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Foot cover de Noticia Autor: Juventud Rebelde Publicado: 19/12/2021 | 12:35 am
Fuerzas conjuntas de los Ministerios del Interior (MININT), de la Agricultura (MINAG), Energía y Minas (MINEM) y la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) en Ciego de Ávila, enfrentaron una actividad ilegal de extracción de oro que involucró a unos 300 individuos.
Una nota informativa del Cuerpo de Guarda Bosques dio a conocer que el hecho tuvo lugar en un terreno perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Agroforestal del municipio de Baraguá, con la participación de residentes del lugar y en las provincias de Camagüey, Las Tunas y Holguín.
En el lugar fueron detectadas y destruidas casas de campaña rústicas, donde pernoctaban alrededor de 100 personas; y se observaron excavaciones profundas, precisa el documento.
Los testimonios de ciudadanos detenidos in fraganti revelaron que las piedras extraídas eran trasladadas hacia el territorio camagüeyano, donde las comercializaban a mil pesos moneda nacional, considerando que el gramo de oro tiene un valor de dos mil 500, expresa el documento oficial.
Como resultado de las acciones de enfrentamiento se radicaron cuatro denuncias por el delito de Tráfico Ilegal de Minerales y otra por Uso Indebido de Recursos Naturales, además de la realización de advertencias oficiales a 34 ciudadanos vinculados a la extracción ilegal.
Especifica la nota, además, que fueron aplicadas 90 multas por violaciones a decretos leyes, ocupados 50 sacos con 47.4 kilogramos de piedra mineral, dos bicicletas, un vehículo de tracción animal (con un caballo incluido) y herramientas empleadas para la excavación y detección de metales.
Fotos: Tomadas del perfil de Facebook de Citma en Ciego de Ávila.
Asimismo, se aplicaron medidas profilácticas a 70 personas procedentes de las provincias de Las Tunas y Camagüey.
El plan de gobierno para la prevención y enfrentamiento a los hechos que afectan los recursos naturales es resultado de un estudio riguroso sobre las deficiencias en el manejo, a partir del cual se afianza la responsabilidad de los organismos responsabilizados por la protección y el uso sostenible del medio ambiente.
Considerado uno de los negocios más lucrativo del mundo, el comercio ilícito de especies protegidas de la vida silvestre y otros recursos naturales constituye un problema internacional al que Cuba no escapa.
