Acuse de recibo
El 22 noviembre de 2020, y desde Vega Alta, municipio villaclareño de Camajuaní, Pedro Luis Álvarez Domínguez, 73 años y enfermo, contó aquí que el 20 de julio de ese año su casa fue dañada por el derrumbe de un edificio aledaño, de la Empresa del Tabaco. Y a cuatro meses, el municipio no había hallado cómo solucionar su caso. Decían que él no aplicaba para un subsidio, pues la propiedad de la casa estaba aún a nombre de su fallecida hermana.
«Aunque he comenzado los trámites para el cambio de titular, afirmaba, es un largo camino que no pasa aún de la declaratoria de herederos. Mi situación se agrava. Lo que pudo resolverse con pocos recursos, ahora con las lluvias ha empeorado. Me encuentro recogido en casa de mi hija, que es ama de casa, donde convivo con otras siete personas de bajos ingresos, que poco pueden ayudarme.
«Estoy desesperado. El Gobierno provincial, adonde fui, me remite al municipio, que es el que debe resolverlo. Todo ha sido un ir y venir entre los funcionarios del Gobierno y la Dirección de la Vivienda. No veo la luz en el problema», concluía.
Y ahora me escribe Nancy Galván Alvarez (Manuel Ruiz No. 149, entre B y C, reparto Villa Josefa, Santa Clara) quien es sobrina de Pedro Luis, para atestiguar que el caso de su tío sigue sin solución alguna.
«Ya no sabemos, dice, porque no quedó claro, si el inmueble pertenecía a la dirección de Vivienda o a la empresa Cubatabaco). El hecho es que era de conocimiento de ambos y del Gobierno del municipio el inminente peligro de derrumbe y de posible afectación a las viviendas aledañas, y para la vida de las personas. Y no se hizo nada al respecto».
Refiere que después de la catástrofe se suscitó, hablando en buen cubano, un «peloteo» entre organismos y Gobierno, hasta hace aproximadamente un año que le dieron a conocer que se le aprobaría un subsidio para la reparación; del cual, hasta el día de hoy el Gobierno no le ha dado la autorización necesaria para presentarse al Banco, alegando diferentes causas.
Nancy remarca que a su edad avanzada, salud precaria y situación económica difícil, ha vivido de la caridad de algunos familiares y vecinos que le han ido dando cobija en diferentes momentos y actualmente se encuentra en una vivienda prestada en condiciones igualmente deplorables.
«Su situación ha quedado en el olvido, expresa. Y lo que pudo haber sido una reparación en aquel momento, hoy se ha convertido en algo mayor, pues el tiempo y las condiciones han propiciado cada vez más destrucción. ¿A quién nos dirigimos? Pues todos los caminos conducen al municipio, y este no ha hecho nada.
«Escribí hace un mes a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Ministros, donde fui atendida amablemente, y se me informó con prontitud la decisión de trasladar el caso al Gobierno Provincial de Villa Clara. Hasta el momento no hemos recibido por una u otra vía ninguna señal de que el caso va a ser atendido», termina.
Ana Margarita Mental Gómez (Dolores 267, entre Lawton y Armas, Diez de Octubre, La Habana) relata el viacrucis que está sufriendo su hijo de 12 años, un niño a quien se le prescribió dieta médica, por una vulnerabilidad muy delicada a esa edad: es catalogado como bajo de peso.
Refiere ella que al comenzar a recibir la dieta de leche en polvo, le retiraron la cuota de yogurt de soya que está estipulada para todos los niños de esa edad. Y desde septiembre de 2021, por problemas de disponibilidad en el país no recibe la leche en polvo, ni tampoco yogurt de soya.
Les dicen que de este último no lo hay en cantidad suficiente. Pero ella asegura que en muchos sitios se vende liberado. Y su esposo conversó con un funcionario de Comercio en el municipio, quien le explicó que así había más de 150 casos en el municipio que se revisarían.
«Yo he insistido en reiteradas ocasiones por teléfono, y no hay orientación de los organismos superiores para dar solución al respecto», afirma la madre desesperada.
Esperemos que haya una solución preferencial, y por excepción, para esos casos.
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