La CPI afirmó que no se dejaría intimidar por las sanciones. Autor: Reuters Publicado: 10/10/2026 | 08:21 am
El Gobierno de Donald Trump anunció fuertes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), lo que supone una importante escalada en su intento por «desmantelar» a una institución que considera «rebelde».
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que las medidas, que incluyen la prohibición de que entidades estadounidenses hagan transacciones con la CPI, tenían como objetivo «defender la soberanía de Estados Unidos» y acusó al tribunal de intentar enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, según reporta la BBC.
La CPI afirmó que estas medidas constituían un ataque contra el estado de derecho y los fundamentos del orden jurídico internacional.
El anuncio se produjo horas después de que la exjueza de la CPI, Navi Pillay, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.
Estados Unidos ya ha penalizado a 17 jueces y funcionarios de la CPI, pero esta medida sanciona a la propia institución y pretende colapsar su capacidad para operar financieramente. Sin embargo, Estados Unidos le concedió un período de gracia de seis meses antes de que entren en vigor algunas de las últimas sanciones, lo que significa que los Estados miembros pueden seguir pagando por sus operaciones.
Esta medida, según Washington, busca dar tiempo a los países para negociar una «solución que aborde» las preocupaciones estadounidenses.
El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la decisión de Estados Unidos como «un duro golpe para nuestra búsqueda colectiva de la justicia penal internacional, de la cual la CPI es un pilar fundamental».
Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón y Países Bajos reafirmaron su «apoyo continuo e inquebrantable» a la CPI y dijeron que «lamentan y discrepan profundamente» de las sanciones.
También elogiaron al personal del tribunal por su labor para llevar ante la justicia a «los acusados de los crímenes internacionales más graves», así como por el apoyo brindado a las víctimas.
La CPI se fundó en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Cuenta con 125 países miembros.
El gobierno de Trump sostiene que la CPI está dirigida por lo que denomina globalistas que amenazan la soberanía estadounidense. Y está furioso por una investigación pasada sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que el tribunal ya cerró, y por las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu.
A pesar de ello, las nuevas sanciones no estipulan que estas órdenes deban ser retiradas para que se levanten las medidas.
Rubio afirmó que Trump no permitiría que la CPI procese a ciudadanos estadounidenses. «O la CPI cesa sus amenazas, o acabaremos nosotros con la CPI», añadió.
Las sanciones estadounidenses impedirán que las empresas estadounidenses proporcionen bienes o servicios a la CPI, por ejemplo bancarios o tecnológicos. Rubio dijo que Washington había retrasado la imposición de las sanciones con la esperanza de que la CPI y sus países miembros abordaran las preocupaciones de Estados Unidos.
Aseguró que las medidas fueron diseñadas para permitir que otros países negociaran una posible solución.
También hizo un llamado a los aliados de Estados Unidos que son signatarios de la CPI para que «frenen» a la institución.
Países Bajos, que alberga el tribunal en La Haya y es aliado de Estados Unidos en la OTAN, se enfrenta a una presión particular. El ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, afirmó que las sanciones afectarían gravemente la capacidad de funcionamiento del tribunal.
Netanyahu celebró las sanciones, al señalar que la CPI «no era un tribunal», sino un organismo político que amenazaba a las democracias respetuosas de la ley y «la idea misma de soberanía nacional».
La CPI respondió que las sanciones tenían como objetivo perturbar su trabajo e intimidar a quienes cooperan con ella, pero que «no se dejará amedrentar».
Calificó las medidas como «un ataque al estado de derecho» y afirmó que nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia. «La historia juzgará este momento», indicó. Este enfrentamiento puede suponer la crisis más grave en los 24 años de historia del tribunal. En lugar de sancionar a jueces y fiscales individuales de la CPI, Estados Unidos ahora está sancionando al propio tribunal.
