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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, consolidó las restricciones sobre cuándo, dónde y cómo los jefes militares pueden interactuar con el público. Autor: Tomada de Twitter Publicado: 23/09/2025 | 06:48 pm
WASHINGTON, septiembre 23.— El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un memorando este mes, consolidó las restricciones sobre cuándo, dónde y cómo los jefes militares y del Pentágono pueden interactuar con el público, señalando que en el pasado «las interacciones externas han tendido a canalizarse hacia cierto tipo de instituciones».
Según publica Axios, «es la evidencia más reciente de la represión del Departamento de Defensa en medio de la preocupación interna por filtraciones, intrigas palaciegas y control de la narrativa», y agrega que la administración Trump está obsesionada con las apariencias.
El memorando llegó casi al mismo tiempo que el Departamento de Guerra, como ha sido renombrado con mayor exactitud. implementó nuevas directrices para los medios que exigen a los periodistas firmar un compromiso de no recopilar información que no haya sido autorizada oficialmente para su divulgación, so pena de perder sus credenciales de prensa.
El memorando del 15 de septiembre dirigido a los altos mandos del Pentágono, comandantes combatientes y otros responsables de seguridad nacional establece qué está y qué no está sujeto a un «marco mejorado para la participación en compromisos externos». Las directrices están redactadas de forma amplia, lo que otorga al departamento la libertad de rechazar charlas u otras reuniones que puedan generar noticias desfavorables.
Por ejemplo, el departamento se reserva el derecho de rechazar cualquier compromiso externo con una organización o persona que no haya demostrado «profesionalismo».
El memorando señala que esta guía «no exige la colaboración únicamente con instituciones que coincidan con los puntos de vista del Departamento» y que «se realizará un esfuerzo concertado para colaborar con instituciones cuyos representantes tengan perspectivas diferentes».
Cabe destacar, dice Axios, que las fuerzas armadas cuentan desde hace tiempo con protocolos para ponentes, conferencias y entrevistas, entre otros medios.
«El pasado julio, la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Guerra inició un proceso para examinar exhaustivamente todas las colaboraciones externas y garantizar que el Departamento no preste su nombre ni credibilidad a organizaciones, foros y eventos que contradigan los valores de esta administración. Nuestro nuevo procedimiento agiliza el proceso de aprobación al establecer los principios que cada colaboración debe respetar para permitir la participación del Departamento de Guerra», declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.
Asegura la agencia noticiosa que esto forma parte de un esfuerzo más amplio para restringir la información que sale del Pentágono y recuerda que en febrero, el Departamento de Defensa sustituyó las oficinas de prensa de varias organizaciones tradicionales por medios mayoritariamente conservadores. Se informó a varios medios, como NPR, NBC News, Politico y CNN, que debían mudarse de sus espacios de trabajo en el Corredor de Corresponsales del Pentágono, aunque sus credenciales de prensa permanecerían intactas.
Fueron reemplazados por medios mayoritariamente conservadores como Washington Examiner, Daily Caller, Newsmax y otros, bajo un nuevo sistema de rotación.
También oradores militares fueron retirados de última hora de eventos importantes en circuitos de conferencias consolidados, como el Foro de Seguridad de Aspen y la Conferencia de Prensa de Defensa.
Por su parte Military Times informó que la Academia Militar de EE. UU. en West Point viola la Primera Enmienda de la Constitución con medidas drásticas contra profesores, pues está prohibiendo las opiniones de profesores en el aula, así como algunos libros y cursos, según declaró un profesor de derecho de la escuela militar en una demanda presentada el lunes que busca la categoría de demanda colectiva.
Tim Bakken presentó la demanda en un tribunal federal de Manhattan y nombró a la escuela y a sus directivos como acusados. Afirmó que quiere proteger la libertad de expresión y el derecho a la libertad académica en una institución donde ha prosperado a pesar de sus críticas públicas a la academia y al ejército estadounidense.
Bakken también señaló en la demanda que tiene un contrato con una editorial para un libro que critica algunos aspectos de West Point y que no quiere solicitar la aprobación de la dirección de la escuela antes de su publicación porque «es muy probable que dicha aprobación le sea denegada».
La demanda busca que se le conceda estatus de demanda colectiva a los profesores civiles de West Point, que se cree que son más de 100 personas, y una orden judicial para detener las restricciones a la libertad de expresión, junto con una indemnización por daños y perjuicios no especificada y honorarios legales.
La demanda de Bakken afirma que la universidad comenzó a examinar minuciosamente la libertad de expresión del profesorado tras una orden ejecutiva emitida en enero por el presidente Donald Trump para «revisar cuidadosamente el liderazgo, el currículo y los instructores de las Academias Militares de los Estados Unidos y otras instituciones académicas de defensa».
En febrero, la academia militar de West Point emitió una política que impedía a los profesores utilizar la «afiliación o marca» de la universidad en relación con cualquier comentario o escrito público sin la aprobación de la academia, según la demanda. La demanda afirma que la política tenía como objetivo «controlar, restringir y suprimir la libertad de expresión del profesorado».
La demanda afirma que, en primavera, la academia retiró libros de su biblioteca, eliminó palabras y frases de los programas de estudio del profesorado, eliminó cursos y especializaciones, y amenazó o castigó a los profesores por enseñar, hablar y escribir sin la aprobación previa de la universidad.
Durante el verano, la academia eliminó información sobre libros, artículos, ensayos y solicitudes de becas publicadas por el profesorado de todas las páginas web del profesorado en el sitio web de la escuela, según la demanda. También ordenó a los instructores no expresar opiniones en clase, añadió. «Como profesor de derecho, la incapacidad del demandante para expresar opiniones sobre la materia impartida resulta agobiante y perturba el proceso educativo», afirma la demanda.
Añadió que ya no podría expresar a los estudiantes si una opinión, ya sea principal o disidente, es persuasiva ni por qué. La academia militar no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, dijo Military Times.
Bakken, profesor civil de derecho en el Departamento de Derecho y Filosofía de la academia durante los últimos 25 años, es el profesor de derecho con más años de servicio en la historia de West Point y ha escrito extensamente, incluyendo libros, artículos y ensayos, además de apariciones en podcasts, radio y televisión, según la demanda.
Según la demanda, viajó con soldados estadounidenses a Kabul en 2007 durante la guerra de Afganistán y creó el Departamento de Derecho en la Academia Militar Nacional de Afganistán.
Dice Military Times que se solicita la constitución de una demanda colectiva para el profesorado de West Point y una orden judicial para detener las restricciones a la libertad de expresión.
