Acuse de recibo
El 29 de diciembre de 2006 esta columna acogió la «triste y desesperada historia» de Yumarí Díaz Pérez. Así la calificaba la propia sufriente, quien reside en Palmarito del Cauto, municipio de Mella, en la provincia de Santiago de Cuba.
Entonces, Yumarí relataba que, con motivo de la construcción de una obra social en un terreno frente a su domicilio, el gobierno local mandó a demoler la vivienda de ella, que estaba en pésimas condiciones, para construirle una nueva.
Yumarí se albergó en el hogar de una compañera, mientras tanto, pero como se alargaba lo prometido, se decidió a ir a Vivienda municipal. Y allí le asignaron unos bloques y cemento para que hiciera un cuarto en el mismo terreno, hasta tanto se erigiera la nueva casa.
Pero todo se fue postergando. El cuarto tiene piso de tierra y está en bajada. Cuando llueve, el agua penetra y lo inunda todo. En esas condiciones vive temporalmente Yumarí con sus dos hijas y su mamá. Y asegura que cuando ha reclamado por la conclusión de los trabajos, les dicen que a la brigada hubo que trasladarla a otras obras más importantes. «¿Por qué entonces no me dejaron en mi pequeña casita hasta que tuvieran las condiciones para ayudarme?», concluía entonces la remitente.
Y ahora responde Eduardo Montero Molina, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el municipio de Mella, quien precisa que, como la vivienda de Yumarí tenía peligro de derrumbe, «se decidió aprovechar la fuerza constructiva de la empresa azucarera que estaba ejecutando las dos obras sociales frente a dicha casa para construirla».
Por ello, en agosto de 2005 el director de la Unidad Municipal de Inversiones de la Vivienda (UMIV) les propuso que se reubicaran en casa de familiares para iniciar la obra. Se elaboró la documentación técnica y se iniciaron los trabajos, pero todo quedó en la fundición de los 24 cimientos.
Significa Montero que «la primera obra social está en fase de terminación (...) y la segunda no se ha iniciado por la no asignación de recursos para la misma, por lo que se trasladó la fuerza para otra obra social de suma urgencia, un preuniversitario en el campo que sí tenía asignación de recursos».
El presidente reconoce que la construcción de la vivienda de Yumarí tiene demoras (un año y cinco meses). Y al propio tiempo, asegura que el Gobierno local ha indicado la continuación de la ejecución de la vivienda, la cual está incorporada en el plan de 2007.
Agradezco la respuesta, y observo que, una vez más, se registra el viejo asunto de las paralizaciones por asignación de recursos, que tanto aletargan y encarecen las obras constructivas. Yumarí no conoce nada de balances y recursos, pero está sin vivienda. Pensándolo bien, su pregunta final tiene toda la lógica del mundo. Cuando se planifica e inicia una obra, lo racional es que esté respaldada. Lo otro son ejecuciones de saltimbanquis.
La segunda carta la envía el doctor Roben T. Moro Rodríguez, de San Miguel 22, entre Cuba y Colón, en la ciudad de Santa Clara.
Roben refiere que hace años se instaló una piquera de carretones de caballos en esa cuadra, donde no existen drenajes fluviales, por lo cual el orine y las excretas de esos animales se acumulan frente a las viviendas, haciendo insoportable la existencia a sus moradores.
Los carretoneros plantean que ellos pagan mensualmente una contribución a Comunales para que vierta agua e higienice, pero según Roben eso no se realiza nunca, quizá una o dos veces al año.
Ya los vecinos están cansados de plantear el problema, sin solución alguna. En una ocasión les dijeron que los carretones no podían hacer piquera allí, solo paradas momentáneas. Pero tampoco se cumple eso.
En resumen, que los afectados son los vecinos y no se vislumbra solución; de la misma manera que no hubo consulta alguna con ellos ni explicación para instaurar esa carga tan desagradable. Ellos se preguntan si no hay en esa ciudad una calle con mejores drenaje y otros requisitos, más apartada de las viviendas, para reorientar tal piquera.
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