Acuse de recibo
Elizabeth Duarte Castañeira (Nazareno 365, entre San Pedro y Virtudes, Santa Clara) cuenta que llevaba 22 años trabajando en la farmacia 666, de San Miguel y San Pedro, en esa ciudad, donde se desempeñó en distintas funciones y se graduó de licenciada en Tecnología de la Salud. Nunca tuvo medidas disciplinarias, ni antecedentes de mal trabajo. Pero…
En enero de 2021, precisa, la Empresa de Farmacia y Ópticas de Villa Clara pasó por una fiscalización, que incluía la farmacia donde laboraba. Se revisaron los últimos seis meses de 2020. Y la farmacia 666 fue una de las supervisadas, por una mala administración, pues la administradora, según Elizabeth, no tenía ni experiencia ni curso, tampoco responsabilidad.
Allí detectaron muchos errores, y a Elizabeth en lo particular, tres vales incompletos. Por ello, le aplicaron la medida de separación definitiva e inmediata de la entidad. Al instante quedó en la calle, padeciendo una discapacidad visual y con una hija menor de edad.
«Después de esto, manifiesta, he reclamado a todos los niveles: Órgano de Justicia Laboral (OJL) y tribunales municipal y provincial. Y se reconoce que fue una negligencia que cometí, y no un delito. Pero no me hacen un cambio de medida. Me siguen ratificando la misma sanción, tan severa.
«¿Por qué? Nunca he tenido problemas, siempre con buena actitud ante el trabajo. Hay buena opinión sobre mí, no tengo medidas disciplinarias. ¿Entonces? ¿O es como dijo la directora en el OJL, que con mi problema de la vista no puedo trabajar en farmacias?
«En otras unidades hubo hechos similares al mío y hasta más graves, y a esas trabajadoras el mismo Órgano les cambio la medida y las reubicaron en otras unidades. Hubo administradoras que fueron sancionadas tres meses a puestos inferiores con derecho a retorno a sus plazas.
«Entonces, ¿por qué las que nos quedamos en la calle fueron una señora, solo faltándole nueve meses para retirarse, y yo, con mi discapacidad visual? ¿Es que somos un estorbo para la sociedad?
«En octubre de 2021 solicité una revisión al Tribunal Supremo y todavía estoy sin respuesta. También hay una carta para el Órgano de Trabajo y tampoco nada. Llevo meses sin trabajo, sin dinero, con una niña de 12 años y dependiendo económicamente de otra persona.
«Yo me siento abandonada y discriminada por la justicia y las leyes de mi país, que es un país socialista que acaba de aprobar un código por la justicia social, para apoyar al desamparado, por la inclusión social, para qué todos seamos iguales y tengamos los mismos derechos», concluye.
Arístides Andrés Díaz Jiménez (Calle 57, No. 612 bajos, entre 76 y 78, Alturas de Belén, Marianao, La Habana) refiere que llevan más de 50 años sufriendo la falta de agua, pues viven en la punta de una elevación, y cuando no tiene presión el agua no llega. Eso lo conoce Aguas de La Habana, dice.
«Cuando se llama para reportarlo, dice, cualquier argumento se atribuye, pero cuesta trabajo que aunque sea manden pipas, manifestando mucha insensibilidad por el problema. Y realmente somos los que sufrimos tal incapacidad o irresponsabilidad.
«Porque si el que tiene que abrir, el valvulero, simplemente no abre, somos nosotros los que sufrimos esa falta. Ante tales hechos se necesitan cambios para que el primer cliente, que es la población cubana, sea respetado y considerado lo suficiente, como nunca antes».
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