Acuse de recibo
El 12 de noviembre de 2021, desde calle 174, No. 121, entre 1ra. y 3ra., reparto Flores, municipio habanero de Playa, Alberto Álvarez Suárez denunció aquí que nada se había resuelto en el edificio donde vive, desde que el 13 de mayo de 2019 entregó queja por escrito en la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV), Gobierno y Partido de ese territorio. Y el reclamo era urgente, decía, pues se habían registrado desprendimientos sistemáticos de partes del alero de la azotea, los que continuaron en esos dos años y medio transcurridos.
Refería que tras esas quejas, pudo reunirse con el Presidente del Gobierno y la funcionaria de Atención a la Población allí. Conversó telefónicamente con el Intendente del municipio y tuvo un encuentro con la funcionaria de Inversiones de la DMV; además de que se planteó en la asamblea de rendición de cuenta del Poder Popular. Y lo visitaron cuatro inspectores, quienes testificaron el peligro inminente de una desgracia humana, por el tamaño y la altura desde donde caen los desprendimientos.
En el propio 2019, decía, de nuevo se entrevistó con la funcionaria de Atención a la Población del Gobierno municipal, quien le expresó que ellos dan respuesta si los organismos responden al efecto. Y sostuvo un encuentro insatisfactorio con el Intendente, quien le indicó que ese caso no estaba en el Plan de 2020 y no había recursos suficientes. Pero el delegado de la circunscripción le ratificó que sí estaba en el Plan. Fue a Fiscalía municipal, donde lo atendió muy bien la fiscal Albis, quien redactó una carta que enviaría a los organismos pertinentes y la sometió a su conformidad. Pero en contactos posteriores, ella le indicó que, aún con sus reiteradas gestiones, no tenía respuesta. Escribieron a Atención a la Población del Consejo de Ministros.
«Me pregunto si tendremos que esperar a que suceda un hecho desagradable para que se valore la urgencia y la necesidad de acometer la reparación del alero», concluía.
Y ahora vuelve a escribirme Alberto para contar que, tras la publicación aquí de su denuncia, los vecinos esperaban respuestas o contactos de las autoridades aludidas en un plazo de 60 días. Y a los 80 días se personó una funcionaria que dijo ir por lo enviado al Consejo de Ministros, pero con un dictamen que declaraba sin lugar la queja, aduciendo que en el reparto Flores hay muchos edificios deteriorados. Alberto refutó que no se trataba solo de deterioro, sino de peligro para la vida. «Ni siquiera, recuerda ahora, se nos dijo que se atendería por orden de prioridad. La compañera que nos visitó expresó entender nuestro planteamiento, y nuestras opiniones le fueron entregadas por escrito en dicha visita.
«Sin darnos por vencidos, acudimos nuevamente a la Dirección Municipal de la Vivienda. Tomaron notas, enviaron nuevamente inspectores y un
técnico que, exhaustivamente, hizo un dictamen reflejando la situación preocupante. Hemos llamado sistemáticamente a la Dirección Municipal de la Vivienda.
«Ahora nos dicen que en esa instancia cambiaron a un buen número de personas, y parece que nuestro caso pasó a mejor vida. Hemos utilizado el marco de las asambleas de rendición de cuenta, mostrando en nuestra exposición los desprendimientos caídos. El silencio continúa y los desprendimientos también, cada vez en momentos más inesperados y de mayores dimensiones.
«Hemos colocado palets de madera para amortiguar los efectos de los desprendimientos, pero ni eso ya ayuda. No quisiéramos que el arreglo se produjera después de una calamidad, con visitas de caras compungidas de pésame. Ojalá se produzca la atención y nunca a los precios inflacionarios no alcanzables para jubilados que habitamos el inmueble», concluye.
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