Acuse de recibo
A más de que elevan los costos e inmovilizan recursos, las imprecisiones, irregularidades y dilaciones de los procesos inversionistas las sufren al final los supuestos beneficiarios de esas obras. Y si se trata de un centro educacional con becarios, es de imaginarse lo que perturba en las condiciones de vida, el sosiego y el funcionamiento docente del plantel.
Pedro Cala Álvarez me escribe desde Domingo Mons 39, en Arroyos de Mantua, en la provincia de Pinar del Río. Y lo hace en nombre de los padres que sufren las penurias de sus hijos, estudiantes del Politécnico de Economía del municipio de Mantua.
Refiere Cala que en el curso 2005-2006 comenzó a funcionar el politécnico en la Escuela de Oficios de dicha localidad, que tenía una matrícula reducida. Pero en el presente la matrícula es cuatro o cinco veces mayor, incluidos becarios. La escuela posee dos albergues en el espacio reducido de lo que antes eran dos aulas, y los jóvenes están durmiendo bastante hacinados. Como si fuera poco, el plantel solo cuenta con tres tazas sanitarias.
La preocupación de los padres es que se avecina un nuevo curso escolar, debe aumentar la matrícula del centro, y no se observa la solución del albergue de la escuela, pues desde el curso anterior se hizo la cimentación, se levantó una pared, y todo quedó ahí.
Lo que ha llegado a los padres es que los bloques, cabillas y otros materiales para la ejecución, después de estar en la escuela, se utilizaron en otras obras, mientras otros recursos están allí almacenados, esperando por un momento de reanudación que no se sabe cuando será.
Precisa Cala que tal situación y la incertidumbre que la rodea están afectando la calidad del proceso docente educativo, y podrían poner en peligro la permanencia de los alumnos en el centro. «Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, más que respuestas necesitamos soluciones», sentencia finalmente.
¿Cuándo se acabará ese estilo de saltimbanqui, de aquí para allá, que resta eficiencia y seriedad a muchas inversiones?
La segunda carta la envía Omar Puentes Hernández, un trabajador a quien se le declaró con lugar su reclamación ante el Órgano de Justicia Laboral de Base (OJLB) de su centro, la Empresa Tenería Habana, y, sin embargo, no ha sido beneficiado con el cumplimiento de dicho fallo.
Omar, quien reside en calle 6 número 3720, en Santiago de las Vegas, municipio capitalino de Boyeros, refiere que el OJLB de su centro declaró con lugar su reclamación, consistente en el derecho al pago adicional del 30 por ciento de su salario que, como estímulo a los trabajadores que laboran en las obras de construcción de la Batalla de Ideas en Ciudad de La Habana, estable-
ció la Resolución 26 del 2004 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Como la administración del centro no apeló el fallo del OJLB ante el Tribunal Municipal, ya el 10 de noviembre de 2006 este se hizo firme. Sin embargo, estas son las horas en que aún Omar no ha podido hacer valedero su derecho, extraviado en los pasadizos de las dilaciones.
El trabajador acudió entonces a la Fiscalía Provincial de Ciudad de La Habana, y esta trasladó el caso a la Fiscalía Municipal de Plaza de la Revolución, por ser el territorio donde radica la Empresa Tenería Habana. Y la Fiscalía de Plaza, con fecha 7 de septiembre de 2007, le respondió que la queja sería trasladada a la Fiscalía Municipal de La Habana del Este, pues, según investigaciones realizadas, la entidad que debe realizar el pago del susodicho estímulo es la Empresa Tarará, donde se estaba ejecutando la obra.
Entonces, el pertinaz Omar se personó en la Fiscalía de La Habana del Este, y hasta el 14 de mayo pasado, cuando me escribió, no le habían dado una respuesta.
Para Omar es inaudito que una institución con tanta autoridad para hacer prevalecer la legalidad quebrantada y hacer cumplir el fallo, haya dilatado tanto algo que debía ser expedito. «¿Qué otra cosa tengo que hacer yo para que se me reconozca un derecho otorgado?», pregunta.
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