Quienes vivimos en Cuba sentimos el orgullo de contar con un sinnúmero de derechos que aseguran nuestra paz y tranquilidad, pues ese fue uno de los principios fundamentales sobre los que se erigió el proceso revolucionario. A lo largo de los años se han buscado mecanismos para que ninguna persona quede desamparada ante la ley y pueda descansar con la seguridad que solo ofrecen países como este, enfocado en el bienestar de su ciudadanía.
Precisamente para honrar esa máxima, la Constitución de la República aprobada en 2019, y la robusta reforma judicial y procesal que actualmente se desarrolla, sitúan a la Mayor de las Antillas en el mapa de las legislaciones más modernas y de avanzada en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Así lo aseguró Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, al referirse a las garantías con que cuenta todo el pueblo en este Estado socialista de derecho y justicia social.
Con 44 tratados internacionales puestos en práctica a diario, y el cumplimiento de otros instrumentos que regulan las garantías constitucionales, en Cuba siempre ha habido una interrelación directa entre el ejercicio de la defensa, la protección y el respeto de todos los derechos para todas las personas. De ahí que existan normativas complementarias de la Carta Magna que dinamizan y refuerzan nuestra integridad, con bases en la soberanía popular y la corresponsabilidad entre los individuos, funcionarios y órganos de derecho.
Es justamente esa dignidad, principal fundamento y soporte de todas las garantías de los ciudadanos, la que defienden los cambios que se desarrollan en el país, a raíz de la aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular del Código de Procesos, la Ley de los Tribunales de Justicia, la del Proceso Penal y la del Proceso Administrativo.
Esta reforma judicial en la nación trae consigo novedades en materia de protección de los ciudadanos, ya que «no hay un solo segmento de la vida de las personas que no tenga un respaldo ante los tribunales», como diría el profesor Juan Mendoza, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal.
Por ello todas son fruto del debate popular, del trabajo de investigadores, académicos, instituciones y juristas, que pusieron su empeño para que con los beneficios de las nuevas legislaciones al ámbito familiar, mercantil y laboral se complete el catálogo general de derechos humanos en nuestro país.
Y es que el hecho de que algunas de estas normas procesales entren en vigor a inicios del próximo año es por sí un motivo de festejo, pues impactarán positivamente en el empoderamiento de cubanas y cubanos. Una demanda constante de la población era la no existencia de mecanismos de soluciones para lo que ocurría en el ámbito administrativo, y con las nuevas normativas en todas las instancias cualquier decisión de esa índole que afecte a los ciudadanos puede ser llevada a los tribunales.
Otros de los grandes beneficios están relacionados con el ámbito penal, pues las personas asociadas a un fenómeno de ese tipo contarán con atención especializada y diferenciada, especialmente los más vulnerables, como menores de edad, víctimas de violencia intrafamiliar, personas con discapacidad y otros.
La defensa de la paz social también resalta en esta norma, pues ampara en mayor medida a aquellos que puedan ser objeto de violencia, mediante la garantía de su seguridad y medidas de distanciamiento del agresor, así como el derecho a la defensa del acusado, el cual podrá hacerse acompañar de su abogado desde las primeras 24 horas de su detención.
De vital interés para la nación resulta la protección a las juventudes y adolescencias, ya que los jóvenes entre 16 y 18 años de edad que se encuentren en un proceso penal como acusados, tendrán un tratamiento diferenciado, en el cual podrán contar con el acompañamiento de sus padres y defensores, la participación de instituciones especializadas y el dictamen de disposiciones alternativas.
Otro tema que resuena en muchos hogares actualmente es el relacionado con el Código de las Familias y la multiplicidad de derechos que rescata y mantiene, pues tantos afectos juntos solo podrán traer armonía y garantías a cubanas y cubanos. Esta, de la mano de otras leyes de pronta aprobación, recalcan la voluntad política de nuestro país de apostar por el pueblo y asegurar su desarrollo.
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