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Quieren aplicar el mismo esquema que utilizaron contra Lula Autor: Reuters Publicado: 20/11/2018 | 08:28 pm
BRASILIA, noviembre 20.— El excandidato presidencial por el Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, será enjuiciado en el estado de Sao Paulo por cargos de presunta corrupción pasiva y lavado de dinero, informaron el lunes medios locales, citados por Telesur.
Leonardo Barreiros, juez quinto criminal de Barra Funda —uno de los foros de Justicia de la capital económica de Brasil—, consideró «procedente» la denuncia que la Fiscalía presentó contra Haddad en septiembre pasado, por supuestos manejos irregulares en su campaña para la alcaldía de Sao Paulo, de la que fue titular.
El Ministerio Público procesa también a cuatro personas más, entre ellas una figura clave en su acusación. Se trata de Joao Vaccari Neto, tesorero del PT durante la gestión de Haddad como alcalde de Sao Paulo (2013-2016).
La Fiscalía basó su denuncia apenas en la confesión del empresario Ricardo Ribeiro Pessoa —uno de los acusados—, quien es presidente de la constructora UTC Engenharia, y sostuvo que le dio a Haddad unos 2,6 millones de reales (unos 702 702 dólares).
Pessoa afirmó que la cantidad fue solicitada por Vaccari y aportada «como soborno» a cambio de favorecer a la empresa en la contratación con la administración pública. Sin embargo, el abogado defensor de Vaccari resaltó que su cliente nunca fue tesorero de la campaña electoral, ni solicitó recursos.
«La denuncia es un intento de reciclar la ya conocida delación de Ricardo Pessoa, que no tiene credibilidad. Con ese mismo testimonio, sobre los mismos hechos de un delator cuyo relato ya fue desconsiderado por la Corte Suprema, la Fiscalía hizo una denuncia por irregularidades electorales que no fue acatada por la Justicia», respondió Haddad en un comunicado.
La acusación precedió a la campaña electoral por la presidencia, y aunque había sido descartada por el máximo ente judicial, vuelve a aflorar luego del triunfo electoral del ultraderechista Jair Bolsonaro, y a pesar de que hace meses un dictamen de la Corte Constitucional decretó como inválidas las llamadas «delaciones pagadas» al estilo de las de Pessoa, que carecen de pruebas, se basan únicamente en los testimonios de alguien. Por demás, ese testimoniante es un acusado o un sancionado por la ley que, a cambio, obtiene beneficios tales como rebajas de condenas.
Se trata del mismo esquema aplicado contra Lula en torno a su presunta posesión turbia de un apartamento en Guarujá, y en razón de lo cual se le ha condenado en segunda instancia a 12 años de cárcel. Mientras, el fiscal de su causa, Sergio Moro, es «ascendido» por Bolsonaro a ministro de Justicia, cartera que ocupará cuando el presidente electo asuma en enero.
