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Pese a la detención del decreto, las protestas se han mantenido por varios días. Autor: Reuters Publicado: 21/09/2017 | 06:49 pm
BUCAREST, febrero 9.— El ministro de Justicia rumano, Florin Iordache, anunció este jueves su renuncia, tras una ola de protestas populares sin precedentes contra un decreto del Gobierno que flexibilizaba la legislación anticorrupción.
«Decidí presentar mi renuncia», declaró Iordache, uno de los artífices del decreto promulgado el 31 de enero por el Gobierno, que finalmente lo abolió el domingo ante la amplitud de las manifestaciones, reportó AFP.
Medio millón de rumanos se lanzaron a las calles de las grandes ciudades del país para manifestarse contra la voluntad del Gobierno socialdemócrata de despenalizar ciertas formas de abusos de poder por parte de los dirigentes y responsables políticos, medida también muy criticada por la Unión Europea (UE).
«Desde que llegué al Ministerio de Justicia, he realizado todas las gestiones necesarias para remediar una serie de problemas sensibles (...) Todas mis iniciativas han sido legales y constitucionales», se defendió Iordache durante una rueda de prensa en la sede del Gobierno rumano.
Florin Iordache, de 56 años, se convirtió en ministro de Justicia tras haber trabajado como ingeniero en una fábrica de muebles. También fue alcalde y diputado. El Gobierno aún no ha comunicado el nombre de su sucesor.
El miércoles, el primer ministro, Sorin Grindeanu, logró mantener a flote su Gobierno tras el fracaso de una moción de censura en el Parlamento.
RT amplía en su página web las causas de la protesta. Desde el pasado martes, el Gobierno aprobó por vía de urgencia un decreto ley que despenalizaba los casos de corrupción cuyo daño fuese inferior a 44 000 euros, modificación penal que iba acompañada de un indulto a 2 700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.
Los partidos de la oposición, el presidente del país, Klaus Iohannis, así como la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y algunos países como Alemania y Francia, criticaron duramente el decreto, que provocó un descontento masivo.
Así, cuatro días después del inicio de las manifestaciones, el Gobierno se vio obligado a retirar el polémico decreto y el Primer Ministro aseguró que no quería que la sociedad rumana se dividiera, por lo cual negociaría con la oposición un nuevo proyecto de ley que cuente con el máximo respaldo posible.
Sin embargo, la rectificación no ha servido para aplacar el descontento de los ciudadanos, que continúan manifestándose en la capital, sobre todo en la plaza Victoria, y en otras ciudades para exigir la dimisión del Ejecutivo y repetir las elecciones, algo que se niega a hacer el PSD (Partido Socialdemócrata) por considerarlo un pretexto para forzar el cambio del poder.
