Hoy parece más fácil, para un menor de 18 años, ir a cualquier establecimiento y solicitar una cajetilla de cigarros que, tradicionalmente, ha tenido una venta regulada para ese rango de edad por las múltiples consecuencias que conlleva para su salud; y, además, por las altas probabilidades que tiene de convertirse en una adicción para estos.
Un producto que, en la mayoría de los casos y por norma internacional de la Organización Mundial de la Salud y de nuestro país, dispone de dicha advertencia en su cubierta, muy a la vista de todos.
Sin embargo, a veces, no pocas, la lectura que se hace de la caja apenas alcanza para identificar el nombre o el tipo del producto, como si lo demás fuese letra muerta, sin valor y significado. Así, no solo se obvian sus precauciones para el consumo, sino también se desatienden sus componentes. En cualquier caso, la señalética es clara: Se prohíbe la venta a menores de 18 años».
Por otra parte, el mensaje de salud queda anulado cuando el dueño o el dependiente del establecimiento anteponen la necesidad de cumplir una cuota de ventas o de no «espantar» al cliente joven. El acto de vender se vuelve una transacción fría donde la moneda de cambio es la salud futura del menor.
Además, existe la percepción errónea de que «un solo cigarrillo no hace daño». Esta creencia, compartida muchas veces por algunos vendedores, como por los propios consumidores y sus familias, diluye por completo la advertencia sanitaria. Si el entorno adulto (padres, tíos, vecinos) resta importancia al consumo esporádico, el menor internaliza que la alerta de las cajetillas y de las políticas públicas, pensadas y promovidas ampliamente en el país, son una exageración de un discurso del que se puede prescindir.
La advertencia para la salud funciona como un eslabón en una cadena: la ley advierte, el Estado regula, el vendedor acata y el adulto debe reforzar. Cuando el vendedor vende, el adulto consiente y la autoridad estatal competente no impone una sanción, la cadena se rompe.
El mensaje de salud queda flotando en el aire, sin anclaje en la realidad. Para un adolescente, la experiencia directa de comprar algo prohibido sin dificultad, tiene más peso que cualquier mensaje abstracto sobre riesgos de salud a largo plazo.
Hoy en muchos kioscos, mercaditos o bodegas, especialmente los de barrio, se desarrolla una justificación interna: «Si no se lo vendo yo, se lo compra otro» o «es mejor que lo compre aquí a que lo consiga en otro lugar». Esta lógica perversa convierte al vendedor en un «mal menor» imaginario; pero en la práctica está facilitando el acceso y desactivando la importancia de la advertencia sanitaria.
El dependiente se convence a sí mismo de que está haciendo un favor y en realidad está siendo cómplice de la exposición temprana de ese joven a enfermedades crónicas —cáncer, cirrosis, hipertensión—, que se manifestarán décadas después.
Cuando un menor sabe que, en la tienda de la esquina, nunca le piden su carné de identidad, y el dueño está convencido de que las inspecciones son escasas y avisadas, se genera un pacto de silencio donde la ley y la salud brillan por su ausencia. La impunidad refuerza la idea de que el mensaje preventivo es solo un «formalismo» existente en el papel, pero no en la práctica cotidiana.
