Ahora que se hacen los balances del pasado año por las empresas, organismos y ministerios, seguro que en su informe la emisora Radio Bemba mencionará los precios abusivos entre los temas más abordados en su lista de hit parade.
Junto a las noticias del tarifado de los tomates, la carne de cerdo, los pomos de aceite con estibas clandestinas y cuanto producto de primera necesidad existiera, en el panorama también se encontraban las polémicas alrededor de las acciones de control sobre los coleros, especuladores y revendedores.
Mucho se comentó en su momento; sobre todo si esas acciones tendrían un efecto real en llevar los costos ofertados a la población a un determinado nivel de cordura y mantenerlos así durante cierto tiempo.
En ese sentido, las interrogantes no dejaban de tener cierta razón en los comentarios populares.
Porque si bien esas acciones de enfrentamiento eran y seguirán siendo necesarias, pues no hay economía que aguante tal nivel de bandidaje, también es muy cierto que la solución a esa «migraña» pasa por un estímulo a la producción y un real ordenamiento comercial y financiero de la actividad minorista en Cuba.
Es decir, como dicen los especialistas en la materia, es un problema estructural; que, de no solucionarse en su integralidad, podrá repetirse apenas se den sus condiciones con la incapacidad de la oferta de satisfacer una demanda por encima de la usual (dígase períodos festivos o de vacaciones) o, sencillamente, la ausencia de uno o varios productos.
Existe, sin embargo, otro conflicto. Antiguo, pero punzante; no menos peligroso y que se enmascara en la hipocresía de las rentabilidades. Nos referimos al de la calidad de lo que se oferta a la población, sobre todo en materia de alimentos.
Recientemente, este reportero adquirió una lata de puré de tomate en la placita ubicada al final de la calle Maceo en la zona sur de la ciudad de Ciego de Ávila.
Con la etiqueta Frutisel, el dos más dos igual a cuatro y algo más (el «estiraíto» doméstico y el de la necesidad) impulsó la compra de algo que al final era un ente acuoso, más pálido que la Pantera Rosa y con un nivel de sal, que si no indicaba el enamoramiento del fabricante al menos si pondrá en peligro de hipertensión a quien lo ingiera.
El asunto no quedó ahí. El evento se combinó con el trato amable y las muestras de pena por parte del administrador de la placita, pero con una señal bien clara, aun cuando no se dijo: no había una indicación superior de qué hacer para recobrar la confianza y el bienestar del cliente. Ni siquiera en lo más mínimo: devolver el dinero.
Si a ese evento se le añaden otros episodios, ya sea en nota de privados o estatales, veremos que los jugos aguados, las barras de guayaba con objetos extraños en sus componentes, las galletas criollas más duras que un adoquín o los condimentos que dan urticarias y no sabor, forman parte de una orgía empresarial por tener altos ingresos a bajo costo.
En esa carrera, la tan reiterada política de protección al consumidor se convierte en una entelequia.
Y, por supuesto, el verdadero perdedor es la persona humilde. Es como si le dijeran a través de las acciones: lo sentimos mucho; dale agua, mi chino. ¿Y tu dinero? Pues a engordar los números de un informe o el salario de otros.
Así de sencillito. Un fraude a la nación: la rentabilidad económica exhibiéndose y, a la vez, escondiendo con voladores de carnavales la molestia y la frustración de la ciudadanía de a pie.
En ese conflicto quizá habría que enseñarle al empresariado de viejo o nuevo tipo que la salud de una entidad no se expresa solo en el bienestar financiero. Se aprecia, se vive, se enorgullece con la confianza que el público siente hacia ellos y lo que ofertan.
En lo que algunos se dan cuenta tendrá que estar la denuncia popular. Y cuando se active un nuevo enfrentamiento a coleros y revendedores, sería bueno fiscalizar la calidad de la oferta. En ese sentido, como se dice en los pueblos de mar, auguramos una pesca para no olvidar. Póngale usted el cuño.
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