Bolivia, nación ultrajada, desgajada de sus raíces más puras, ocupada por blancos que sojuzgaron a los indígenas en su tierra, su Pachamama, todavía hoy, a más de cinco siglos de la llegada de Cristóbal Colón a América, es uno de los territorios del continente con mayores problemas raciales y de discriminación.
Para cambiar esa realidad, el primer presidente indígena del país, el aymara Evo Morales, impulsó desde que asumió el poder en la nación los cambios recogidos en la nueva Constitución, que en las últimas semanas cobra vida con la aprobación de leyes que la concretan, y que redundarán en beneficios sociales, económicos y políticos para los históricamente excluidos.
Entre el paquete de nuevas normas legales sobresale la legislación contra el racismo y toda forma de discriminación, promulgada el pasado 1ro. de octubre luego de su aprobación en la Asamblea Legislativa. Sus estatutos buscan reivindicar los derechos de los pueblos más desprotegidos, al penalizar la ejecución por cualquier instancia, estatal o privada, de actos discriminatorios. Los medios de comunicación no han quedado fuera, y la ley incluye también multas o la suspensión de la licencia a los que publiquen expresiones agresivas contra sectores específicos de la población, o inciten a acciones de violencia contra ellos.
Pero la rancia oligarquía de Bolivia, quizá temerosa de perder sus prebendas, se auxilia de sus herramientas mediáticas para arremeter con un manoseado discurso: «No hay democracia sin libertad de expresión». Frases de ese corte inundaron las primeras planas de los grandes medios, junto a la desafiante postura de dejar páginas enteras en blanco en señal de protesta.
La extrema derecha ha intentado desvirtuar y restar mérito al citado instrumento jurídico, esgrimiendo una supuesta amenaza a la «libertad de expresión». Las demandas de la prensa opositora no han estado exentas de crisis histéricas y hasta ensayos de huelgas de hambre que duraron lo que un merengue en la puerta de un colegio. Intentos fallidos todos de defender lo indefendible y de desconocer la diversidad étnica sobre la que se erige el nuevo Estado plurinacional.
Como respuesta a tales actos, el Gobierno boliviano ha recalcado ante la opinión pública que la ley, lejos de coartar el derecho a hablar, regula la problemática de manera preventiva y procura frenar la humillación que padecen indígenas, afrodescendientes y otros grupos.
«Bolivia es un país libre, democrático, superdemocrático», afirmó recientemente en rueda de prensa el vicepresidente Álvaro García Linera, quien además reiteró que la norma no vulnera ningún derecho a los ciudadanos, «mucho menos la libre expresión». Y el presidente Evo Morales reiteró que la «norma busca la igualdad para todos los bolivianos».
A pesar de las explicaciones ofrecidas por el Palacio de Quemado, los medios de derecha, esos que se dicen «amordazados», no contentos con las atrocidades que denigran a la mayoritaria población indígena boliviana y estimulan su discriminación, han persistido, en el colmo de la prepotencia y el irrespeto, en enunciar humillantes expresiones para referirse al Presidente del país y a algunos de los miembros del Gobierno.
Es evidente que la ley no busca «tapar bocas» o quitar libertades. Simplemente exige el cumplimiento de la ética y las responsabilidades para una prensa más consecuente, que no sea obstáculo en el objetivo supremo de lograr una Bolivia con justicia para todos sus hijos.
Los medios de comunicación manipulados y manipuladores que responden a los intereses de la oposición más reaccionaria de Bolivia, tienen dos alternativas: hacerse un llamado de conciencia y respetar a los hombres y mujeres que, además, constituyen la mayoría del Estado plurinacional, o sencillamente atenerse a las consecuencias a partir de lo que establece la ley.
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