: a pie es muy larga la distancia. Y el transporte, muy escaso por ómnibus, y muy caro por auto. Sobre todo para los ancianos y los impedidos.
«Pero para sorpresa mía, manifiesta Eduardo, pude comprobar que el local en cuestión fue convertido en vivienda. ¿Cómo es posible que se haya tomado tan liviana decisión perjudicando así a las personas más vulnerables, sin tener en cuenta sus necesidades específicas? No estoy en contra de solucionar problemas de vivienda, pero esas decisiones deben analizarse cuidadosamente», concluye.
Rodolfo Ernesto Alonso Rodríguez, quien vive en Marino Cabrera, No. 165 (interior), entre Juan Bruno Zayas y Campo, en Camajuaní, provincia de Villa Clara, cuenta que el pasado 25 de agosto fue citado a la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanístico ( DMOTU). Imaginó que era para dirimir un diferendo establecido con una vecina que, de manera inconsulta, dividió lo que se suponía es una servidumbre común entre ambos, impidiendo y obstaculizando la entrada y el libre acceso de él a su vivienda.
«En realidad fui invitado por la Directora municipal de esa entidad, manifiesta, solo para ser ofendido, incomprendido y hasta amenazado con solicitarle a la PNR que me condujera a sus predios, por solo pedir que se comprobara si los límites y los linderos establecidos por la DMOTU habían sido respetados por mi limítrofe.
«Yo soy un hombre de pueblo, humilde y trabajador, que solo he reclamado mis derechos. Y ella es una “letrada”, que a camisa y a chancleta quitada la emprendió conmigo, incluso, delante de mi hija pequeña de solo cinco años de edad y de algunos de sus técnicos y funcionarios.
«¿Por qué esa postura y esa posición inusitada si nunca me había visto a mí y mucho menos a mi inmediata y próxima vecina? ¿Tiene que comprobar o no lo que pedí que se comprobara, que consiste solo en verificar si lo que hizo mi vecina está dentro de sus límites y de su dominio patrimonial?
«De momento llamo la atención a los directivos y a los superiores de todos los niveles de dirección para que tomen medidas apropiadas y oportunas con este tipo de “servidores públicos” que, lejos de arreglar las cosas, las desarreglan, enredan y complican; en lugar de hacer todo lo posible por suavizarlas y por suavizarle la vida a la ciudadanía y no endurecérsela, amargársela y agravársela cada vez más hasta el punto de llevarla a la desesperación», concluye.
Desde el apartamento E, en el piso 7 del edificio Turquino, en la ciudad de Santiago de Cuba, Miguel Caballero cuestiona el porqué en momentos en que el país ha llamado a la bancarización para disminuir el uso de efectivo, hay procederes que no puede explicárselos.
Concretamente cita el caso de Etecsa, que no permite más de dos recargas de móviles diarias por las tarjetas magnéticas asociadas al Banco Popular de Ahorro (BPA).
Alerta el remitente que esa práctica restrictiva limita a las personas en un momento tan necesario. Y enfatiza que la población no conoce las causas objetivas de tal disposición.
Agradeceríamos que Etecsa respondiera, esclareciendo la duda de Miguel, y fundamentando el porqué.
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