Le rompieron el tanque

Siento vergüenza ajena por los desmanes que se registran con bultos que se envían a través del servicio de carga por Expreso de Ferrocarriles. ¿Se estarán descarrilando la decencia y la confiabilidad?

Miguel Ángel Saburién (Misión No. 104-A, entre Economía y Cárdenas, Jesús María, La Habana) cuenta que el pasado 27 de junio su padre le envió un tanque plástico de 600 litros, desde Antonio Saco No. 755-A, entre Jesús del Sol y Prado, Guantánamo.

El tanque salió desde la Terminal de Ferrocarriles de Guantánamo por Casilla 7232, el 30 de junio de 2011; y él presume que arribó a la capital el 1ro. de julio. El 20 de julio, cuando él se presentó a recibirlo, se percató de que el tanque tenía un hoyo en el fondo.

Ante esa realidad, Miguel Ángel se negó a recibirlo en ese estado y reclamó ese mismo día ante el Director del Expreso. Le abrieron un expediente y le notificaron que en un plazo de 15 días hábiles se le daría respuesta.

El 8 de agosto, Miguel Ángel se presentó en esa Dirección, y le informaron que estaban realizando los análisis para la determinación del o los responsables del hecho. El 18 de agosto, y con toda su razón, el afectado me escribía para señalar que había transcurrido el tiempo más que suficiente para que se le hubiera dado una respuesta, y se le explicara «qué destino se le dará a mi situación con el tanque, y las medidas con los responsables; pues me preocupa que se esté manipulando esta situación por falta de claridad y demora en la solución; y que todo quede en el olvido».

Miguel Ángel da información que es elocuente para cualquier cubano: el tanque le costó 1 370 pesos, y el flete 33 pesos. A ello, súmele el costo por almacenamiento, de 106,79 pesos, el desgaste físico, y el estrés en que se encuentra.

Incumplen fallo de hace diez años

Hay historias que podrían ser trigo para dramas tormentosos, como la de Katiuska Batista, residente en Juan Cruz No. 88, reparto Alex Urquiola, en la ciudad de Holguín.

Refiere Katiuska que en 1995, teniendo ella 14 años, su mamá falleció; y el que era su padrastro le dio baja de la libreta de productos alimenticios, y entregándole los documentos en la mano, le dijo que se fuera para casa de su abuela materna. Posteriormente, el padrastro vendió la casa por sus vías.

La abuela de Katiuska denunció el caso, pues la vivienda se había construido precisamente gracias a una parte que esta señora cedió a la mamá de la remitente.

«Después de pagar a unos cuantos abogados y pasar mil penurias —subraya Katiuska—, por fin en 2001 el Tribunal Supremo me declara como única y universal heredera del inmueble, mediante la sentencia 1317 del 2001».

Afirma la remitente que, desde entonces, el sufrimiento ha sido mayor, pues ha habido cambios de personal en Vivienda municipal en cinco o seis ocasiones y varias veces han extraviado su expediente.

Cuando Katiuska ha reclamado, la respuesta siempre es la misma: «No podemos ejecutar la sentencia. A las personas que habitan la vivienda hay que darles una casa, y no contamos con el fondo habitacional. Tienes que seguir esperando».

Ya Katiuska ha recorrido todas las instancias en la provincia, confiando en que las sentencias del Tribunal Supremo son de obligatorio e inmediato cumplimiento.

«Vivienda se escuda en que no tiene fondo habitacional», señala, y a continuación cuestiona: «Si hasta ahora Vivienda no ha tenido fondo habitacional, ¿qué sucederá cuando se pongan en vigor las nuevas regulaciones sobre la vivienda?».

Este redactor solo agrega que, si la operación de compra-venta de la vivienda en aquel momento fue ilegal, y el fallo del Tribunal Supremo ampara a Katiuska hace ya diez años, es vergonzoso que Vivienda siga eludiendo el cumplimiento de la ley.

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