Acuse de recibo
Tras los criterios vertidos aquí el pasado 23 de noviembre sobre los problemas que están incidiendo en la producción de arroz en Cuba, por Idalexis Rodríguez, director general del grupo Agroindustrial del Ministerio de la Agricultura, hoy traigo las opiniones de un productor de ese cereal.
Alcides Montoya, residente en Francisco Vicente Aguilera No. 315, interior, Bayamo, provincia de Granma, refiere que él se ha convertido en un productor de arroz gracias al decreto Ley 259, de 2008, que otorga tierras ociosas en usufructo a quien las quiera trabajar.
Montoya considera a su provincia la meca arrocera del país; y asegura que son cuantiosas las pérdidas del grano allí en este 2011, por falta de cosechadoras.
«Aunque no soy experto en la materia —dice—, tengo la posibilidad de ver, oír y constatar el tema arroz en la localidad con decenas de productores. Y no son pocos los cientos de quintales perdidos a causa de las cosechadoras». Asegura que ello ha traído consigo incumplimiento en la contratación con los productores, pero de esto no se habla o se habla muy poco.
Comprende y acepta Montoya lo esbozado por Idalexis en cuanto a la incidencia del problema de los secaderos y molinos en los avatares productivos. «Sin embargo —aduce—, en la provincia se remozó y con tecnología de punta casi el ciento por ciento de la industria, y creo que estábamos preparados para enfrentar toda la cosecha».
Lo que no concibe Montoya es que los planes de siembra y cosecha para una campaña sean ejecutados después de la producción del cereal en la temporada precedente, cuando prácticamente ya no hay tiempo para prever y organizar bien.
Y es categórico cuando afirma que quienes saben cómo se hace el arroz, y que la inversión requiere en una caballería más de 50 000 pesos, además de trabajo, sol, fango, relámpagos, lluvia y hasta alejarse temporalmente de la familia en muchos casos para atender el cultivo, no pueden aceptar esos problemas tan fríamente.
Precisa el firmante que son muy pocos los campesinos que poseen la arrocera al fondo de la vivienda. En su mayoría las áreas están enclavadas en granjas estatales, unidades económicas básicas o cooperativas de créditos y servicios fortalecidas, donde existen estructuras a tal efecto; «por lo que dejo claro: la siembra fue atendida y dirigida por funcionarios que conscientemente sabían las producciones que se obtendrían en fechas determinadas».
«¿Por qué no hacer —refiere— un balance nacional de las cosechadoras a tiempo, y no cuando ya existe el margen a las pérdidas de la producción?».
Asegura Montoya que este año los territorios del occidente no poseían agua en los embalses para producir a toda capacidad; sin embargo, se indicó sembrar y se entregaron créditos y el paquete tecnológico.
¿Por qué no mover la maquinaria en tiempo y forma?, recalca, y agrega: ¿Será que las pérdidas las tienen que asimilar los productores?
Montoya cuestiona que a estas alturas no está la respuesta. «Ahora vivimos con la incertidumbre, y en muchos casos sin dinero y con hipoteca bancaria. ¿Cómo darle continuidad al proceso de siembra, y quién le pone el cascabel al gato?».
Concluye afirmando que «hoy para los productores no es fácil creer que Granma cumpla con el potencial arrocero previsto para este año. Y si esto fuera cierto, entonces puedo asegurar que de no haber perdido tanto arroz, estaríamos en condiciones de exportar el mismo. El problema no es producirlo, sino cosecharlo.
«Ya estamos en la campaña de frío. Desde el 15 de noviembre se indicó la preparación de tierra, pero hasta hoy no se ha logrado la contratación de la campaña 2011-2012. ¿Produciremos arroz este año o tendremos que importarlo?».
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