Acuse de recibo
Aurelio Cardona Rodríguez, vecino de calle C, No. 52, reparto Pecuario en San Luis, provincia de Santiago de Cuba, refiere que mediante certificación de tenedor inscripto No. 180601 y expediente No. 289/300 es reconocido propietario usufructuario de diez hectáreas de tierra desde el 21 de septiembre de 2015, dedicados al cultivo de la caña.
La finca linda por los cuatro puntos cardinales, añade, con la cooperativa de producción agropecuaria (CPA) Jesús Suárez Gayol, de la cual es socio. Lleva ocho años entregando su producción cañera a esa CPA, sin que jamás mediara contrato de compraventa, a pesar de estar establecido por la ley y de su insistencia constante con la presidenta de esta, Yaquelín García Limonta, para que se confeccione. Y ha sido infructuosa la gestión.
Lo preocupante es que la falta de ese documento legal facilita hacer arbitrariedades sin que él pueda defenderse. Por ejemplo, en la zafra 2021-2022 querían imponerle gastos por arreglos de caminos de forma mecanizada para el corte y alza de la caña. Tras muchos trámites y gastos innecesarios, lo asumieron por reconocer que correspondía a ellos asimilarlos.
Y en la zafra 2022-2023 solo le cortaron y compraron 37 toneladas métricas de caña de 700, que es su estimado. El resto quedó en los campos sin cortar y sin que nadie respondiera por su economía.
«En la actual zafra 2023-2024, de un estimado de 700 toneladas métricas no quieren ninguna, afirma. No me van a comprar la caña. Ante esta situación, pregunto: ¿De qué vivimos mi familia y yo, cuando hace dos años que no me compran la caña? Mientras el país hace grandes esfuerzos por enrumbar la economía desde la corrección de distorsiones».
Precisa que el pasado 16 de febrero, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, visitó el central Dos Ríos, de Palma Soriano, en esa provincia, al cual debe tributar su caña. Y pidió hacer todo lo necesario para lograr una zafra que permita producir el azúcar de la canasta familiar normada. Y ni así le compran la caña.
«Quiero significar además que soy el productor de más alto rendimiento agrícola, con cien toneladas métricas de caña por hectárea, agrega. Y ni por este logro he recibido retribución alguna. Así no se ayuda a la economía de este país. Mi caso lo he presentado a la ANAP en el municipio, al Partido y a la Delegación de la Agricultura en el territorio. Y todo sin solución».
Carlos M. Quiala Nápoles, quien reside en San Andrés sin número, en el poblado El Caney del municipio de Santiago de Cuba, escribe preocupado por algo que, a su entender, se presta para propiciar el delito y la corrupción, además de desproteger al cliente.
Se trata, señala, de la decisión tomada, al menos en las oficinas de reservaciones de Ómnibus Nacionales en Santiago de Cuba, donde cuando uno indaga o reclama, la respuesta es que es una decisión o indicación establecida, desde octubre de 2023.
«El hecho, precisa, es que si decide no viajar de improviso, por cualquier causa, durante las 48 horas previas a la salida del ómnibus por usted reservado, no tiene derecho al reintegro de al menos un porciento, como era antes. Es decir, al no viajar lo pierde.
«Y a ello se agrega que dicho pasaje es comercializado nuevamente a otra persona, por supuesto, mediante el pago nuevamente de dicho pasaje. Quizá yo esté en un error, pero ¿quién garantiza que este proceder no dé lugar a triquiñuelas y malos manejos?
«¿Por qué, según este proceder, se debe cobrar dos veces y hasta más? Por ejemplo, si su reservación es para Camagüey en el ómnibus que va con destino a Sancti Spíritus, tiene que pagar todo el tramo aunque se baje en Camagüey. Y desde luego, de ahí en adelante quien tome el ómnibus deberá de abonar nuevamente el correspondiente pasaje», concluye.
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