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ASUNCIÓN, marzo 26.— Más de 200 policías paraguayos con el apoyo de helicópteros desalojaron a decenas de familias campesinas ocupantes de una estancia y destruyeron sus viviendas y sembradíos en el departamento de Canindeyú.
El hecho, que constituye el último incidente de su tipo en la lucha de los labriegos sin tierras, se desarrolló mientras indígenas de la comunidad Sawhoyamaxa, en el departamento de Caaguazú, siguen firmes en sus terrenos ancestrales rechazando la venta hecha a compradores privados.
El desalojo de los campesinos se efectuó en el lugar conocido como Sidepar y el amplio despliegue policial fue acompañado por el fiscal Jalil Raschid, el mismo implicado en igual acción en junio pasado en Curuguaty con el balance de 11 campesinos y seis policías fallecidos.
Rachid fue impugnado reiteradamente por los abogados defensores de los campesinos presos por ese hecho debido a su estrecha vinculación con latifundistas de la zona y por la acusación que pesa sobre él por considerarse persigue a las familias rurales.
La operación tuvo como escenario una zona de 900 hectáreas reclamada desde hace años por las familias campesinas quienes alegan fueron adquiridas por los geófagos en forma ilegal con la venia de las autoridades.
En el lugar, los ocupantes habían levantado humildes ranchos y sembrado maíz y frijoles para su propia alimentación, pero máquinas topadoras se encargaron de destruir construcciones y siembras.
Estos incidentes con campesinos e indígenas, suscitados a poco más de una veintena de días de las elecciones señaladas para el 21 de abril, provocaron más protestas de organizaciones progresistas y se señalaron como expresión del difícil problema de la tenencia de la tierra en Paraguay.
