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«Contratar hasta lo que se pueda contratar» es la meta de las empresas encargadas de acopiar las producciones agrícolas. De ello depende un mayor, mejor y más estable abastecimiento a los agromercados del país que desde el 3 de mayo están obligados a vender a precios minoristas máximos a la población.
La medida reguladora empieza a cambiar, para bien, la cara de estos comercios, ahora más accesibles al bolsillo de las mayorías, y donde deben recibir una mayor protección, según se mostró en el programa televisivo Mesa Redonda, dedicado al impacto de las nuevas medidas en la comercialización agrícola.
Nelson Concepción, director de la Unión Nacional de Acopio, que agrupa a 12 empresas en el país y a 108 unidades empresariales de base (UEB), informó que en lo que va de año las entidades comercializadoras estatales han contratado el 49 por ciento de la producción declarada por los agricultores, un incremento de más del 20 por ciento con respecto a los primeros meses de 2015.
«Queremos lograr contratar hasta lo que sea posible contratar, que al productor le vaya quedando solo su autoconsumo, el consumo animal, una parte para su derecho de ir a las ferias»; y para ello, señaló, se ha ido ganando en mayor disciplina y preparación, así como en lo que denominó un «proceso de dignificación» o recuperación de los centros de acopio, las naves, los talleres, el transporte.
Silvio Gutiérrez, director de Agroindustria del Ministerio de Finanzas y Precios, recordó que las medidas, contenidas en las resoluciones 157 y 162 de su institución, fueron una respuesta al llamado de la Asamblea Nacional para revisar un grupo de precios que estaban afectando a la población.
También, indicó, se nutrieron de las decisiones al respecto adoptadas por Consejos de la Administración de varias provincias para fijar precios, y tomaron en cuenta el comportamiento de las cosechas de acuerdo con las diferentes etapas del año y los costos de producción de cada cultivo.
Son —reflexionó— decisiones sabias para el momento, que buscan proteger a los consumidores y también contribuyen a fortalecer el peso cubano. Ambas resoluciones —agregó— han tenido una acogida muy favorable.
Luego de explicar la estructura de ventas minoristas de productos agrícolas en el país, Yosvany Pupo Otero, director del Mincin, comentó que hoy uno de los retos es identificar cada uno de los mercados, para que la población sepa cuáles son los que están obligados a vender a precios máximos y cuáles no, a fin de evitar violaciones de precios, por lo que se hace un monitoreo sistemático del proceso.
Para Julio A. Martínez Roque, delegado del Ministerio de Agricultura en La Habana, no solo con los precios se resuelve; estos ayudan, pero tenemos que prepararnos para producir más, afirmó. En las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, explicó, se ha desarrollado un proceso de contratación y de recontratación con el objetivo de sembrar más.
«Hay que sembrarlo todo», enfatizó. Mientras más se siembre, más se produzca, más se coseche, más el Estado podrá comprar, y así es que se verá el beneficio de las medidas que se están adoptando, indicó.
Antes de que terminara el 2015, agregó Martínez, se ha venido organizando el sistema de comercialización a través de las UEB de esas tres provincias. Se ha buscado, ejemplificó, una vinculación entre las empresas, las formas productivas, los puntos de acopio, así como entre las empresas y los mercados agropecuarios estatales.
En consideración del Delegado de la Agricultura en la capital, en sentido general se ha ido cumpliendo con la nueva política de precios, aunque hay que continuar trabajando, sobre todo en la venta de los productos según sus calidades.
Luis Carlos Góngora, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP) en la capital, principal mercado del país, explicó que con las actuales medidas se está produciendo una retoma por el Estado de la comercialización de productos agropecuarios, sin excluir a los otros mercados.
Comentó que ahora en la capital hay unos 734 establecimientos y puntos de venta obligados a aplicar precios minoristas máximos. Pero son —informó— los principales: abarcan alrededor del 70 por ciento de la comercialización en la provincia, por lo que a corto o mediano plazo tendrán un efecto sobre los precios en el resto de los comercializadores.
Señaló que se ha estado trabajando en identificar bien la red de precios máximos. También, y para favorecer el abastecimiento de los agros, se ha estado capitalizando la empresa de mercados de la ciudad, se ha exigido que no se les deba a los productores y se ha preparado mejor la base logística.
Se hace, además, un estudio de los planteamientos de la población, como el de que todos quisieran que en cada barrio hubiera uno con precios minoristas máximos.
Abundó que de 52 mercados agropecuarios estatales (MAE) que existían, ya hay más de un centenar, y la red seguirá creciendo. También existe la preocupación, añadió, sobre las ventas por calidad, lo cual no se logra siempre.
Inquieta a la población, señaló Góngora, la sostenibilidad del programa. Esto, dijo, depende de la producción y otras medidas, pero hoy tenemos un momento diferente, que nos da confianza. Ejemplificó que los primeros 15 días de mayo, estos mercados han tenido una presencia estable de unos 13 productos, y se ha comercializado lo mismo que en todo el mes de abril, lo que indica que entran más productos y la población compra más.
