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De ganar, sería un caso único en el mundo en el que hombres y mujeres repartidos equitativamente, diseñarán una Constitución Autor: Getty Images Publicado: 24/10/2020 | 10:17 pm
El plebiscito que está teniendo lugar ahora mismo en Chile constituye ya un suceso histórico. Por primera vez, las demandas populares han obligado a abrir las urnas y, con ello, la posibilidad de una nueva Constitución para un país atado por la Carta Magna a los modos de vivir impuestos por la dictadura de Augusto Pinochet, e impedido del más mínimo cambio de fondo en una sociedad solvente, pero marcada por la privatización y la desigualdad social.
Desde que, mediante otra consulta, se puso fuera al dictador golpista en 1988, la nación no se hallaba ante una coyuntura similar, compulsada por las protestas que estallaron con el rechazo estudiantil al aumento de los pasajes a fines del año pasado, y a las que se unieron otros sectores hasta conformar un amplio movimiento que movió el piso al ejecutivo de Sebastián Piñera.
Fue esa la cristalización de expresiones de repudio al sistema que empezaron a hacerse asiduas desde que los secundaristas y universitarios tomaron las calles, en 2006 y 2011. Los adultos, poco a poco, les siguieron, y comenzó a desfallecer la tenebrosa quietud impuesta por el terror pinochetista.
Como en otras ocasiones y en otras partes, la efervescencia social sobrepasó y jalonó en octubre-noviembre de 2019 a los partidos, concitando un movimiento ancho y espontáneo aunque fueran, después, los políticos y no las bases, quienes acordaran en el Parlamento la consulta de hoy. Una consulta abrazada —no digamos ya que aceptada— por el Gobierno, bajo la presión de una inestabilidad social que no detuvieron ni las cacerías de jóvenes en los portales de sus casas, ni las detenciones arbitrarias, ni las balas de goma disparadas a mansalva por Carabineros a los ojos de los manifestantes. Un respiro.
Incluso, el triunfo de la opción Apruebo —la consulta pregunta en primer término si se quiere o no otra Constitución— se da también como un hecho que el propio Piñera acepta. De esa certeza no hablan tanto las encuestas —que no fueron infalibles en Bolivia y otra vez se podrían equivocar— como los preparativos con que la derecha se alista para entrarle en condiciones al meollo: cuál y cómo sería esa ley de leyes si, como se espera, son más quienes la respaldan.
Uno de los sondeos dados a conocer durante las campañas otorgaba una adhesión del 69 por ciento a esa variable y solo 18 por ciento a la opción Rechazo. Otros estudios se movieron en un rango similar.
Podría resultar paradójico que incluso políticos conservadores (otros no) se alisten entre quienes han defendido la posibilidad de una nueva Constitución sabedores, como Piñera, de que el referendo está siendo un aire para el status quo frente a la agitación social, que casi obligó al Presidente a pedir la renuncia.
De modo que lo que quedaría a la derecha sería torcer el triunfo que las amplias masas, se espera, obtengan hoy.
Una segunda pregunta está en las boletas y resultará definitoria para que los conservadores consigan o no mantener todo como está, así como adivinar los rumbos por los cuales podría transitar Chile en el futuro inmediato.
En ella, los consultados deberán responder cómo se conformará la convención que redactará la nueva ley de leyes: si será Mixta, lo que significaría que la mitad de los miembros se elegiría libremente y la otra mitad entre los parlamentarios, o Constituyente, una variante que se acercaría más a la asamblea constituyente popular por la que se clamaba en las manifestaciones.
Está claro que la primera opción brindaría más asideros a las mordazas.
Miedo al «vacío»
El pueblo «quiere estar» y, los de arriba, evitar lo que falazmente han dado en llamar un «salto al vacío», en eufemística alusión a cambios constitucionales demasiado profundos.
Ello explica que el presidente Sebastián Piñera se adelantara a presentar, hace ya algunas semanas, un denominado Decálogo que él pretende que sirva de base a los eventuales cambios constitucionales, pero cuyas propuestas, en verdad, difieren poco de lo que hoy está estatuido.
Muchos han entendido que sus postulados lo dejarían todo igual. Se reitera en su proyecto la coexistencia de la educación pública y la privada, pero sin el peso que el Estado debe poner en la primera para asegurar el acceso y la calidad de la enseñanza, que es la principal demanda que enarbola el estudiantado hoy.
Tampoco hay énfasis en la salud pública, y para nada se habla de los recursos naturales, puestos en manos de las transnacionales al punto que en Chile el agua también es privada, razón por la cual las tarifas son altas, y existen familias pudientes dueñas de apreciables cantidades de litros de ese líquido vital.
También se ha adelantado a hacer propuestas el también derechista partido Renovación Nacional, con lo cual pareciera que el conservadurismo gana terreno a los sectores más avanzados…
Si bien la derecha está dividida a la hora de dirimir entre el Apruebo y el Rechazo, parece más cohesionada en torno a la estrategia de cara a la redacción de un texto constitucional.
La centroizquierda se ve unida en torno al Apruebo toda vez que esa opción es acogida, en general, por las amplias masas populares; pero parecen más incipientes sus posturas en torno al nuevo escenario que se abrirá si la aceptación gana. En ese campo los pasos no son unitarios, como tampoco lo han sido sus campañas de cara a la consulta, desperdigada como ha estado la propaganda centroizquierdista en distintas tiendas.
Hay decisiones, sin embargo, que apuntan a la búsqueda de otros consensos en el amplio espectro político chileno. En una reciente reunión con el derechista y opositor partido de la Democracia Cristiana, el Frente Amplio —abanico diverso del centroizquierdismo que sorprendió con su tercer lugar en las presidenciales de 2017— buscó puntos de comunión para hallar mecanismos de participación «de todas las organizaciones sociales e independientes» en el proceso constituyente que se deslinde de la votación de hoy, reportó el diario La Tercera.
Aguardaría aún un esforzado camino, pues todo el proceso debe terminar en 2022, con un plebiscito obligatorio «de salida» que sometería el texto que se redactase a la aprobación del electorado.
De ahora a allá los chilenos deberán dirimir, además, varios eventos electorales —escogencia del Parlamento, gobernadores, alcaldes y presidenciales el año que viene, según el calendario pautado antes de la Covid 19—: un lapso extenso, pero todavía estrecho para conseguir las posiciones comunes indispensables a la «alternancia» del modelo que se desangra. Solo así el Chile nuevo podrá imponerse a la vieja política y materializarse los reclamos populares que trajeron las cosas hasta aquí.
