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Ciudad de Mexico, julio 28.— México se convirtió en el epicentro de las nuevas revelaciones sobre el software espía Pegasus, elaborado por la empresa israelí NSO Group para supuestamente investigar a organizaciones terroristas.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reveló que las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), estarían involucradas en la vigilancia de políticos, empresarios y periodistas a través de Pegasus.
Una investigación de medios y organizaciones internacionales reveló que la firma israelí NSO Group, que supuestamente vende programas para espiar a terroristas y grandes criminales, ha intervenido por lo menos 50 000 celulares en más de 50 países.
La mayor cantidad de ataques ocurrió en México, en donde a través de los programas se intentó o logró intervenir más de 15 000 móviles, dijo una información de RT.
A raíz de este escándalo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela Rodríguez, informó este miércoles que encontraron 31 contratos firmados con empresas vinculadas a NSO Group que fueron concertados por distintas instancias de seguridad durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto.
De ellos, 16 fueron encontrados en la documentación de la extinta Policía Federal, dos convenios más fueron suscritos por la Secretaría de Gobernación, siete más por el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en el Servicio de Protección Social se detectaron dos adquisiciones, y el Centro Nacional de Inteligencia, anteriormente Cisen, reportó cuatro contratos.
En total, se destinaron más de 61 millones de dólares de las arcas públicas para la «adquisición de software, hardware, de bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos», según explicó Icela Rodríguez en conferencia de prensa matutina.
La información sobre estos contratos firmados por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto ya fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR), la instancia encargada de las investigaciones sobre el escándalo de espionaje en México.
En ese sentido, Icela Rodríguez dijo que la información entregada a la FGR tiene como propósito que se llegue a los «responsables de esta ilegal práctica, que violó la intimidad de periodistas, políticos, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos humanos y legisladores».
