La rica Santa Cruz sigue mostrando que es la base de esa oposición oligárquica que apuesta a fraccionar Bolivia. Y preocupa comprobar la extensión de sus tentáculos a las instituciones públicas, donde han encontrado —¿o se han agenciado?— a quienes ostentan sus mismas posiciones políticas.
Eso es lo que se colige luego de la escandalosa y peligrosísima decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia el viernes pasado, para trasladar las investigaciones en torno a los atentados de abril en la propia Santa Cruz, a sus irrespetuosos tribunales, faltos de toda credibilidad sobre todo desde su ilegal aprobación del referendo separatista del año pasado.
En consecuencia, la respuesta del gobierno del MAS ha sido todo lo rápida y tajante que la situación amerita: enjuiciará por prevaricación a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que decidieron el ilegal traslado de las investigaciones, utilizando procederes amañados, y sin guardar las formalidades y los actos judiciales necesarios, según reza el comunicado dado a conocer este lunes.
El de marras, es un proceso judicial angular para la nación andina. No debe olvidarse que en el caso de abril estaban liados personajes de origen europeo, identificados como una suerte de terroristas-mercenarios a quienes se les ocupó un importante alijo de armas, y que su propósito final era detener el proceso refundador mediante la escisión. La revelación de sus planes mostró que no habrían vacilado incluso en acudir al crimen político y, en última instancia, al magnicidio.
El caso, pues, tiene una tremenda vigencia. Y no solo por la necesidad de que quienes sobrevivieron a los enfrentamientos con la policía —que desarticuló la banda— tengan la pena merecida. El modus operandi parece mantenerse como opción para quienes quieren revertir el proceso liberador en marcha, como la demuestran los dos atentados explosivos perpetrados la semana pasada en La Paz, al precio de varios heridos. Y, por otra parte, Santa Cruz seguirá pujando hacia el separatismo como cabeza política de la oposición, y pasándoles por encima, incluso, a los propios partidos.
En ese marco, tan perniciosa sería la impunidad de los complotados de abril —que es lo que busca la ilegal decisión de la Corte Suprema— como oportuna su descabellada y abusiva acción. No solo porque ha permitido comprobar hasta dónde está penetrada de ilegalidad esa decisiva instancia judicial, sino porque ha abierto la posibilidad de limpiarla.
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