Desde hace algunos meses escuchamos hablar, leemos y estudiamos las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas para dinamizar el funcionamiento y el desarrollo del país. En un contexto que pasa de ser adverso a ser asfixiante, podríamos decir que no hay muchas oportunidades para teorizar sobre lo mal hecho: hay que perfeccionar en la marcha y sin dilaciones aquello que no va saliendo como se proyectó, con base en la experiencia sobrada sobre el daño que ocasiona a la nación dejar para mañana la solución de lo que nos duele hoy.
Cuando la economía está tan maltrecha, con una producción de bienes y servicios insuficiente para mover el PIB del piso y mejorar la vida cotidiana, no hay otro camino que hacer las cosas bien y cerrar el paso a quienes se acomodan, o pretenden vivir del bolsillo ajeno y lucran con aquello que para los demás es indispensable.
Se trata, a estas alturas del campeonato, de aprender haciendo, y de controlar en igual medida a los que no sintonicen con este reclamo, y castigar sin que tiemble la mano ni se pierda tiempo en curitas de remplazo.
Cada paso que se da en cada territorio al aprobar acciones en el marco de estas medidas debe llevar aparejado una pauta de control, con auditorías de cada recurso que se otorga y cada financiamiento que se aprueba, pues cuando una iniciativa se diluye en el discurso, el trámite o la estrategia contemplativa, genera tierra fértil para la corrupción, la ineficiencia y el descontento popular.
Las nuevas transformaciones otorgan mayor autonomía a los gobiernos municipales y a los actores económicos estatales y no estatales en esa instancia. Mas urge implementar procesos creativos e iniciativas económicas aterrizadas a las realidades de cada territorio.
Para lograrlo se necesita preparación y asesoramiento de otros niveles; pero no para dictar lo que se tiene que hacer, sino para abrir ventanas al conocimiento e impulsar propuestas y proyectos de colaboración e inversión con fondos propios o de financiamiento externo.
Se trata también de buscar las mejores personas en cada sitio y sumarlas a este empeño, de manera que la gestión pública sea ejercida con responsabilidad y sensibilidad social.
La realidad apunta a que esa libertad de decisiones es ahora más urgente, para hacer frente de manera creativa a un bloqueo genocida que nos cierra las puertas al mundo, y también para romper el peligroso inmovilismo interno. En ese camino, las 176 medidas constituyen una hoja de ruta estratégica cuyo fin es dinamizar una economía estancada, nos guste o no el vestido que llevan.
Varios son los frentes en los que hay que trabajar. Uno de ellos es el bancario: las trabas con las pasarelas de pago y la poca disponibilidad de efectivo frenan el comercio, desalientan la inversión y hacen crecer el mercado informal con serias tergiversaciones, como que el cliente se vea obligado a abonar un monto superior al precio del producto para que le admitan el pago por transferencia.
Ese es uno de los principales reclamos de los actores económicos no estatales en todo el país: que la bancarización funcione para disponer de sus dineros libremente, en beneficio de su negocio y familia.
A nivel de país, quizá una de las principales urgencias sea abrir más puertas al comercio internacional. Ya se han dado pasos sustanciales, pero necesitamos ofrecer cada vez más garantías. Actuar con transparencia será siempre un elemento clave para atraer inversión extranjera, con su inyección de divisas y nuevas tecnologías y la posibilidad de apertura a nuevos mercados.
A la usanza de estos tiempos, es importante evitar errores graves, como la concentración excesiva de capital y medios en manos de esos «nuevos ricos» (una frase cada vez más frecuente en las calles) que pretenden jugar con nuestras necesidades y controlar a su aire la economía doméstica; o que los comercios se conviertan en meros centros de reventa de productos importados y a precios exorbitantes, porque eso estrangula el bolsillo del pueblo.
La aplicación del principio mercantil de oferta y demanda no puede erigirse como dogma salvaje sobre las espaldas de los trabajadores. Es vital exigir el respeto estricto a la aplicación de precios formados sobre la base de fichas de costo reales y objetivas, en los que la ganancia sea fruto del valor agregado y no de la especulación.
Los cubanos tenemos por delante una oportunidad y una prueba. Las 176 transformaciones pueden ser el camino para reactivar la producción, ordenar la economía y proteger a los más vulnerables, pero solo si se implementan con rigor y control. Sin esos dos pilares, las consecuencias serán nefastas. Ser coherentes no es un eslogan: es la diferencia entre apenas sobrevivir y realmente avanzar como país.
