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Durante la conferencia de prensa, familiares de víctimas del terrorista Luis Posada Carriles. Foto: Roberto Meriño Cuando este jueves se cumple un año desde que la «justicia» sorda del gobierno de los Estados Unidos pusiera en libertad al terrorista Luis Posada Carriles, cinco cubanos permanecen secuestrados por la Casa Blanca en cárceles de máxima seguridad, por tratar de evitar crímenes tan horrendos como la explosión de aviones o la colocación de bombas en instalaciones llenas de ciudadanos.
Cada día que pasa queda volcada sobre el tapiz la falsedad de la guerra que contra el terrorismo emprendió la administración de George W. Bush, luego del derrumbe de las Torres Gemelas en 2001. Posada sigue paseándose por las calles de Miami, principal nido de la mafia anticubana —de la cual es un fiel soldado—, ufano de saberse uno de los criminales más execrables.
Por eso, se hace necesario una vez más desafiar el silencio y convocar a la denuncia. Treinta y un años después, familiares de las víctimas de la voladura del avión civil cubano en Barbados —y de la cual Posada es su principal artífice—, siguen reclamando el enjuiciamiento de quien desmembró sus familias y las de ciudadanos de otros países.
En una declaración difundida en La Habana, el Comité de Familiares de las Víctimas del avión civil en Barbados, recuerdan que el pasado 6 de mayo se cumplieron diez años desde que el Gobierno cubano alertara a la administración del presidente norteamericano William Clinton, sobre nuevos planes de derribo de aviones comerciales. En cambio, como bien asegura el documento, mantienen encerrados a quienes dieron el «aviso salvador» y evitaron el llanto de «nuevos niños huérfanos». «Posada Carriles, el asesino confeso y terrorista en activo sí puede disfrutar de la libertad que le es negada a los cinco», denunció el Comité.
También recalcó que al no enjuiciar a Posada Carriles como terrorista, el gobierno estadounidense incumple los tratados de lucha contra actos de esa índole que ha firmado. Igualmente, irrespeta el tratado de extradición de 1922 suscrito con Venezuela, pues no ha accedido a la solicitud de la hermana nación para procesar en su territorio al criminal, también prófugo de la justicia de ese país.
La demanda ratifica, ante la comunidad internacional, la decisión de la agrupación de no cejar en su lucha por la justicia. Por ello, exige a la Casa Blanca que acceda a la extradición del criminal a Venezuela, «si no tiene la voluntad» de procesarlo; y que lo reconozca públicamente como su terrorista —«al cual no pueden abandonar»— «si no va a cumplir con sus deberes internacionales».
En la conferencia estuvieron presentes Giustino di Celmo, padre del joven italiano Fabio Di Celmo quien murió en un atentado en el hotel Copacabana; Camilo Rojo y Margarita Morales, hijos de víctimas del crimen de Barbados en 1976; Rosalía Álvarez García, hija del revolucionario venezolano Ramón Antonio Álvarez, asesinado por el Comisario Basilio, alias de Luis Posada Carriles, en la DISIP (policía política venezolana); Andrés Gómez, coordinador nacional en EE.UU. de la Brigada Antonio Maceo; y Percy Alvarado, quien estuvo infiltrado en los grupos mafiosos anticubanos en Miami.
