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Exguerrilleros en Colombia han intentado retornar a la vida civil del país. Autor: Revista Semana Publicado: 04/05/2018 | 08:21 pm
Las cabezas de 15 exmiembros de las guerrilleras FARC-EP, hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tienen precio en Estados Unidos. Según se ha develado, el Departamento de Estado ofrece por ellos «recompensas» —como en las historias de vaqueros— que sumarían un total de 42,5 millones de dólares.
Pero el fin de la guerra no lo es todo. Es más: sin paz social, un nuevo conflicto armado puede estallar.
Las amenazas que desde hace meses se ciernen sobre los antiguos guerrilleros no solo ponen en riesgo su integridad sino su confianza en lo pactado y eso pudiera horadar algún compromiso; una posibilidad que, llegado el caso, estaría matizada por las circunstancias.
Hubo quejas por falta de infraestructura en algunas de las zonas veredales durante el proceso de desmovilización.
Tampoco han fluido —no en todas partes, al menos—, los mecanismos para la incorporación a la vida socioeconómica, como se constata de las declaraciones al diario digital El Espectador del exinsurgente Omar de Jesús Olmedo, fechadas en Medellín, estado de Antioquia, ante el señalamiento de que muchos de sus compañeros habían salido de los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización.
Según Olmedo, aquellos «se han ido moviendo a buscar entornos que los favorecen; están buscando resolver sus problemas de subsistencia, buscando afectos con sus familias y con las comunidades, y con la idea de generar proyectos productivos. Pero no se han movido de manera desorganizada».
«El Gobierno no ha cumplido con los planes de reincorporación», había dicho el entrevistado antes de reconocer que los Espacios pactados para ello están lejos de las carreteras y eso dificulta la comercialización.
Obviamente, implementar lo pactado no iba a ser fácil, como ha recordado el presidente Juan Manuel Santos, impulsor del proceso junto con la guerrilla. Y los problemas de infraestructura podrían ser comprensibles en medio de un entramado tan amplio y complejo como la desmovilización, y la vuelta a la vida social y política de Colombia de un movimiento guerrillero con presencia en buena parte de ese inmenso país, y con más de 50 años de vida.
Pero el elemento humano como preocupación y posible peligro para la consecución de lo firmado, aflora con fuerza.
El hoy partido FARC ha denunciado el asesinato de 36 de sus compañeros desde la firma de los Acuerdos, en noviembre de 2016, una cifra que se extendería a 50 si se cuenta a familiares o allegados, y en medio de un panorama donde también se constata la violencia contra los líderes sociales.
Mientras, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) reveló esta semana que 138 líderes sociales fueron asesinados en 2017, lo que supone un incremento del 20 por ciento en relación con el año anterior, ¡cuando aún la paz no estaba firmada!
Ahora enciende aún más las alarmas esa información revelada por El Tiempo, que da cuenta de la persistencia —¿por olvido o a propósito?— de 15 excombatientes en las injustas y mentirosas listas negras de Washington.
La develación ocurre en un momento particularmente preocupante. Está en la cárcel —y en huelga de hambre como medida de protesta—, el excomandante insurgente Jesús Santrich, quien fungió como miembro del equipo negociador de las FARC-EP en la mesa de diálogo con el Gobierno.
Se le ha apresado a tenor de una acusación, no probada, por presunto tráfico de cocaína, que formuló contra él un juez de Nueva York, quien circuló la orden a Interpol.
Aunque algunos aseveran que la supuesta causa debe ser ventilada por la justicia de Colombia y otros defienden que corresponde a la Jurisdicción Especial de Paz —mecanismo creado a tenor de lo pactado para ventilar delitos de los desmovilizados cometidos después de la firma—, lo concreto es que aún hoy se desconoce si su futuro será el mismo de Simón Trinidad, el alias de Ricardo Palmero, quien fue extraditado a EE. UU. en 2004 bajo el Gobierno de Álvaro Uribe, y cumple prisión en una cárcel de Colorado.
Una información circulada por el diario estadounidense The Wall Street Journal y desmentida por la Fiscalía en Bogotá, siguió encendiendo luces rojas. La nota afirmaba que Estados Unidos investiga al excomandante Iván Márquez, hoy senador y jefe de la delegación guerrillera en las pláticas.
Las reacciones fueron de alarma tanto por parte del FARC, como de personalidades vinculadas de algún modo con el ejecutivo. El exvicepresidente y jefe negociador del Gobierno de Santos, Humberto de la Calle, declaró que «se están tirando la paz (...) este es un llamado nacional (...) vamos a la guerra con los ojos cerrados».
El propio Márquez también manifestaría esos temores. «El deber moral es salvarla (la paz) a toda costa como el más trascendental acuerdo logrado por Colombia en las últimas décadas».
En tanto, el senador por el Polo Democrático y acompañante de la fragua de la paz, Iván Cepeda, advirtió en Twitter que si el proceso «se ve sometido a las presiones y decisiones arbitrarias de las agencias antidroga de EE. UU., su estabilidad se pone en alto riesgo».
En declaraciones a una radio de Colombia, Cepeda aseveró que «el proceso de paz está pasando por su momento más difícil», y calificó como un hecho de alta gravedad lo relacionado con Iván Márquez, si llegara a comprobarse.
Cierto que se han implementado una parte de los puntos acordados, como la creación de la mencionada Jurisdicción, el otorgamiento a la exguerrilla de los curules que le corresponden en la Cámara y el Senado, la entrega de 300 000 hectáreas a víctimas del conflicto, y la misma entrega de las armas.
Pero será muy difícil la paz si no hay respeto a la vida.
