Las manifestaciones de respaldo a Cristina iniciaron durante su alocución, y proseguían este miércoles. Autor: Noticias Argentinas Publicado: 24/08/2022 | 07:58 pm
No ha bastado a la derecha dejar envenenado el trago cuando el Frente de Todos asumió el Gobierno, «gracias» a una deuda externa que valdría un juicio real —no una farsa— al macrismo, y que ha creado todas las condiciones de «obediencia debida» —obediencia, digo, al FMI, usando la máxima con que las dictaduras militares justificaron la represión—, de modo que la alianza que hoy gobierna Argentina «no repita» el año próximo, que es electoral.
Además, la derecha quiere lapidar al progresismo enlodando la figura de una de las líderes —o quizá, dicho de modo absoluto, la líder— con más credibilidad y posibilidades de representar en Argentina el antineoliberalismo, un marco dentro del cual cabrían todos quienes adversan ese escalón salvaje del capitalismo. Ella bien podría ser la candidata del progresismo para las presidenciales de 2023…
Pero, incluso, puede verse que la nueva causa contra Cristina Fernández de Kirchner, y el pedido de la Fiscalía de que se le encarcele por 12 años y se le inhabilite por siempre para ocupar cargos públicos, dado a conocer el martes, no pretendería solo impedir que la actual Vicepresidenta concurra a esos comicios, pues algunos entendidos dicen que para entonces podría no haber terminado el juicio ni estar la sentencia firme…
De lo que se trata con este nuevo capítulo de juicio y condena sin pruebas contra los líderes del cambio en la región, es de desacreditar la gestión soberana, nacionalista y de justicia social del Frente de Todos y el peronismo, buscando precisamente un alcance que va más allá, y se complementa con la práctica del mismo juego judicial sucio —el lawfare, es decir, la judicialización de la política, o la politización de la justicia— en otras naciones latinoamericanas.
Aunque la decena de causas inmorales e ilegales abiertas contra Lula, en Brasil, en vísperas de las elecciones de 2018, hayan sido sobreseídas por la siempre denunciada falta de pruebas y, finalmente, el fundador del PT concurrirá en octubre a las elecciones —que le fueron virtualmente robadas hace cuatro años, cuando no se le permitió postularse—, el lawfare sigue vivo y sobrevuela las cabezas de valiosos dirigentes latinoamericanos que son ejemplo de cómo debe hacerse, real y honestamente, la política.
El de Lula ha sido el caso más sonado, pero todavía la injusticia amenaza la cabeza del líder de la Revolución Ciudadana y expresidente ecuatoriano Rafael Correa, encartado en otra causa oscura que le impide regresar a su país so pena de sufrir cárcel, mientras con particular saña se sigue castigando a su exvicepresidente, Jorge Glas, también injustamente sentenciado, y a quien no se le ha permitido salir de prisión, a pesar de un habeas corpus que lo favorece y que está siendo desconocido.
Y donde no se había practicado, el lawfare empieza a planear, como ocurre en torno al presidente de Perú, Pedro Castillo, víctima él de infundios y perseguido con encarnizamiento brutal en busca de su renuncia, golpeándole donde más duele. A las acusaciones contra la joven cuñada que criaron como hija en su hogar humilde, sigue la pretensión de enjuiciar a su esposa, Lilia Paredes.
Como una de las tácticas de la guerra no convencional, la práctica del lawfare no es nueva en América Latina. En 2012, fue el golpe de Estado mediante un juicio político express del Congreso paraguayo para demover a Fernando Lugo. En 2016 fueron contra Dilma Rousseff, en un nuevo golpe por medio del impeachment que se asentó en otra farsa.
Precisamente, una de las primeras voces en denunciar el lawfare fue la de la propia Cristina, cuando ya se había iniciado la persecución judicial contra ella y su familia, y se emplazaron las primeras causas con ese propósito.
Hotesur y Los Sauces, dos de aquellos primeros procesos, fueron sobreseídos el año pasado por los tribunales de la provincia de Santa Cruz, donde habrían ocurrido «los hechos», por atipicidad, dijo el dictamen, entre otros motivos.
Sin embargo, al parecer, algunas de aquellas acusaciones vuelven a emplearse ahora en la causa Vialidad, abierta en 2019, y de cuyo entramado falso presentado por la Fiscalía dio cuenta ampliamente Cristina, en la defensa pública que difundió mediante las redes sociales.
Al propio tiempo, la Vicepresidenta presentó pruebas que, por el contrario, incriminan a funcionarios ligados al expresidente Mauricio Macri, por las relaciones personales de aquellos con titulares de la secretaría de Obras Públicas, y con empresarios señalados por haber recibido, presuntamente para su beneficio y de modo ilegal, la ejecución de obras constructivas en Santa Cruz.
Por todo ello se acusa, sin pruebas que demuestren su participación o las supuestas prebendas obtenidas, a Cristina Fernández, como «jefa» de esa «asociación ilícita», que es el cargo levantado contra ella.
«La información recolectada a lo largo del expediente no sostiene las imputaciones de (los fiscales) Luciani y Mola», comentó Página 12, al resumir la extensa y bien documentada intervención que formuló la también expresidenta.
Dirigentes sociales y populares de Argentina, y líderes de otros países, han manifestado su solidaridad con la nueva «acusada» por los enemigos del cambio, quienes tratan de descabezar los gobiernos y movimientos nacionalistas y populares en la región. La derecha no se resigna al nuevo giro latinoamericano hacia la izquierda. De defenderlo debería encargarse, en las urnas, la propia ciudadanía. Por eso, el último propósito del lawfare es manipularla.
Las manifestaciones de respaldo a Cristina iniciaron durante su alocución, y proseguían este miércoles. Foto: Noticias Argentinas
