CARACAS.— El tranque es mucho, pero las enormes filas de carros avanzan por la Avenida a pesar de que por las bocacalles salen otros autos dificultando el andar. Así como fluye el tráfico en Caracas, también transcurre la Revolución Bolivariana, con piedras en su camino, las que debe sortear o desmenuzar a puro martillazo.
Venezuela avanza aunque la campaña nacional e internacional para obstaculizarle la vía no de tregua y ocupe y hasta desborde los medios más poderosos.
Hoy por hoy, la lucha está definiéndose en el campo de las ideas, en las discusiones parlamentarias, en las parroquias (barrios o distritos) donde este sábado fueron creciendo las patrullas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en células de 15 a 30 integrantes cada uno. Fue un «sábado con sol», no importa que en la tarde llueva a cántaros como ocurre por estos días.
Según comunicaba a la prensa Héctor Rodríguez, coordinador nacional de la Juventud del PSUV, a estas patrullas se incorporarán 1 200 000 jóvenes en núcleos de al menos diez por cada una de ellas, para «darle alegría y agilizar el trabajo», y que los militantes se activen y participen en la toma de decisiones del Partido de forma más directa.
Por eso, la campaña en su contra es virulenta. De cualquier forma quieren hacer ver el «fracaso» y el «mal gobierno» para bajar a Chávez en las encuestas, que hacen a su antojo los medios de la oligarquía. El PSUV y su Juventud son un escollo en esos planes, por cierto, nada ajenos a lo ocurrido en Honduras, si recordamos unas declaraciones bien explícitas de la llamada viceministra de relaciones exteriores de Micheletti, cuando reconoció hace unos días que el golpe en verdad estaba dirigido contra el ALBA.
La asonada contra el presidente Manuel Zelaya también fue mediática. Lo saben bien los bolivarianos que desde hace una década se enfrentan a ese poder que hoy patalea desde las pantallas, las ondas radiales y el papel utilizado para la manipulación y la propagación de mentiras o medias verdades, iguales de peligrosas.
Buscan un estado de psicosis de la población para intentar poner en crisis al gobierno bolivariano, arremeten contra la Ley de Educación que permitirá a todos, sin exclusión, los beneficios del conocimiento, y su aporte a la construcción de una sociedad mejor. Igual hacen con cada legislación que vaya dando más poder y participación al pueblo.
Se monta todo un dossier para justificar cualquier acción interna o externa contra Venezuela —no dejemos de lado el hecho cierto de que en Colombia se disponen cinco nuevas bases militares de Estados Unidos como puntas de lanza contra una América Latina que se levanta—, y como parte de la estrategia maquiavélica, la siembra en territorio venezolano de bandas paramilitares procedentes del vecino país. En ese panorama desestabilizador, que pretende proseguir la línea golpista de la oposición venezolana: paro patronal, el frustrado golpe de Estado, y el golpe petrolero, se insertan las nuevas maniobras, que también llevan como protagonistas o soldados mercenarios a los medios de comunicación.
El contragolpe a esta violencia informativa está contenido en un nuevo proyecto recién presentado a la Asamblea Nacional: La Ley de Delitos Mediáticos, que consta de 17 artículos y que, según la explicación dada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, trata del respeto que deben los medios a las instituciones del Estado, y de su contribución a la preservación de la paz del país. Hay un uso abusivo de la libertad de información y opinión ante la cual los ciudadanos están indefensos.
Por supuesto que la ley ha levantado ronchas, porque respondería a los crímenes que se cometen al amparo del ejercicio de la información y la libertad de prensa; en tres palabras: sancionaría el terrorismo mediático. Ya la publicación Tal Cual la ve como una «Ley Censura», mientras que El Universal señalaba «Califican de dictatorial Ley de Delitos Mediáticos». El Nacional, otro de los periódicos que participaron activamente en el golpe de abril, dijo: «Ley castiga con cárcel un nuevo delito: informar». Y con eso, ya estaba manipulando.
La ley los retrata cuando recoge en su articulado que «constituyen delitos mediáticos las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad». En fin, bien podría aplicárseles el dicho popular: «el que se pica es porque ají come».
Así van las cosas. Y mientras esto ocupa el espacio grande en los medios, hay una Venezuela que trabaja para que la nación tenga el esplendor de la justicia.
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