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Mediante videoconferencia, dirigida desde el salón Baraguá del Capitolio Nacional, diputadas y diputados sostuvieron un fructífero intercambio. Autor: Tony Hernández Mena Publicado: 07/12/2021 | 11:02 pm
Diputados de varias provincias del país analizaron este martes, mediante videoconferencia, cuatro proyectos de leyes: de los Tribunales Militares, del Proceso Penal Militar, del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo; así como el Código de las Familias, los cuales serán presentados ante el Parlamento cubano en el Octavo Período Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura, a celebrarse a partir del 21 de diciembre próximo.
Durante el intercambio, dirigido desde el salón Baraguá del Capitolio Nacional, y que contó con la participación de la vicepresidenta del legislativo cubano, Ana María Mari Machado, trascendió lo novedoso de las normas, su total apego a los preceptos constitucionales y su contribución al fortalecimiento de la institucionalidad.
Sobre el proyecto de ley de los Tribunales Militares, la primera coronel Esther Lilia González Río, segunda jefa de Dirección de los Tribunales Militares, señaló que ratifica, entre los objetivos principales de estas instancias, «salvaguardar el orden económico, social y político establecido en la Constitución, la seguridad jurídica y la disciplina social, la capacidad y disposición combativa de las instituciones armadas, unido a la disciplina y el orden reglamentario establecido para el cumplimiento del servicio militar».
Subrayó, además, que se adicionan principios referidos a la supremacía constitucional, independencia, imparcialidad, proactividad, inmunidad, seguridad jurídica, carácter vinculante de las decisiones judiciales e integridad, al tiempo que se incorporan garantías relacionadas con el acceso a la justicia, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la transparencia, profesionalidad y calidad.
Según González Río, el proyecto actualiza la estructura y organización de los tribunales militares en las diferentes instancias, en pos de atemperarlas a las nuevas jurisdicciones y competencias previstas legalmente; entretanto dispone que la mayoría de los asuntos se conozcan y resuelvan por los tribunales militares de región, lo cual acerca la justicia a las personas.
La propuesta de norma, dijo, también actualiza aspectos relacionados con la carrera judicial, la actuación de los jueces legos, e incluye previsiones sobre la aplicación de la ciencia y la innovación, y las TIC en la actividad judicial.
Tras la presentación del proyecto, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), quien moderó el intercambio, aseguró que esta norma viene a complementar la reforma de los órganos de justicia en el país y refuerza los valores y garantías en el ámbito militar.
Al abrirse el debate, la diputada por Artemisa, Ana Teresa Igarza, consideró que la propuesta implica un avance en cuanto a la preparación de los jueces, opinión que contó con el respaldo del coronel Mirroel Matos, presidente del Tribunal Militar Territorial Oriental, quien llamó la atención respecto a los beneficios que supone para la impartición de justicia.
Por su parte, el coronel Ramón Pontigo Arteaga, presidente del Tribunal Militar Territorial Central, valoró que el proyecto contribuye a la integración más eficiente de estas instancias al sistema de tribunales de justicia.
Proyecto de ley del proceso penal militar: una mirada renovada
Al presentar esta propuesta de norma, el teniente coronel Fernando Guerra Díaz, magistrado de la Sala de lo militar, del Tribunal Supremo Popular, enfatizó en que se homologan instituciones y procedimientos afines de la legislación procesal penal común, lo que refuerza el tratamiento igual y el carácter garantista de nuestras leyes.
Agregó que se amplía el acceso y la participación del imputado, acusado, su defensor, la víctima y el tercero en todas las fases del proceso penal y, a su vez, se perfecciona el régimen de recursos contra las decisiones judiciales.
Entre los asuntos relevantes, Guerra Díaz significó la incorporación de reglas de procedimiento para juzgar a las personas con menos de 18 años de edad, así como la ampliación e introducción de medidas cautelares para la protección de las víctimas, en especial los menores y las personas en situación de discapacidad.
El proyecto, resumió, «además de establecer novedosas maneras de investigar y enjuiciar los delitos, en correspondencia con los postulados constitucionales, protege el funcionamiento de las instituciones armadas del Estado, y tributa al fortalecimiento del orden y la disciplina militar, así como al enfrentamiento de las conductas transgresoras».
Proyecto de ley del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo: La mira en lo local
A cargo de Ibis Méndez Cuestas, subdirectora general de Ordenamiento Territorial y Urbanismo del Instituto de Planificación Física, estuvo la exposición del proyecto de ley de esta materia, el cual se complementa con un grupo de normas de menor jerarquía, con rango de decreto y resoluciones.
De forma general, la propuesta de norma, profundamente técnica, determina los instrumentos de ordenamiento territorial y urbano, los principios que lo rigen, su alcance e instancias de aprobación, unido a principios relacionados con las servidumbres, el Catastro Nacional y las zonas con regulaciones especiales.
La Primera Coronel Esther Lilia González Río, segunda jefa de Dirección de los Tribunales Militares, se refirió a los principios fundamentales en que se sustenta el proyecto de ley de los Tribunales Militares. Fotos: Tony Hernández Mena
Méndez Cuestas hizo hincapié, además, en el establecimiento de las responsabilidades de los órganos de gobierno y de todas las instituciones que guardan relación con esta rama, con el cumplimiento de lo estipulado.
Cerca de una veintena de intervenciones generó el examen del proyecto, entre las cuales resaltó la necesidad de ponderar la autonomía municipal y el compromiso de las instancias territoriales con lo que a su nivel se dirime.
Diputados de Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos y Guantánamo coincidieron, por ejemplo, en la necesidad de poner en manos de las autoridades municipales decisiones que la propuesta de ley atribuye al Gobernador.
La diputada villaclareña Ana María Aparicio sugirió algunas modificaciones en la estructura del proyecto, en aras de dotarlo de mayor coherencia; mientras el diputado por Artemisa Jorge Luis Torres reconoció la prioridad que concede la propuesta a las intervenciones en barrios en situación de vulnerabilidad, respecto a las nuevas urbanizaciones, a tono con la gestión gubernamental emprendida en meses recientes.
Durante la jornada también fue presentado el proyecto de Código de las Familias, norma que pondera un enfoque plural, inclusivo, sobre la base del respeto y la defensa de todos los derechos para todas las personas, un Código que ampara todos y cada uno de los modelos familiares existentes en nuestra sociedad. (Tomado del sitio web del Parlamento cubano)
