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BUENOS AIRES, septiembre 7.— A escasos días de que se conmemoren los 50 años del golpe militar que ahogó en sangre a Chile y acabó con el mandato de la Unidad Popular de Salvador Allende, el Gobierno argentino canceló al autor de la asonada y del régimen militar, Augusto Pinochet, y «a sus derechohabientes», la posibilidad de usar condecoraciones que le fueron otorgadas al dictador por Argentina, entre los años 1975 y 1993.
Se trata de la Orden de Mayo al Mérito, la Orden de Mayo al Mérito Militar y el collar de la Orden del Libertador General San Martín, que le fueron conferidas al general golpista por las políticas aplicadas durante la dictadura en su país.
El decreto 455, firmado por el presidente Alberto Fernández, fue publicado este jueves y considera que Pinochet «no es merecedor de la gratitud de la nación argentina, alguien que ejerció políticas que avasallaron la vida y degradaron la condición humana», adelantó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, la víspera.
La vocera añadió que reconocer a Pinochet con dichas insignias «ofende los valores y los principios rectores de nuestros próceres, y resulta incompatible con los valores que representan» esos galardones.
La decisión tiene lugar cuando distintas voces en ambos países intentan borrar la memoria histórica y cambiar el pasado, al pretender justificar el exterminio puesto en marcha tanto por la dictadura pinochetista como por los regímenes militares argentinos, promotores de un terrorismo de Estado que dejó más de 40 000 víctimas en Chile y más de 30 000 desaparecidos en Argentina, entre otros terribles saldos humanos.
Aunque Pinochet falleció en el año 2006, ese contexto otorga a la medida, enteramente justa, un carácter de mentís necesario frente a quienes manipulan los hechos.
Según explicó el diario Página 12, las condecoraciones habían sido entregadas a Pinochet por los presidentes Isabel Martínez de Perón en 1975 y por Carlos Menem en 1993, y por el dictador Jorge Rafael Videla en 1976.
La Orden de Mayo, que recibió el dictador chileno, fue una creación de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas de fines de 1957, ideada para condecorar a «civiles y militares extranjeros que se hayan distinguido por sus servicios y obras personales y merezcan la gratitud de la nación», explicó el periódico.
En febrero de 1975, en pleno apogeo de la Triple A y días después de firmar el primer decreto para «neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos» en Tucumán, la viuda de Juan Domingo Perón (Isabel) decidió otorgarle a Pinochet la Orden de Mayo al mérito militar. A fines de 1976, ya en pleno terrorismo de Estado en Argentina, Videla le confirió el collar de la Orden del Libertador San Martín.
El tercer capítulo de las distinciones a Pinochet lo protagonizó el gobierno de Menem. El 12 de febrero de 1993, durante una ceremonia en la Embajada argentina en Santiago, el embajador Eduardo Iglesias le entregó a Pinochet la Orden de Mayo al mérito, en el grado de Gran Cruz.
El decreto actual dispone que «queda cancelado para el ya fallecido Augusto Pinochet Ugarte y sus derechohabientes el derecho a usar las insignias» que le obsequiaron Isabel, Videla y Menem. En los fundamentos apunta que el 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe contra Allende, recuerda que como presidente de facto Pinochet «suspendió las garantías propias del Estado de Derecho e implementó una política de persecución y violación de los derechos humanos y, a causa de ello, fueron asesinados numerosos opositores y militantes políticos». Destaca también que él «ideó e impulsó, conjuntamente con otras dictaduras cívico-militares del continente, el Plan Cóndor, por el cual se desarrolló un sistema de cooperación clandestina a fin de perseguir a militantes políticos opositores fuera del territorio de sus países».
A meses de celebrarse el aniversario 40 de la recuperación de la democracia en la Argentina, «es necesario reivindicar los valores que dan vida al Estado de Derecho y rechazar cualquier acto negacionista del terrorismo de Estado, así como de las consecuentes violaciones a los derechos humanos», agrega el decreto.
Horas antes, en la Casa de Gobierno, Cerrutti destacó que «la Argentina ocupa un lugar central en el concierto de las naciones en el reconocimiento de la verdad, la justicia y la memoria, como los pilares para la construcción del orden democrático».
«En ese contexto y con la lucha de los organismos de derechos humanos siempre como baluarte para toda nuestra sociedad, tenemos que seguir luchando contra el negacionismo, contra el olvido y contra los intentos de impunidad», remarcó.
