Acuse de recibo
Desde que sufriera un infarto (trombo coronario) el 28 de noviembre de 2016, el avileño Laureano Armando Vázquez Alemán (Independencia No. 614 e/ 7 y 8, Vista Alegre) ha recibido una atención médica esmerada. En el Hospital Provincial Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, médicos, enfermeros y personal en general se han preocupado y ocupado de él con profesionalidad constante. En el seguimiento en consulta ha estado el doctor Héctor Morales, siempre al tanto de sus pacientes.
Hasta ahí, cuenta el remitente, todo perfecto. Sin embargo… Luego de seis meses de tratamiento, se le comunica que para poder darle el alta médica, lo cual le permitiría regresar a su trabajo, se necesita practicarle una coronariografía en el Cardiocentro de Santa Clara, Villa Clara.
«Me indican la remisión el 18 de mayo de 2017. Luego, en espera de dicho turno soy remitido a la comisión de preperitaje, la cual me prorrogó por 26 semanas más el certificado médico, y, aún hoy, 23 de agosto de 2017, no he sido citado. Por lo que pregunté las causas de la demora y se me informa que se atienden pocos casos mensualmente, porque tratan, además de sus casos, los de Ciego y Camagüey; y, como si fuera poco, los turnos fueron pospuestos en julio y agosto por vacaciones, como si los pacientes también tomaran vacaciones», relata el lector.
Su preocupación mayor radica en que las 26 semanas de prórroga antes del peritaje final vencen en la primera quincena de diciembre de este año. «Es mi deseo seguir trabajando en caso de que sea posible, y no retirarme por una demora innecesaria», se duele Laureano Armando. «¿Cuánto más tengo que esperar para la realización del examen médico?», indaga, y se cuestiona por qué no existe algún mecanismo para priorizar los casos que estén presionados, como él, por una fecha para reincorporarse a trabajar o ser definitivamente peritados.
¿Qué pueden esclarecer al respecto las autoridades implicadas del Minsap?
Recepcionista. Esa es la responsabilidad que ocupa la capitalina Odalis Mediaceja Ochoa (calle B, No. 157, entre 8va. y 9na., Lawton, 10 de Octubre) en la Empresa Provincial Constructora de la Administración Local. Pero sucede que ahora para laborar allí le están solicitando el certificado de 9no. grado concluido, documento que ella no posee (no aclara si por extravío o deterioro).
Cuenta Odalis que sus estudios de secundaria transcurrieron en la imprenta Federico Engels, en la cual funcionó una escuela obrero-campesina durante los primeros años de la década de 1980.
Acudió la remitente a la Dirección Municipal de Educación (DME) de Playa; de ahí la enviaron a la DME del Cerro, y en esta última dependencia le explicaron que «estos papeles no aparecen allí, ya que la dirección de dicha escuela nunca entregó los expedientes de esos años».
Gestionó la interesada una declaración jurada de tres profesores que dieron clases en esa etapa, «donde plasman sus nombres, apellidos y firmas, para que conste que yo cursé y aprobé el 9no. grado. Me presento en mi trabajo, para explicar lo sucedido con los expedientes y enseñarles las declaraciones… La directora de Recursos Humanos me dice que dichas declaraciones no me sirven», evoca afligida.
En su entidad le siguen solicitando entonces los legajos probatorios. Y los papeles no aparecen, como decimos popularmente, ni en los centros espirituales. ¿Qué debe hacer esta trabajadora? ¿Acaso no es una responsabilidad legal de las instituciones educativas archivar sus expedientes —y/o documentos que los repliquen— en algún sitio?
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