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Muchos plazos a una infracción

El pasado 8 de julio, y desde Pueblo Viejo, en Jesús Menéndez, Las Tunas, publiqué la denuncia de Delmiro Ariel Mendoza de que no llegaba aún la justicia ante la queja de su esposa en la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología, por un corral de cerdos que el vecino mantenía muy próximo a su casa: irrespirable el aire con olores a orine y heces fecales; y por demás, el pozo de agua contaminado.

Contaba que a fines de mayo pasado dos inspectoras visitaron su casa y la del vecino, y dieron a este último un plazo de 72 horas para sacar sus animales. Y el 9 de junio, como todo seguía igual, su esposa visitó la Dirección de Higiene y Epidemiología, y el vicedirector, Miguel Escalona, le aseguró que ellos tenían la autoridad para resolver el asunto, y le darían respuesta, lo que no se había hecho cuando me escribió.

«Es increíble, decía, con lo que estamos viviendo, y lo que lucha nuestro Gobierno para resolver la situación con el virus, que en este municipio se hagan los de la vista gorda y no les preocupe la situación que mi familia enfrenta».

Y responde la doctora Viviana Gutiérrez Rodríguez, directora provincial de Salud en Las Tunas, que una comisión provincial investigó el caso y confirmó lo dicho por Delmiro.

El vecino causante de la molestia, añade, reconoció la situación, y manifestó que tenía solo un cerdo y varios caballos. Y no pudo cumplir la medida en el plazo establecido porque no tenía adonde trasladar los animales, además de que nunca los afectados se acercaron a él para plantear inconformidades al respecto.

Se evidenció que posee un pozo de agua contaminada. Y la casa de Delmiro está ubicada a un nivel más bajo que el resto de las viviendas, «por lo que los escurrimientos superficiales del agua pluvial necesariamente deben dirigirse hacia este sitio, de modo que la contaminación posible del pozo no depende solamente de los desechos generados en la corraleta del vecino, pero sí pudiera ser un elemento más en dicha contaminación, algo que fue reconocido por la esposa del demandante».

Sobre la morosidad en el tratamiento al caso por la Dirección Municipal de Higiene, se revisaron las cinco diligencias de inspección sanitarias: El 25 de mayo la inspectora sanitaria atendió la queja, y otorgó un plazo de 72 horas para la solución del problema. Se personó de nuevo el 31 de ese mes y la medida se mantenía sin solución. El vecino arguyó que no había encontrado adonde llevar los animales, y se le concedió un nuevo plazo de ocho días.

El 9 de junio, al comprobar que la medida estaba incumplida, se le impuso al vecino, Roberto Igarza Almaguer, una multa de 2 000 pesos. Aun así, no cumplió lo orientado. Y el 14 de julio, en otra inspección, se le dio un nuevo plazo de 24 horas a Roberto para que solucionara el problema. El 16 volvieron por allí y ya había retirado los animales y limpiado la corraleta.

«Por lo anteriormente expuesto, concluye, calificamos la queja con razón, adoptándose las medidas organizativas e informativas, y recomendándole al promovente mantener estrecha comunicación con las autoridades sanitarias del municipio de Jesús Menéndez, e informar de inmediato cualquier situación que se presente y que constituya una violación o incumplimiento de la medida dictada y ya cumplida por el infractor».

Agradezco que se haya solucionado el problema, luego de la revelación del mismo en esta columna, aunque antes hubiera sido más justo y menos desesperante para Delmiro y su esposa. Sí llama la atención que desde la primera inspección el 25 de mayo, se le haya dado tantos plazos comprensivos a la infracción, al punto de que la historia no se hubiera podido cerrar hasta el 16 de julio.

Y no se esclarece y profundiza lo expresado por Delmiro acerca de lo prometido por el vicedirector de Higiene y Epidemiología a su esposa y no cumplido, que le hizo enjuiciar que «en este municipio se hagan los de la vista gorda y no les preocupe la situación que mi familia enfrenta».

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