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El reclamo de soberanía marítima exigido por Bolivia a Chile se consolida con la reciente decisión de La Paz de llevar el caso ante La Haya. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 21/09/2017 | 05:08 pm
Durante más de cien años Bolivia ha exigido a Chile una franja de tierra que se extienda desde su territorio hasta el océano, y por más de cien años ese derecho le ha sido negado.
Si bien es cierto que en el 2006 la ex mandataria chilena, Michelle Bachelet, y el presidente boliviano, Evo Morales, impulsaron una agenda de 13 puntos que incluye el asunto marítimo como contenido esencial, en un intento de reanimar las relaciones bilaterales, las conversaciones en torno a ese temario se encuentran estancadas.
Debido a este letargo y a las dilaciones de La Moneda, la administración del presidente Evo Morales —paralelamente a la agenda de 13 puntos— anunció recientemente su decisión de llevar a la Corte Internacional de La Haya la centenaria demanda, recurso contemplado en la nueva Constitución del Estado Plurinacional si las conversaciones con Chile resultasen insuficientes para las exigencias de La Paz.
Según lo que establece el artículo transitorio número nueve de la Carta Magna, «el Gobierno denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución», por lo que se abre la posibilidad de desconocer el Tratado de 1904 entre ambos países.
El artículo 267 asevera que «el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo, y establece que la solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano».
Para llevar la demanda marítima ante La Haya, Bolivia se apoya en la invalidez del Tratado de 1904, dado que, afirma, fue firmado bajo presión militar y como culminación de una guerra de rapiña instigada por el imperialismo británico de la época.
La decisión del Gobierno boliviano provocó fuertes reacciones en la derecha gobernante en Chile e incluso en sectores políticos de la ahora opositora Concertación para la Democracia.
De hecho, el presidente Sebastián Piñera esgrimió que la decisión boliviana constituye un «serio obstáculo» para las conversaciones que se llevan como parte de la agenda consensuada entre los dos países y que incluye la demanda marítima.
Ante el revuelo de la ultraderecha chilena, La Paz volvió a recalcar su permanente disposición al diálogo como premisa fundamental para la solución del problema.
Así lo había dejado claro Morales cuando el 23 de marzo último, en el acto central conmemorativo de la pérdida del acceso soberano al Pacífico hace 132 años, anunció que Bolivia acudiría a la Corte Penal Internacional, pero sin abandonar el diálogo directo con las autoridades chilenas.
En esa ocasión, además, el mandatario del país andino dio a conocer la creación de la Dirección General de Reivindicación Marítima en el seno de la Cancillería, e instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a sancionar tratados internacionales que viabilizaran el proceso de reclamo.
Y es que la demanda de salida al mar de Bolivia refleja el cansancio del pueblo del altiplano, al que le arrebataron uno de sus bienes más preciados.
Bolivia físicamente no tiene contacto con el océano Pacífico, situación derivada de un conflicto donde la tierra de Túpac Katari llevó las de perder.
Muchas versiones señalan que desde su nacimiento como país en 1825, el territorio soberano de Bolivia se extendía hacia el occidente hasta llegar al mar, compartiendo en el Sur parte de su territorio con Chile.
La guerra del salitre, protagonizada entre 1879 y 1883 por Chile, Perú y Bolivia, trajo consigo cien años de conversaciones y tratados posteriores marcados todos por el término «fracaso».
El conflicto armado y la posterior firma del Tratado de 1904 sellaron la mediterraneidad de Bolivia, lo que limitó su desarrollo, obstaculizó su comercio y representó una amenaza para su seguridad nacional.
Se ha comprobado que el enclaustramiento marítimo le ocasiona a Bolivia en la actualidad pérdidas millonarias.
Según un estudio de la ONU, la carencia de un puerto marítimo provoca a la nación plurinacional la pérdida aproximada de 190 millones de dólares anuales, lo que equivale al uno por ciento del Producto Interno Bruto, pues de cada diez productos bolivianos, cuatro se ven obligados a transitar por territorio chileno.
Ante tal injusticia y lo que el mismo Presidente boliviano ha calificado como «la dilación persistente de las conversaciones entre las partes», la medida del Estado plurinacional de llevar al Tribunal Internacional la demanda, pretende resolver a corto plazo el problema.
Chile y Bolivia necesitan llegar a un acuerdo. El Estado Plurinacional y su pueblo demandan el derecho a la soberanía marítima, a la exportación e importación desde un puerto independiente donde ondee la bandera propia.
Se trata de una demanda que no debería cargar ni con un solo año más de los que ya cuenta.
