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Chilenos podrían aprobar hoy las pautas legales para el cambio

Los estudios de opinión dados a conocer predicen que el Rechazo a un nuevo proyecto constitucional obtendrá este domingo en Chile la mayoría necesaria

Autor:

Marina Menéndez Quintero

La cristalización de los reclamos populares de décadas bajo las leyes que ha dejado el dictador Augusto Pinochet, puede conseguirse con el proyecto de nueva Carta Magna que se vota hoy en Chile.

Se trata de un texto centrado en hacer valer los derechos para una vida humana con la mayor equidad y justicia social posibles en consonancia, además, con la preservación de la naturaleza…

Sin embargo, los sondeos adelantan la posibilidad del triunfo del Rechazo, segunda de las opciones que aparece en las boletas junto al Apruebo, lo que desdeciría al casi 80 por ciento de la ciudadanía que en el referendo de entrada, realizado en octubre de 2020, votó a favor de un proceso constituyente que elaborara, como se ha hecho en un año, la nueva Constitución.

Los estudios de opinión dados a conocer predicen que el Rechazo obtendrá este domingo la mayoría necesaria de más del 50 por ciento de los votos —oscilan entre 51 y 55 los puntos porcentuales— con entre cuatro y 12 dígitos de diferencia sobre el Apruebo.

Y pudiera explicarse. Observadores que pisan el terreno y usuarios de las redes sociales, han denunciado la labor de zapa denoticias falsas echadas a rodar por los enemigos del cambio que plasma la propuesta; fake news que han tergiversado el sentido de algunos de los artículos entre el total de 388 con que cuenta el proyecto de ley de leyes.

Esas noticias falsas habrían dado lugar a confusión y erróneas interpretaciones que, tal vez, haya sido difícil  esclarecer para contrarrestar la manipulación, cuando apenas han mediado dos meses desde la entrega del texto por la Convención Constitucional que lo redactó y la votación de este domingo.

Pero hay previsiones totalmente distintas, como las de estudios matemáticos de predicción basados en el análisis de los pronunciamientos en las redes sociales, y no en el cuestionario hecho a los electores. Esas investigaciones han vaticinado que el triunfo será del Apruebo.

Dos instituciones que practican dicho método, Espacio político y Daoura, auguran, respectivamente, 55,1 y 56 por ciento a favor de darle vía libre a este
proyecto de nueva Constitución. Un triunfo del Apruebo.

En medio de la dicotomía, pocos fuera de esos expertos se atreven a dar adelantos con carácter absoluto. El panorama se torna de más complicada predicción, además, porque esta será la primera elección en la historia chilena a la que es obligatorio acudir, lo que, según analistas locales, haría que un segmento poblacional generalmente abstencionista y  que está entre los ciudadanos de más edad, acuda y, probablemente, vote de manera negativa.

Pero habría que ver si el resto de aquella amplia y combativa masa de manifestantes que en el año 2019 hizo confluir todas sus distintas demandas sectoriales en la exigencia de una nueva Constitución, y que ahora no engrosa en su totalidad los índices del Apruebo según las encuestas, ha resultado,en verdad, totalmente confundida.

Democracia participativa, justicia socialy soberanía

Tras la Carta Magna propuesta se adivina un trabajo profundo de los 155 miembros de la Convención Constitucional —la Asamblea Constituyente— que la redactó, y la presencia en ella de representantes de ese pueblo cuyas aspiraciones de vida digna han sido postergadas desde 1973 hasta hoy.

El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; sistemas paritarios para acabar con la discriminación de género contra las mujeres y para que ellas igual que los «hombres, con sus diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva»; la promoción del diálogo «intercultural, horizontal y transversal», y del «buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad», resultan apenas algunos postulados que dan cuenta de la democracia «inclusiva y paritaria» que se persigue, y en la que se establece como un «deber del Estado asegurar la igualdad del trato y oportunidades».

«En Chile», afirma el Artículo 25, «no hay persona ni grupo privilegiado».

Junto a esa afirmación angular en un entorno de diferencias están recogidos también otros asuntos puntuales que tienen que ver con la vida ciudadana como la propuesta de un Estatuto de las Aguas, un recurso hoy privatizado, y el acceso al cual se declara como un derecho humano y de la naturaleza.

O la proclamación de que el Estado tiene «el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio», un principio esencial para un país donde la explotación de su recurso mineral esencial, el cobre, fue vuelto a poner en manos de las trasnacionales.

El proyecto declara a la salud como un derecho de todas las personas y estipula que corresponde únicamente al Estado la rectoría de ese sistema sin descartar la existencia de las instituciones privadas, así como toca otros dos puntos neurálgicos para la sociedad chilena, que han alimentado recurrentemente sus protestas: la seguridad social y la educación.

Acerca de la primera define que será el Estado —y no las llamadas aseguradoras privadas, como es hasta hoy— el que definirá la política de seguridad social.

En cuanto a la educación, esfera cuyo carácter lucrativo y de-
sigual calidad hizo aflorar las primeras muestras de insatisfacción mediante las protestas estudiantiles de 2006 y 2011, el proyecto establece su acceso como un derecho y declara que debe regirse por «los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de   género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución».  También asevera que «la educación se orienta hacia la calidad (…)».

No obstante el carácter angular de estos preceptos, las transformaciones sentadas en el proyecto que más comentarios parecen haber despertado son la propuesta de desaparición del Senado y el nacimiento de la llamada Cámara de las Regiones como órgano deliberativo del poder legislativo, compuesto por representantes regionales electos en sus localidades, y la declaración del carácter plurinacional que adquiriría la República chilena, en reivindicación de los pueblos y naciones originarias que lo componen, hasta hoy postergadas.

No habría nada perdido

No debiera entenderse que un eventual rechazo del texto signifique que fueron a parar al vacío, al final, las movilizaciones que obligaron al expresidente derechista Sebastián Piñera a dar paso al proceso constituyente.

Aquellas jornadas, que reflejaron el hastío de décadas durante las cuales el neoliberalismo profundizó las diferencias sociales y la exclusión de amplias capas poblacionales, fueron también catalizador de las conciencias y preámbulo de la elección, el 19 de diciembre de 2021, del primer gobierno progresista en la historia de Chile desde el golpe de Estado de 1973 y la instauración de la dictadura militar que aniquiló al Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y sus conquistas.

El cambio ha llegado de la mano de Gabriel Boric; un cambio sin estridencias ni giros bruscos que no debiera constituir amenaza para nadie, pues no pretende derrumbar de un hachazo la armazón económica sobre la que se yergue el país, sino, apenas, devolver la dignidad y la soberanía a los chilenos sobre sus recursos, y despojar sus destinos del fatalismo de un modelo excluyente que erigió el crecimiento macroeconómico y el lucro de las minorías sobre la miseria de las mayorías, y sobre las vidas de quienes fueron asesinados, torturados o desaparecidos por el pinochetismo, precisamente, para imponer el neoliberalismo.

Las pautas para que ese modelo se eternizara quedaron estampadas en la Constitución de 1980, esa que hoy podría quedar borrada.

Boric lo necesita. Sin una nueva Carta Magna que cambie las bases de las leyes no será posible llevar adelante el programa de la alianza Apruebo Dignidad, ni cumplir el mandato de  quienes hace dos años se pronunciaron por una Constitución nueva.  

Por eso no debe sorprender su aseveración, durante declaraciones a un medio de prensa local, de que, si hoy gana el Rechazo, otro proceso constituyente comenzará de nuevo.

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