Sólo la prepotencia y el carácter abusivo de un país con ínfulas imperiales como Estados Unidos, ha podido pasar por alto las 31 ocasiones en que su política de asfixia contra Cuba ha sido condenada en el concierto de las Naciones Unidas.
Ciertamente, no son resoluciones vinculantes —es decir, de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el sistema de la ONU—, las que han demandado reiteradamente el levantamiento del bloqueo. Pero debería haber bastado el repudio de la mayor parte de los gobiernos de la comunidad internacional para remover la conciencia de las sucesivas administraciones que desde 1992, fecha del primer pronunciamiento de la Asamblea General que pide su derogación, han mantenido el asedio.
Estados Unidos, olímpicamente, las desconoce, como sigue haciendo caso omiso, hace más de un mes, a los llamados del mundo para que propicie el cese de la agresión israelí contra Gaza; porque el genocidio que tiene lugar allí se mantiene y envilece con el apoyo político y financiero de la Casa Blanca a Tel Aviv, su aliado y socio.
Ahora, la condena a la estrategia yanqui de agresión no bélica a Cuba —pero guerra al fin, y larga y dura— no ha sido pronunciada por los jefes de Estado o representantes gubernamentales que, como políticos honestos, cada año, desde hace tres décadas, manifiestan su rechazo al bloqueo en el marco de la ONU.
El dictamen de culpabilidad de Washington por violar las leyes del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, entre otras legislaciones, ha sido emitido por jueces y abogados de los propios Estados Unidos y países de Europa, haciendo uso de los alegatos que no pronunciaron el Gobierno de Cuba, ni sus funcionarios, ni siquiera ciudadanos de la Isla, sino más de dos o quizá tres decenas de empresarios, parlamentarios, activistas solidarios, juristas… personas de a pie que viven en «el Norte» o distintos países de Europa, y que también representaron a sus pueblos.
Ellos no solo han sido testigos y denunciantes del sufrimiento que el bloqueo ocasiona ala sociedad cubana; además, algunos han padecido en sus bolsillos y en el devenir de su vida, el escarnio de las draconianas leyes del bloqueo por su carácter extraterritorial que, como ha quedado claro otra vez, transgrede también la soberanía de otras naciones y condiciona sus relaciones con la Isla.
El veredicto del Tribunal Internacional que acaba de hallar culpable a Estados Unidos de esos delitos que, como se apuntó, clasifican en la tipicidad de genocidio, estriba, precisamente, en la singularidad de esa vista pública, y el peso aplastante de testigos que han declarado ante una corte supuestamente extraoficial porque no estaba amparada por alguna instancia de Naciones Unidas. Al propio tiempo, ello constituyó la característica que le otorgó otro valor a ese juicio: el del testimonio viviente de «terceros» que también sienten y padecen el largo crimen estadounidense contra Cuba.
La sede, en el propio estrado del Parlamento Europeo en Bruselas, otorgó simbolismo a un proceso en el que también se revindicó que las medidas punitivas de Washington contra Cuba no pueden cercenar el libre albedrío de las naciones del Viejo Continente en sus nexos con la Isla.
Como las demandas del pueblo cubano contra Estados Unidos aprobadas en los años 1999 y 2000 por los daños humanos y económicos, respectivamente, causados por el Gobierno de aquel país a la Isla, la sentencia del Tribunal Internacional que ha hallado culpable a Washington por los perjuicios del bloqueo tienen el inestimable valor moral y político de defender la justicia, la verdad, el respeto al ser humano y a la convivencia y la paz mundiales, desde la razón de profesionales de la jurisprudencia prestigiosos y capacitados, y desde el sentir de hombres y mujeres honrados, como lo han hecho otros, ante tribunales del mismo corte, a lo largo de estos años.
Debiera bastar con eso.
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