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Quien dude de la importancia que conserva para Canberra en el siglo XXI su alianza con Washington, no tiene más que reparar en cómo los Gobiernos australianos en los últimos diez años han respaldado la estrategia de dominación mundial de EE.UU. y sus principales campañas internacionales.
La incondicionalidad australiana a EE.UU. en la presente centuria tuvo su período de mayor esplendor después del 11 de septiembre de 2001, cuando el Gobierno del primer ministro John Howard (11/3/1996-3/12/2007) asumió que esta era la garantía para realizar sus principales propósitos regionales: consolidar su liderazgo en el Pacífico Sur y lograr un mayor protagonismo en Asia-Pacífico.
Alentado por tal convicción, ajustó su estrategia antiterrorista a la de su principal aliado, y puso especial empeño en interpretar fielmente el papel que le había reservado este a Australia en la remodelación del sistema de alianzas, como soporte de su poder en el Pacífico Sur, que debía actuar básicamente en países pequeños donde Washington creía innecesaria su presencia, como hizo al liderar las intervenciones militares en Islas Salomón (julio de 2003 y mayo de 2006), la República Democrática de Timor Leste (mayo de 2006) y el Reino de Tonga (finales de 2006).
Si bien Canberra ya cumplía ese cometido —comandó la intervención militar de la Fuerza Internacional para Timor Oriental, hoy República Democrática de Timor Leste, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 15 de septiembre de 1999—, en el nuevo contexto debía demostrar que su poder en el entorno era indiscutible, en correspondencia con el proyecto de dominación de la Administración Bush, en el que ahora tenía además, renovada importancia el Sudeste Asiático, y en consecuencia, el respaldo de Australia a sus objetivos allí.
Pero la proyección prepotente, agresiva y esencialmente unilateral de Howard chocó con la violenta reacción de Gobiernos sudasiáticos como los de Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, lo que lo obligó a reconsiderar cómo actuar en relación con estos.
Por otra parte, la Administración Howard apoyó sin reparos los objetivos estratégicos estadounidenses más allá de Asia-Pacífico, a riesgo de descuidar, en lo inmediato, sus intereses en la región.
Australia fue clave en la campaña para convencer a la opinión pública mundial de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, que sirvió de pretexto para la invasión a este Estado, en la que también se involucró, y aunque su aporte no fue comparable en magnitud con el estadounidense y el británico, se correspondió con sus capacidades reales. Igualmente, se sumó el 23 de octubre de 2001 a la coalición occidental liderada por EE.UU. que invadió Afganistán, y se ha mantenido formando parte de la misma.
La subordinación de los intereses australianos a los estadounidenses fue aun mayor a partir del segundo período de Gobierno de Bush, cuando este identificó a China como la potencia emergente con mayores posibilidades de competir militarmente con EE.UU., y se propuso crear y dirigir un sistema multilateral de alianzas antichino con la participación de Australia, Japón y Corea del Sur, al que pudiera integrar otros países, especialmente la India.
Para respaldar tal propósito, la Administración Howard profundizó sus relaciones de seguridad con este último Estado, participó con el mismo en ejercicios militares conjuntos y en un diálogo cuadrilateral sobre cuestiones de seguridad que incluía además a EE.UU. y a Japón, lo que muchos analistas consideraron una innecesaria provocación a China.
Uno de los pasos cardinales en la formación del sistema de alianzas antichino fue la firma, el 13 de marzo de 2007, de la Declaración conjunta sobre cooperación en seguridad Australia-Japón, mediante la cual por primera vez se reconocía públicamente que existía una colaboración de amplio alcance en estos temas entre ambos Estados.
Para el Gobierno de Howard tomar parte en la estrategia estadounidense de “contención” de China no era una elección fácil. Tenía sustanciales intereses involucrados en las relaciones económicas con ese Estado que tal decisión podría poner en riesgo, pero a la vez de ello dependía, en su percepción, la “salud” de la alianza con EE.UU., y le preocupaba aun más que a sus predecesores el ascenso del gigante asiático.
Con el triunfo de los laboristas en las elecciones de noviembre de 2007 cambió la percepción de cómo alcanzar los objetivos esenciales de la proyección estratégica de Australia hacia la región, pues estos no creían que para ello fuera condición sine qua non la subordinación a los intereses de EE.UU.
El entonces líder del Partido Laborista, Kevin Rudd, aseguró en un discurso pronunciado el 8 de agosto de 2007, que para Australia una alianza no había significado, ni significaría automáticamente sumisión, y que la que mantenía con EE.UU. era suficientemente fuerte para soportar desacuerdos.
El más notable de estos durante su Gobierno tuvo como génesis la decisión de retirar las tropas de combate australianas de Irak, concluida el 28 de julio de 2009, una promesa electoral de su partido que no poco tuvo que ver con su victoria en las urnas, dado el creciente rechazo popular a la intervención de Australia en esa aventura bélica.
La medida respondió asimismo a la apreciación de la Administración Rudd de que debía concentrar sus capacidades económicas y militares en mantener el liderazgo en su propio “patio trasero”, donde en opinión de los laboristas, los intereses de seguridad australianos se habían deteriorado agudamente en la última década, y en lograr mayor protagonismo en Asia-Pacífico.
El resuelto apoyo de Canberra a la “guerra contra el terrorismo” de la Administración Bush, y especialmente a la invasión a Irak, lejos de favorecer este protagonismo, como creía Howard, se convirtió en un obstáculo para lograrlo, pues provocó que el creciente repudio a EE.UU. en el área derivara también en un rechazo a Australia.
Otra evidencia de que la incondicionalidad del Gobierno de Howard a EE.UU. había cedido paso a una política que procuraba tomar más en cuenta los intereses australianos fue la reticencia de la Administración laborista a enviar a Afganistán efectivos adicionales a los casi 1 100 desplegados allí cuando llegó al poder, a pesar de las presiones del Gobierno de Obama. No obstante, ante tales apremios, no le resultaba fácil ser consecuente con su propósito de concentrarse más en su entorno inmediato, y a finales de abril de 2009, envió más de 400 soldados al país centroasiático, aunque precisó que no eran tropas de combate.
Por otra parte, el Gobierno de Rudd se propuso lograr un mayor balance entre su tradicional alianza con EE.UU. y los cada vez más esenciales lazos económicos con China, y no se mostró dispuesto a seguir los pasos de la Administración Bush, si ello implicaba traspasar ciertos límites que pudieran afectar sus intereses.
Así, por ejemplo, rehusó seguir participando en la estrategia de “contención” de China que cobró impulso desde principios de 2006, y confirmó la continuidad del Diálogo Estratégico entre ambos, acordado en septiembre de 2007.
Igualmente, para evitar que Beijing pensara que apoyaba la incorporación de India a su “contención”, como pretendía Washington, e hizo su predecesor, decidió no continuar alentando el ya referido diálogo cuadrilateral Australia- EE.UU.-Japón-India.
Por razones similares, dio marcha atrás a un acuerdo para suministrar uranio a la India concretado por su antecesor, que soslayó que este Estado no era signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, con lo cual se apartaba de la posición tradicional de su país. Sin embargo, mantuvo uno análogo para proporcionar ese mineral a Beijing.
Las diferencias entre Washington y Canberra en torno a la actuación en política exterior respecto a Beijing no han sido tan evidentes desde que asumió el poder la actual Administración estadounidense. No obstante, Australia ha seguido alentando una línea de acción más moderada que la de su principal aliado, evitando innecesarias provocaciones a China, y es muy probable que evalúe cuidadosamente cualquier solicitud de este que pueda poner en riesgo sus relaciones con el gigante asiático.
El Gobierno de Obama no escapa a la influencia de poderosas fuerzas internas que alientan una política menos conciliatoria que la que proclama en relación con China, Estado al que sigue juzgando como su principal competidor estratégico.
Decisiones adoptadas este año, que provocaron violentas reacciones de Beijing lo demuestran. Entre ellas, la venta de armas a Taiwán por valor de 6 400 millones de dólares, y el recibimiento por Obama, el pasado 18 de febrero, del Dalai Lama, líder espiritual del Tíbet, que permanece en el exilio desde una sublevación fallida contra las autoridades chinas en 1959, y que estas consideran un separatista y un traidor.[1]
Pero no debe movernos a engaño que la Administración Rudd haya sido menos incondicional a Washington que su predecesora, y pensar que por ello subestimaba la trascendencia de su alianza con este o que la misma se hubiera debilitado
Las tropas australianas permanecen en Afganistán, decisión que ratificó Julia Gillard al convertirse en Primera Ministra, a pesar de la creciente oposición de la población del país. Más recientemente, la confirmó Rudd, como Canciller del Gobierno formado tras las elecciones federales del 21 de agosto.
En cuanto a Beijjing, tampoco Australia se ha distanciado demasiado de las posiciones en política exterior de EE.UU. Su percepción acerca de la “amenaza” económica y militar de China[2] y la conciencia de la desproporción entre sus fuerzas y las de este Estado, poseen el potencial de contrarrestar, en alguna medida, los efectos de la ampliación de sus vínculos comerciales en la adopción de una política más “moderada” que la de Washington respecto al mismo, y puede convertirse en una eventual fuente de contradicciones entre ellos.
Como resultado, sus relaciones políticas no están exentas de fricciones, algunas de ellas vinculadas con las consideraciones de Canberra sobre la existencia de violaciones de los derechos humanos en el Tíbet, con lo cual sigue secundando a EE.UU. en su campaña de descrédito del Gobierno chino.
Asimismo, Australia reconoce la soberanía del gigante asiático sobre sus provincias occidentales, pero concedió visa para que la líder del Congreso Mundial Uigur, Rebiya Kadeer, asistiera a la proyección de un documental sobre su vida en el Festival Internacional de Cine de Melbourne, lo cual motivó la enérgica protesta del Gobierno chino, que la responsabiliza con los incidentes de julio de 2009 en la región autónoma de Xinjiang, que causaron más de cien muertos.
Por otra parte, la participación australiana en la conspiración liderada por Washington para satanizar a los Gobiernos de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y la República Islámica de Irán, y en la reciente escalada agresiva contra los mismos, corrobora también la trascendencia que la alianza con EE.UU. tuvo para el Gobierno de Rudd y mantiene para el de Julia Gillard.
Australia cuenta con un sistema de regulaciones cuidadosamente diseñado para poner en vigor las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyo incumplimiento puede conllevar penas muy severas.
Pero, específicamente en la ejecución de las medidas aprobadas por este órgano a instancias de Washington contra la RPDC e Irán, ha demostrado un celo encomiable. Además, ha puesto en práctica otras sanciones contra ellos —desde 2006 las de Corea del Norte y a partir de octubre de 2008 las de Irán—, que actualiza sistemáticamente.
En el caso de Irán, el secretario de Estado asistente estadounidense para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, Kurt Campbell, reconoció el 8 de mayo de 2010, según The Australian, que Australia había sido clave en la campaña diplomática para convencer a otros de lo “inaceptable” de las acciones iraníes y de la importancia de una respuesta internacional concertada.
El diario australiano se refirió entonces a la posibilidad de que Washington pidiera cooperación a Canberra en una estrategia para presionar a Irán que fuera más allá de las sanciones del Consejo de Seguridad, a fin de lograr que renunciara a lo que llamó “sus ambiciones de desarrollar armas nucleares”.
Como respuesta a tal solicitud, o buscando hacer méritos a los ojos de su principal aliado, el pasado 10 de junio, Stephen Smith, en ese momento Canciller australiano declaró que su país se comprometía no solo a aplicar en el plazo más breve posible la cuarta ronda de sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad mediante su Resolución 1929, del día anterior, sino que estaba listo para adoptar medidas más duras, incluyendo otras autónomas adicionales.
El 15 de junio, Smith anunció efectivamente que se impondrían sanciones a dos entidades y un individuo, por ayudar a Irán a violar las resoluciones 1737 (diciembre de 2006), 1747 (marzo de 2007), y 1803 (marzo de 2008), del Consejo de Seguridad.
Afirmó igualmente, que estas medidas —que elevaban a 21 los individuos y a 20 las organizaciones sujetas al régimen autónomo de sanciones contra Irán—, combinadas con el riguroso cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad, ponían a Australia a la vanguardia de los países que presionaban a la República Islámica para detener su programa nuclear.
Para ello, Canberra incluso ha invocado varias veces la Weapons of Mass Destruction (Prevention of Proliferation) Act, de 1995 —un instrumento legal raras veces usado, que otorga poderes especiales al Ministro de Defensa para prevenir la proliferación de las armas de destrucción masiva—, lo que según el ex primer ministro Rudd, se correspondía con la obligación de su Gobierno de actuar como sujeto internacional responsable.
Llama poderosamente la atención que el Gobierno australiano no haya actuado con igual “responsabilidad internacional” en relación con Israel, que no ha firmado, a diferencia de Irán, el Tratado de No Proliferación Nuclear, y que subrepticiamente y con el beneplácito de EE.UU. y el resto de las potencias occidentales, y cuanto menos con el silencio cómplice de Australia, es hoy una de las principales potencias nucleares, un hecho que han sido muy cuidadosos en no reconocer oficialmente.
Es difícil además, conciliar la imagen de Canberra como “sujeto internacional responsable” y su posición en la Asamblea General de las Naciones Unidas ante los crímenes del Estado sionista contra la población palestina en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, opuesta a la de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, con excepción de EE.UU. y algún otro de sus satélites.
En otro orden de cosas, Australia, que tan activamente ha participado en la “guerra contra el terrorismo”, no ha condenado jamás los asesinatos selectivos de líderes y activistas palestinos, particularmente de Hamas, organizados por los servicios de inteligencia israelíes. Tampoco ha aprobado sanción alguna por tales acciones, que no pueden considerarse, como pretende Israel, realizadas en defensa propia, sino que califican como actos de terrorismo de Estado.
Sí reaccionó cuando se hizo público, en marzo de 2010, que para perpetrar el asesinato del dirigente de Hamas Mahmoud al-Mabhouh en enero pasado, en Dubái, agentes del Mossad utilizaron pasaportes australianos falsificados. Pero la respuesta no la provocaron los hechos en sí mismos, sino considerar que el procedimiento para ejecutarlos no se correspondía con el modo de actuar de un amigo.
De cualquier forma, a lo más que se llegó fue a la expulsión, reportada por la edición digital del periódico Haaretz, del representante del Mossad en la Embajada israelí en el país.
Canberra también se abstuvo en la votación en la Asamblea General de la ONU de una resolución que demandaba que se investigaran posibles crímenes de guerra cometidos cuando Israel invadió Gaza en diciembre de 2008, modificando así su tradicional postura de votar con EE.UU. para mostrar todo el apoyo posible al Estado sionista.
El entonces Canciller australiano declaró que la abstención no tenía relación con el escándalo de los pasaportes falsos, pero una fuente del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio dijo al The Sidney Morning Herald que debía entenderse como una clara señal para Israel de que no diera por sentado el apoyo de Australia.
A diferencia de su posición ante los asesinatos selectivos israelíes, el ex primer ministro Kevin Rudd fue uno de los primeros líderes mundiales en condenar a la RPDC por el hundimiento, en marzo de 2010, de la corbeta sudcoreana Cheonan.
Curiosamente, especialistas navales australianos integraron el Joint Investigation Group, que reportó el hallazgo de evidencias terminantes de que el Cheonan fue impactado por un torpedo de fabricación norcoreana. Esta conclusión, reiteradamente negada por el Gobierno de la RPDC, en realidad desafía toda lógica, si se valora la posibilidad real de que un submarino norcoreano de factura soviética, fabricado hace más de medio siglo, pudiera hundir al buque insignia de la Marina de Corea del Sur, un cazasubmarinos dotado de la más moderna tecnología.
El incidente fue, sin dudas, un nuevo pretexto para endurecer aun más las presiones de EE.UU. y sus aliados contra Corea del Norte. En el caso de Australia, el actual sistema de medidas para llevarlas adelante, es ya de por sí extraordinariamente abarcador, e incluye un amplio abanico de regulaciones para poner en vigor las resoluciones 1718 (2006) y 1874 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como un régimen autónomo de sanciones.
Este régimen comprende restricciones financieras específicas implementadas por el Reserve Bank of Australia contra compañías e individuos vinculados al programa nuclear de la RPDC o a otros de desarrollo de armas de destrucción masiva, la prohibición a los ciudadanos de Corea del Norte de obtener visa para viajar a Australia, y a los buques con bandera de ese país de acceder a puertos australianos.
Habría que ver si el Gobierno australiano formado a duras penas tras las últimas elecciones federales introduce algún cambio en la proyección del país en política exterior. Es poco probable que si hay alguno, sea significativo, mucho menos en lo tocante a la tradicional posición de Canberra respecto a Corea del Norte, Irán e Israel.
Sin importar que estén en el poder laboristas o conservadores, la lealtad de Australia a EE.UU. está garantizada, y los amigos de su principal aliado no dejarán de ser sus amigos, y los “enemigos” de este seguirán siendo, a su vez, sus “enemigos”.
[1] Aunque el Dalai Lama ha visitado Australia en tres ocasiones desde noviembre de 2007, no fue recibido oficialmente por Kevin Rudd en su condición de Primer Ministro del país.
[2] Sobre la percepción de Australia acerca de la "amenaza" militar y económica china, ver el artículo del autor: Australia-EE.UU: A casi 60 años de una alianza entre imperios.
Usted puede acceder a una versión ampliada de este artículo en:
-
Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (I)
-
Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (II)
-
Australia en el siglo XXI: una lealtad a EE.UU. a toda prueba (III y final)
