No hay futuro sin pasado, por eso es tan peligrosa la desmemoria. Sin embargo, de manera preocupante, corrientes que intentan «cambiar» la historia afloran en países latinoamericanos y pretenden desacralizar actos oscuros, como los cometidos por las dictaduras militares, con el riesgo de convertir en letra muerta la máxima de los sobrevivientes que han clamado «Nunca más», en relación con la hipotética posibilidad de que se reeditaran los crímenes del terrorismo de Estado en las décadas de 1960, 70 y 80 en la región.
En una Argentina espeluznada, pero beligerante por la desaparición de más de 30 000 de sus hijos durante el régimen militar impuesto por un golpe de Estado entre 1976 y 1983, se tituló con esa frase —«¡Nunca más!»— el primer informe que documentó esos y otros hechos atroces, como el asesinato, la detención arbitraria, la práctica de la tortura o el secuestro y apropiación ilegal de bebés, rendido ante el Gobierno que reinauguró la etapa democrática.
También en Chile se ha repetido el clamor, tras la salida del dictador Augusto Pinochet en 1990, y fue reiterado con particular énfasis en septiembre pasado, durante las conmemoraciones del aniversario 50 del golpe de 1973 propinado por el general, que defenestró el Gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende y tiñó de sangre al país, al costo calculado de unas 40 000 víctimas, según las más recientes investigaciones, porque al principio solo se documentaron poco más de 8 000.
La consigna fue coreada tal vez con mayor fuerza allí en medio de las posiciones de sectores políticos y sociales que han pretendido «justificar» ese pasado, y entronizar la idea de que los crímenes pinochetistas fueron «un mal necesario», al tiempo que intentan revivir un
anticomunismo rancio.
Similares posiciones se han constatado en Argentina más allá de las aseveraciones recientes formuladas por el candidato presidencial ultrarreaccionario Javier Milei, quien ha asegurado que lo que existió en su nación no fue un genocidio, sino una guerra, con lo que desconoce y trastroca la génesis de la represión.
Tales son los antecedentes más puntuales que avalan la reciente presentación en Buenos Aires de dos proyectos de ley auspiciados por organizaciones y colectivos de defensa de la memoria, la verdad y la justicia, entre las que se cuentan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, Familiares de Detenidos-Desaparecidos y la Secretaría de Defensa de los Derechos Humanos, entre otros organismos que suman en torno a una decena.
La propuesta aspira a que se establezca con carácter de ley la formación obligatoria en materia de derechos humanos para todos los funcionarios, y sancionar las conductas que lo sostengan.
El propósito es prevenir y sancionar las acciones y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, como forma de frenar el negacionismo, reportó Página 12.
El enfrentamiento a lo que ha dado en llamarse así —negacionismo— se sumaría a la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo en Argentina, con la elaboración de políticas y medidas concretas, en el espíritu de la educación «con perspectiva de derechos humanos», explicaron representantes de HIJOS.
La iniciativa es aplaudible en un contexto internacional, y no solo regional, donde con mayor frecuencia que la deseada son ostensibles discursos que «maniobran» con crímenes políticos causantes de horrores sociales en el pasado; que manipulan las mentes y enaltecen símbolos relacionados con el resurgimiento en algunos países de Europa del llamado neofascismo.
Si se olvidan o se tuercen aquellos hechos, la humanidad podría padecer el riesgo de su repetición. La memoria histórica es el escudo.
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