Un post hallado —sin más— en una red social me invitó a pensar esta mañana en Claudia Sheinbaum. «¿Cómo calificarías, con una sola palabra, a la Presidenta de México?», invitaba el texto, acompañado de una foto de la mandataria como la hemos visto tantas veces en sus habituales conferencias matutinas de prensa: ante el micrófono.
Aunque no faltaron las voces amargas de la enflaquecida oposición mexicana tratando de satanizarla, la mayoría de las opiniones eran coincidentemente positivas y reflejaban admiración: «Inteligente», «extraordinaria», «nos representa». Yo, mientras tanto, pensaba en otros adjetivos que afloran en cualquier ente ajeno al país que, no obstante, siga su gestión. «Digna», me dije; «valiente».
Poco después, un titular en la prensa del día me confirmó la justeza de ese calificativo para caracterizar a la Jefa de Estado mexicana.
Una vez más en el año y medio que lleva Donald Trump en la presidencia, Sheinbaum levanta la voz ante Estados Unidos para defender los derechos de su pueblo.
Nuevamente también lo hace con mesura y tino, sin «provocar»; aunque también sin ceder ante los intentos de quienes quisieran verla enzarzada en una disputa irreconciliable con Washington que ella no busca, pero tampoco evita si para ello tuviese que dejar de defender los principios de soberanía de México, y el respeto a sus nacionales.
Así, Sheinbaum ha sabido anteponer la cooperación con Estados Unidos, pero cerrando el paso a la injerencia cuando la Casa Blanca ha pretendido imponer la lucha contra el narcotráfico, usando a sus soldados dentro de los confines de México.
Igual de inalterable, y al propio tiempo intransigente, permanece la mandataria cuando la administración republicana acusa a su ejecutivo —algo recurrente— de no haber hecho lo suficiente contra las bandas de narcotraficantes y el terrorismo; ante sus chantajes, con la amenaza medio cumplida de decretar un alza en los aranceles de los productos mexicanos que entran al mercado estadounidense; o cuando se resiste ante las presiones —como lo hace Washington desde hace algunas semanas— para que se extradite a territorio del Norte a funcionarios mexicanos de alto rango y en activo, a quienes la justicia estadounidense, sin pruebas, acusa de estar ligados al narco.
Ahora, México reclama y lo hace ante algo más sensible desde el punto de vista humano: 17 mexicanos que han perdido la vida en los meses recientes en territorio estadounidense, ya fuera durante las redadas masivas desatadas por la administración Trump contra los inmigrantes o cuando, ya bajo arresto, han estado supuestamente «vigilados» y bajo custodia del ICE.
El Gobierno de Claudia ha dado luz verde desde el lunes a la formalización de denuncias penales en las fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el fallecimiento de aquellos connacionales. «Entre ellos el último que fue prácticamente ultimado» en Houston, y por lo que está en curso una investigación por parte de la autoridad de esa ciudad, aseveró la Presidenta.
Ese paso se ha dado luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, se comunicara con el embajador de la administración Trump en México, Ronald Johnson, para adelantarle el proceso que seguirá el ejecutivo mexicano en la búsqueda de justicia por aquellas muertes.
Se trata de una actitud digna que descuella entre no pocas actitudes de genuflexión que se ven hoy en la región latinoamericana y caribeña, y en un momento en que Washington califica a la izquierda como una «amenaza» —y a lo que se parezca a ella— y convoca a una cita regional que seguramente permitirá satanizar a las naciones que le resultan «inconsecuentes» con la, en verdad peligrosa y amenazante, doctrina Monroe.
Ese contexto hace más valerosa y admirable la actitud recta de México en la defensa de la integridad y la justicia para sus connacionales.
