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LA PAZ, julio 27.- La Cámara de Diputados de Bolivia analiza hoy una propuesta de organizaciones defensoras de derechos humanos, para crear una Comisión de la Verdad que investigue la represión de octubre de 2003, la cual dejó un saldo de 67 muertos, señala Prensa Latina.
Rodolfo Flores, asesor de esa instancia legislativa, explicó que el planteapiento busca un esclarecimiento transparente de esos acontecimientos, que derivaron en la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Según el proyecto, la comisión estará integrada por representantes de la Iglesia Católica, las instituciones de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo, el Colegio de Abogados, el gobierno y los medios de prensa, precisó.
La represión militar ordenada por Sánchez de Lozada contra la rebelión social de 2003, causó 67 muertos y 200 heridos, muchos de gravedad, por impactos de armas de fuego.
Sánchez de Lozada es reo de un proceso por genocidio, pero vive autoexiliado y protegido por la administración norteamericana, que se niega a hacerle llegar la notificación judicial respectiva, pese a insistentes pedidos del gobierno boliviano.
Esa falta de colaboración obstaculiza, según el ejecutivo, el juicio contra el ex gobernante y varios de sus colaboradores.
Sánchez de Lozada es acusado además por un escándalo de corrupción en favor de la transnacional norteamericana Enron, y por la firma de contratos petroleros sin la aprobación del Congreso, exigida por la Constitución.
Esa empresa recibió 40 por ciento del gasoducto Bolivia-Brasil (una obra que costó mil 500 millones de dólares) sin invertir un centavo y pese a haber incumplido el compromiso de atraer capitales para la ejecución de la obra.
El escándalo se registró en el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-97), en el marco de una política de desenfreno privatizador.
