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Las protestas populares contra la administración del presidente interino de Brasil se han sucedido desde hace meses Autor: Juventud Rebelde Publicado: 21/09/2017 | 06:33 pm
«Tengo la impresión de que ya llevo tres o cuatro años de gobierno», dijo hace apenas una semana Michel Temer, presidente interino de Brasil, en clara alusión a los conflictos que han azotado a sus escasos pero complicados 30 días al frente de un barco que visiblemente está destinado a hundirse dada la manera poco ortodoxa en la que zarpó rumbo al poder.
Y no es para menos, después de varios meses haciendo presión para sacar abruptamente de la presidencia a la legítima mandataria Dilma Rousseff y así ocupar el Palacio de Planalto el pasado 12 de mayo, este abogado de 75 años, con reconocidas habilidades como articulador político, ya perdió dos ministros arrastrados por las investigaciones sobre la red de sobornos, corrupción y desvíos en la estatal Petrobras, que sigue extendiéndose como una inmensa sombra sobre la política brasileña y, en especial, sobre sus 23 ministros y varias figuras centrales de su Partido, el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Es que la gestión de Temer y todas las acusaciones que hizo verter sobre Rousseff y la petición, finalmente concedida, de llevarla al «impeachment» se gestó bajo la promesa de que libraría al país de la corrupción y el escándalo y lo enrumbaría hacia la estabilidad económica y política.
Hoy esa firmeza prometida está lejos de materializarse. De un escándalo en otro, de una filtración de información en otra, el equipo de Temer arrastra las dos renuncias ministeriales obligadas y que nadie descarte que no serán las únicas.
El primero en caer fue Romero Jucá, ministro de Planeación, una de las figuras claves en el proceso que se llevó a cabo durante meses en el Parlamento contra la presidenta Dilma Rousseff. La salida de Jucá se inició cuando se filtraron audios donde conversaba con el expresidente de la estatal Transpetro, Sergio Machado, ambos sospechosos de participar en la red de corrupción de Petrobras. En ella Jucá sugiere que un cambio en el gobierno —así se le llama ahora a los golpes de Estado—, y la llegada al poder de Temer, podrían propiciar la creación de un pacto nacional que delimitase las investigaciones sobre ese escándalo. El Ministro decidió «licenciarse» indefinidamente, para no «manchar» —justificó—, el nuevo gabinete de Temer.
Luego le tocó el turno a Fabiano Silveira, nada menos que ministro de Transparencia, con una historia similar: en una serie de audios divulgados por TV Globo, se le escucha discutiendo sobre la investigación de Petrobras con el presidente del Senado, Renan Calheiros, y también con Sergio Machado. Actualmente, Machado se ha convertido en uno de los principales colaboradores de la justicia en el mayor escándalo de corrupción de Brasil, y para salvarse está sacando a la luz a todos sus cómplices.
La nueva situación de corruptela y escándalos ha servido, en tanto, para revitalizar al Partido de los Trabajadores (PT), que se abocó a recuperarse de las heridas y enfila muy bien sus objetivos hacia el desprestigio ante el país y la opinión pública mundial del «gobierno» que intentó lacerarlo de muerte, pero solo logró dejarle algunos rasguños, de seguro, curables.
Tras varios días de silencio, el PT exigió la destitución de diez ministros del gobierno interino y presentó ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República una demanda en la cual los acusa de violar la ética política y la Constitución. Ocho de los ministros de Temer —alegan—ocupaban escaños en la Cámara baja y otros tres en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones temporalmente a Rousseff, lo cual sugiere que «negociaron sus cargos antes de las votaciones».
La demanda afecta también al canciller José Serra, a quien se le acusa de «conferirle un tono nítidamente ideológico a su gestión y obligar a sus subordinados a adherirse a su visión específica de los hechos políticos ocurridos en el país», como dice la demanda del PT.
¿Y el pueblo? Pues, como siempre ocurre en estos casos, ha sido el más perjudicado. A pocas semanas de implantada la presidencia interina, se promueve la reforma del fondo de pensiones, la desvinculación de los presupuestos de educación y salud y la suspensión de programas sociales como «Mi casa, Mi vida», aunado a la criminalización y persecución de los movimientos sociales, por citar solo algunas medidas en camino.
Geddel Vieira Lima, secretario de Gobierno. Las autoridades que llevan el caso de Petrobras lo citaron bajo sospecha de soborno negociado con el contratista de la constructora OAS Engenharia, una de las empresas de ingeniería cuyos ejecutivos han sido condenados por tribunales locales, luego de comprobar su participación en el escándalo de corrupción y lavado de dinero que se considera el mayor de la historia de Brasil.
Henrique Eduardo Alves, ministro de Turismo. También implicado en el caso de Petrobras, con acusaciones en su contra. Es un influyente dirigente del PMDB y se le imputa valido de la red de Petrobras para financiar sus campañas políticas y usar su asiento en la Cámara de Diputados para favorecer a empresas privadas implicadas en las corruptelas.
Fabiano Silveira, ministro de Transparencia, Fiscalización y Control. Uno de los primeros en dimitir luego de la filtración de un audio en el que critica a los fiscales que trabajan en la investigación sobre Petrobras.
Romero Jucá, uno de los hombres más cercanos a Temer. Asumió la cartera de Planificación solo por dos semanas, cuando tuvo que dimitir luego que se filtraron unas grabaciones donde afirmaba que había que poner fin, a cualquier costo, a las investigaciones en el caso Lava Jato. Fue uno de los líderes del PMDB que más clamó por el impeachment y contra la corrupción. Ha sido citado también en el Caso Zelotes, otra investigación en el marco de la operación Lava Jato que reveló un nuevo esquema de corrupción, esta vez, vinculado al Ministerio de Hacienda. En esta ocasión se trata de sobornos recibidos por esa cartera para fallar a favor de grupos de empresarios y que suman alrededor de 5 900 millones de dólares que se habrían pagado a funcionarios del Estado.
Bruno Araujo, ministro de las Ciudades. Su nombre aparece en la llamada lista de Odebrecht, salida a la luz también a raíz de las investigaciones y según la cual 200 políticos de 18 partidos recibieron dinero de la constructora Odebrecht, una de las principales acusadas de integrar la red de Petrobras.
Raúl Jungmann, ministro de Defensa. Otro de los citados en la lista de Odebrecht.
Ricardo Barros, ministro de Salud. Investigado por fraude de licitación. Aliado del Partido Progresista (PP-PR), donde ejerció como diputado y trabajó como relator del informe que propuso recortar el presupuesto previsto para el programa social Bolsa Familiar.
Eliseu Padilla, ministro de Casa Civil o jefe de Gabinete. Es denunciado por corrupción y aparece en las declaraciones delatoras del diputado Delcídio do Amaral en torno a la operación Lava Jato, pero ahora es el principal brazo derecho de Temer.
Mendonça Filho, ministro de Educación y Cultura. Engrosa la lista de sobornos de la empresa constructora Odebrecht.
