No se justificaba tanta dilación

Un caso insólito fue el traído a esta columna el 12 de diciembre de 2006 por Roberto Joel Torres, de calle 36 número 3706, entre 37 y 39, en la localidad habanera de Caimito: llevaba siete años desgastándose en trámites burocráticos para legalizar su vivienda.

Roberto siempre había vivido en esa casa, pero en 1995 falleció su abuelo, el titular de la misma. Y en 1996 y el 2000, emigran del país su mamá y su abuela, respectivamente. Quedaron él y su hermana como herederos de la vivienda, la cual tiene un terreno.

En el 2000, Roberto se presenta en la Notaría y en Vivienda municipal para legalizar la propiedad. Después de presentar los documentos requeridos, se le informa que según la Ley, el terreno aledaño debe ser confiscado. Y para adjudicárselo debía abonar la suma dispuesta por resolución, cuestión en la que estuvo de acuerdo Roberto.

Luego de esperar siete años, se le entrega la resolución, en la cual se establece la cuantía. Pero Roberto no podía cumplir con ella, porque ni Vivienda municipal, ni la ONAT, ni el Banco Popular de Ahorro sabían a quién corresponde hacer el cobro ni de qué forma.

Se quejaba también de que una resolución emitida en 2004 se le entregara en 2007. Ya para entonces, se había casado y tenía un hijo. Y su esposa vivía como una ilegal bajo su techo, pues él no había podido poner la propiedad a su nombre, y por lo tanto, no podía incluirla a ella en el Registro de Direcciones.

Ahora responde Orestes Pérez Mederos, director de la Vivienda en la provincia de La Habana, quien señala que al publicarse la queja, se personaron en casa de Roberto, porque en esa Dirección provincial se desconocía esa historia. Precisa el funcionario que ese es un caso bastante inusual, donde estaban implicados el Banco, la ONAT, Notaría y Vivienda, «lo cual no resta ninguna responsabilidad a la dilatada demora de siete años y la justa indignación de Roberto».

Sobre la adjudicación de la vivienda que por herencia del abuelo fallecido —único propietario del inmueble— le correspondía, debía solucionarse ante notario, con la documentación correspondiente. Y por ello, se le comunicaron al beneficiario los pasos a seguir, gestión que él ya inició.

Acerca del terreno, era copropiedad de abuelo y abuela maternos. Al abandonar el país esta última, correspondía confiscar el 50 por ciento de su valor, o Roberto y su hermana debían abonar la cantidad señalada y posteriormente adjudicárselo ante notario, cosa que se reconocía en la resolución de 2004.

Es ahí, según Pérez Mederos, «donde se complica el asunto, por falta de coordinación entre todos los implicados, al no ponerse de acuerdo en cuanto a la forma de hacer efectivo el cobro del terreno, y no encontrar el procedimiento idóneo para darle solución al problema». Reconoce el funcionario que la Dirección Municipal de la Vivienda de Caimito no funcionó adecuadamente. Dejó pasar el tiempo y no buscó con la instancia provincial una respuesta al respecto. Por ello mediaron tres años para que el interesado recibiera la resolución, «algo realmente incomprensible».

Por ello, informa, se sancionó con afectación salarial al abogado de la Dirección Municipal de la Vivienda de Caimito, y el director de la misma fue amonestado. También en todos los consejos de dirección municipales de la Vivienda en La Habana, se realizaron análisis aleccionadores del caso. En toda la provincia se inició un estudio de casos similares que por su complejidad, carácter inusual e implicación de terceros, no tuviesen claros los procedimientos a seguir. Y ello «para evitar que otros ciudadanos fueran maltratados como Roberto».

Expresa que, con el ánimo de simplificar y agilizar los trámites, han creado oficinas en la mayoría de los municipios habaneros, y extendieron los horarios de atención al público todos los sábados y hasta horas de la noche los martes y jueves.

Y concluye precisando que no se justifica ningún tipo de desliz en ese sentido, porque estaría en contra de la política y el espíritu que les anima; y agradece la oportunidad que brinda Juventud Rebelde de ofrecer una satisfacción pública a Roberto, y la experiencia atesorada con este caso para evitar errores similares en lo adelante.

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