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La abundante evidencia del atropello parece no bastar para condenar a Marruecos. Autor: Getty Images Publicado: 21/09/2017 | 05:03 pm
Nueva York, noviembre 16.— El Consejo de Seguridad de la ONU inició este martes los debates sobre la crisis que atraviesa el Sahara Occidental, tras los violentos altercados de la semana pasada cuando las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron por la fuerza un campamento saharaui en las afueras de El Aaiún, capital de ese territorio.
El Consejo escuchó ya escuchó el informe al respecto preparado por Abdul Kharé, número dos del Departamento de Operaciones de Paz del organismo, al igual que al enviado especial del secretario general para el Sahara Occidental, Christopher Ross, reportó EFE.
«La ONU no tiene ninguna información que proporcionar porque nunca ha estado sobre el terreno, ya que Marruecos se lo impidió», dijo antes del comienzo de la reunión el representante del Polisario en la ONU, Ahmed Bujari, al ser preguntado por el informe del Departamento de Operaciones de Paz del organismo internacional.
De esta sesión, convocada a petición de México y que se celebra a puerta cerrada, no se espera que se adopten acciones concretas en respuesta a las denuncias saharauis de violaciones de los derechos humanos.
«Son consultas, eso es lo único que puedo decir», señaló el presidente de turno del Consejo, el embajador británico Mark Lyall Grant al entrar a la sala de reuniones.
El Polisario entregó el lunes a la presidencia del Consejo de Seguridad una carta en la que pide el envío de una delegación a la ex colonia española para «establecer un relato fidedigno de los acontecimientos de la semana pasada».
Tras los disturbios, Marruecos reconoció la muerte de 13 personas (11 agentes marroquíes y dos civiles saharauis) en el desalojo del campamento de protesta saharaui y los posteriores altercados en El Aaiún, mientras que el Frente Polisario afirma en la carta enviada al Consejo que fueron 36 los saharauis muertos a causa de las acciones de las fuerzas de seguridad marroquíes, mientras que la de heridos es de 700 y otras 163 personas permanecen detenidas.
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Trinidad Jiménez, se ha negado una vez más a condenar la actuación de las fuerzas marroquíes, hasta no disponer de «datos confirmados» sobre los sucesos, porque lo contrario sería «especular».
Según Europa Press, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Jiménez ha opinado que el Gobierno español no puede ir más allá de expresar su «profunda preocupación» por los sucesos, reclamar que se deje trabajar a los medios de comunicación internacionales, pedir respeto a los derechos fundamentales y exigir una investigación de lo ocurrido porque «los hechos tienen consecuencias, pero los pronunciamientos sin datos también los tienen».
En tal sentido, dice confiar en que en los próximos días se informe del «número real» de víctimas que provocaron los sucesos mencionados, porque las cifras que circulan en la actualidad, España no las considera «fehacientes».
Durante la jornada, la campaña «Armas Bajo Control» —a la que pertenecen Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam— reclamó al Gobierno español que suspenda de forma preventiva las ventas autorizadas y aún no ejecutadas (unos 50 millones de euros en aeronaves) a Marruecos, hasta que se investigue de forma independiente el ataque marroquí al campamento de El Aaiún.
