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El principio de máxima seguridad en las prisiones modernas vulnera las garantías individuales de los reclusos. Autor: AFP Publicado: 25/02/2023 | 07:58 pm
Desde la época de la guerra civil que desangró la sociedad salvadoreña entre 1979 y 1992, el país centroamericano no había vuelto a ser foco de atención de los medios de prensa y los especialistas en las ciencias políticas.
Esta expectación se ha generado en el lapso de los últimos meses en el que se aprobó el régimen de excepción. Dicha estrategia ha sido concebida por el presidente Nayib Bukele con vistas a erradicar las organizaciones pandillistas —con la Mara Salvatrucha a la cabeza— que han generado un saldo oneroso de violencia e inseguridad para la población civil.
Entre las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Bukele para revertir esta situación de inseguridad, se encuentra la proyección del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cuyo destino y ejecución no ha estado exento de polémica en los diversos sectores de la opinión pública.
Luego de la aprobación de la Ley Especial de Construcción de Centros Penales —que respaldara el Congreso de mayoría bukelista—, se impulsó el proyecto del Cecot, cuya ejecución fue confiada al Ministerio de Obras Públicas. Situado en la región rural de Tecoluca —ubicada a 75 kilómetros de la capital salvadoreña— la prisión cuenta con una capacidad aproximada para 40 000 reclusos. El centro penitenciario ocupa una extensión de 166 hectáreas, lo que lo convierte en el más grande de su tipo en el hemisferio.
El principio de máxima seguridad en las prisiones modernas vulnera las garantías individuales de los reclusos. Foto: AFP
El afán de erradicar la violencia social y el empoderamiento de las pandillas, había sido leitmotiv para los últimos gobiernos salvadoreños. La Corte Suprema de Justicia ya había asignado en 2015 el calificativo de terroristas a las maras, como parte de una cruzada con la que el Ministerio de Seguridad Pública pretendió revertir la sostenida tasa de homicidios y secuestros.
Con posterioridad a la toma de posesión de Bukele, fue aprobado un Código Penal y Procesal que imponía penas de privación de libertad superiores a los 20 años a los acusados que se les imputara algún vínculo con las maras centroamericanas.
La secuela de arrestos generada por el régimen de excepción —se contabilizaron más de 60 000 a partir de marzo de 2022— disparó la población carcelaria del Pulgarcito de América. Se ha registrado, a partir del estado de excepción, una disminución sustancial del índice de homicidios en la nación centroamericana —57 por ciento con respecto al año precedente—, lo cual ha sido divulgado como una victoria resonante del Gobierno de Bukele. No obstante, durante el proceso de captura de los supuestos pandilleros, se han reportado no pocos maltratos físicos, violaciones al debido proceso y muertes bajo arresto cautelar.
Conocido a nivel regional por sus dimensiones espaciales y arquitectónicas, el Cecot está dotado de infraestructura para poner en práctica la conocida fórmula de «vigilar y castigar». Muros revestidos de concreto, cámaras de seguridad, escáneres corporales, torres de vigilancia, celdas de castigo, barreras perimetrales electrificadas y fusiles de asalto son los elementos de que disponen los cientos de policías y miembros de las fuerzas armadas empleados en ese recinto.
Llama la atención la ausencia —notable incluso en establecimientos penitenciarios— de espacios recreativos, bibliotecas, salas de conferencias y pabellones de visitas para uso familiar, conyugal y judicial. El único contacto exterior admitido para los reclusos será con sus abogados a través de videoconferencias.
Los sistemas de vigilancia de la megaprisión de Tecoluca permite el monitoreo permanente de la población carcelaria. Foto: AP
La concepción punitiva con que ha sido concebida la megaprisión de Tecoluca resulta notoriamente lesiva a la corriente benefactora del Derecho Penal, que data de mediados del siglo XVIII. En ese período previo a la Ilustración, hombres de leyes como el italiano Cesare Beccaria y el británico John Howard abogaron por la humanización de los centros de reclusión y por la reinserción social de los encausados.
Estos conceptos filosóficos han sido incorporados en buena medida en el Reglamento de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos —cuyas pautas son conocidas también como Reglas Nelson Mandela—, en el que se definen normas prácticas y morales para la administración penitenciaria.
Es probable que el ministro de Obras Públicas de El Salvador, Romero Rodríguez, y el viceministro de Justicia y Centros Penitenciarios, Osiris Luna, no hayan contemplado la pertinencia de las Reglas de Mandela a la hora de proyectar el Cecot.
De haber sido atendida esta propuesta de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, no se hubieran reportado las violaciones a los derechos humanos que han denunciado la mayoría de los medios de comunicación durante el régimen de excepción.
Con independencia de las condiciones jurídicas, geográficas y socioeconómicas de cada país, existen principios básicos que todo sistema penitenciario debe garantizar: el respeto a la dignidad; la seguridad de reclusos y del personal carcelario; la provisión de servicios judiciales e higiénicos; el acato a las necesidades especiales de los reclusos en condición de vulnerabilidad; las oportunidades de trabajo, educación y de formación profesional.
Si bien el carácter punitivo de los procesos penales no es exclusivo de la nación salvadoreña, habría que cuestionarse cuánto se hubiera invertido en la infraestructura educativa y sanitaria con el coste erogado en la construcción y mantenimiento del Cecot.
A partir del momento que los gobiernos prioricen la inversión social en los niveles correspondientes, esos pueblos podrán avanzar hacia el desarrollo perdurable y la paz ciudadana.
Aunque han disminuido los índices de criminalidad en El Salvador, se genera preocupación por los procedimientos policiales. Foto: Amnesty International
